ATRAPADOS EN EL KIOSKO DE CHUCHES
Crónica política ·
El auto de procedimiento abreviado del ‘caso Serrallo’ sitúa por primera vez a Torres Hurtado al borde del banquillo junto a otras 16 personas; entre ellas, seis concejales actuales del PP en la capital. El partido no se plantea pedirles ahora la dimisión pero lo que empezó por un asunto intrascendente puede cortar sus trayectorias políticas
El viernes 9 de febrero por la noche José Torres Hurtado asistió a la entrega de las tapas al pregonero de Semana Santa en el ... teatro Isabel la Católica. Uno de los todavía concejales del PPy hombre fuerte de sus últimos gobiernos se encargó de solicitar las entradas. Quizás en ese mismo momento la jueza María Ángeles Jiménez andaba perfilando el auto de procedimiento abreviado del ‘caso Serrallo’, que terminó de escribir el domingo día 11. Un cierre de la instrucción que deja al exalcalde, por primera vez, a un paso del banquillo en una causa donde se investigan ocho presuntos delitos, con 17 procesados.
Todavía cabe recurso, aunque hasta el momento la Audiencia Provincial ha respaldado las decisiones de la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Granada. La última ocasión, el 1 de febrero, al rechazar el sobreseimiento solicitado por ocho de los investigados. Cumplido ese trámite, las acusaciones tendrán que presentar sus escritos de calificación y, después, se señalará el juicio oral. A poco que todo transcurra con cierta agilidad, la vista podría tener lugar en el entorno de las próximas elecciones municipales de 2019. Unos se frotan las manos y otros se arrepienten de haber caminado cogidos de las manos equivocadas.
Entre los que se dirigen hacia el banquillo se encuentran seis concejales actuales del PP que participaron en la junta de gobierno del 26 de julio de 2012 donde se aprobaron decisiones que beneficiaron a la zona de ocio junto al centro comercial Serrallo. De los veteranos sólo se salvan la actual portavoz, Rocío Díaz, y su adjunto, Antonio Granados. Tampoco está afectado Sebastián Pérez –por lo que pudiera pasar–, que era concejal en aquel momento pero no formó parte de la junta de gobierno local.
"Unos se frotan las manos y otros se arrepienten de haber caminado cogidos de las manos equivocadas"
Cuando las diligencias llegaron al juzgado en el año 2014 no había ningún político implicado; sólo técnicos y un empresario. Mientras que en el auto del 11 de febrero aparecen diez concejales y antiguos ediles. Años atrás la exconcejala de Urbanismo Isabel Nieto ironizaba sobre la trascendencia penal del kiosko de chuches –que es lo que había contemplado donde se levantó una discoteca–. Las golosinas amargaban.
AL PSOE SE LE PASÓ
Salvo cambio de criterio, todos tendrán que acudir a juicio. Y en gran parte se deberá al empecinamiento de VOX. Este partido presentó en diciembre de 2014 una querella contra Torres Hurtado por presuntos delitos de corrupción en la construcción de la discoteca y la pista de patinaje. Fue una denuncia aparentemente extemporánea, porque el ‘caso Serrallo’ ya estaba abierto en otro juzgado. VOX persistió y, en marzo de 2017, la jueza del 2 decidió reabrir la instrucción para citar a Torres Hurtado y, más tarde, a los nueve ediles que participaron en la junta de gobierno. En los últimos meses ha habido contactos de círculos del PP para intentar que VOX retirara su acusación, cosa que no ha sucedido.
No obstante, todavía queda por ver contra quiénes y por qué delitos se dirigen finalmente las seis acusaciones que siguen personadas, y que cada una se mueve por intereses distintos, desde General de Galerías Comerciales de Tomás Olivo hasta los empresarios que se hicieron después con la discoteca, entre otros.
No está el PSOE, personado en el ‘caso Serrallo’ desde sus orígenes. Tras llegar Paco Cuenca a la Alcaldía, decidió que en lugar de estar representado el grupo municipal socialista o la agrupación de la capital, actuara el partido a nivel provincial, igual que en la ‘Operación Nazarí’. Pero el pasado mes de enero la jueza apartó al PSOE de la causa, cansada de esperar que entregara la fianza solicitada de 5.000 euros. Preguntados algunos socialistas con conocimiento directo –y molestos por este desliz–, lo atribuyen al descuido más que a otras componendas oscuras.
En cualquier caso, y en clave más política, el auto de procedimiento abreviado ha sido también el salvoconducto para que Cuenca se mantenga en el puesto hasta las elecciones. Ya no hay compañeros de viaje para una moción de censura.
La dirección del PP no pedirá en estos momentos el acta a los seis concejales. Eran parte de aquel gobierno de Torres Hurtado, aunque no todos fueron partícipes de las decisiones. Cosa distinta es cuando corran los meses y empiece una larga precampaña. La situación procesal de medio grupo municipal es una atadura para quien sea el próximo candidato popular. Los estatutos del partido no son tajantes en situaciones como esta. Establece cómo proceder ante casos de corrupción; que no está claro que la supuesta participación de los ediles lo sea –se les acusa de prevaricación–. Con la apertura de juicio oral, la dirección del PP debe abrir también expediente disciplinario y podría solicitar la suspensión de funciones o militancia.
Los partidos –ninguno– suelen ser tan expeditivos en la aplicación de sus normas cuando los casos pueden pasar desapercibidos. Este es demasiado ruidoso.
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