Arenas denuncia en la oficina Antifraude al Ayuntamiento por excluirle en la solución del pabellón Mulhacén

Arenas seconsidera principal afectado, ya que es propietario del solar aledaño. Hace seis años los tribunales señalaron por primera vez que el mecanismo urbanístico del que se valió la ciudad en tiempos del alcalde José Torres Hurtado para construir varios locales comerciales en un lateral de la parcela no fue el adecuado y lo declararon inválido. A principios de este, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía daba firmeza a una sentencia de lo Contencioso-Administrativo que en 2018 declaró ilegal la ordenación. Los cuatro locales siguen en un limbo en el que siguen desde entonces, mientras el Ayuntamiento ha iniciado los pasos para solventarlo.

El empresario «ante la falta de transparencia, motivación y ocultamiento como parte interesada» de las actuaciones llevadas a cabo para solventar la problemática urbanística considera que las medidas serían «presuntamente fraudulentas». Arenas acusa al Ayuntamiento de favorecer «indudablemente» al concesionario de los negocios y lamenta que el consistorio nunca le atiende «a modo de castigo» por impulsar y ser acusación particular en el proceso penal que «persigue a compañeros de militancia y afines».

El empresario ha remitido recortes de prensa al órgano para sustentar su denuncia. Además, denuncia que se haya adjudicado un contrato menor de servicios para la redacción del estudio preliminar por valor de 17.545 euros a una arquitecto. Muestra su pesar porque el Ayuntamiento recurra a «profesionales externos cuando existen abundantes profesionales». Considera que «es una contratación innecesaria e ilícita».

En relación a este asunto, de acuerdo con fuentes municipales, el Ayuntamiento de Granada, tal y como ha informado en numerosas ocasiones, dará cumplimiento a la sentencia. Los servicios municipales se encuentran estudiando el modo más óptimo, en beneficio de ciudad. Para lo cual se ha encargado un informe que analice las diferentes alternativas .

Tal y como adelantó este medio, los técnicos municipales van a estudiar si existe algún mecanismo administrativo que permita legalizar los locales comerciales para evitar su eliminación. Como reconocen las fuentes consultadas, se trata de una cuestión «muy compleja» porque los usos de restauración solo estarían permitidos si estuviesen en el interior del pabellón, algo que ahora mismo no sucede. Si finalmente no se encuentra una solución técnica se deberá indemnizar al afectado o de forma más extrema si no queda más remedio tirar los locales.