Santa Fe debate una moción contra un proyecto fotovoltaico en la Vega

La moción, presentada al pleno como «asunto de urgencia», tenía posibilidades de salir adelante, ya que estos tres grupos suman 9 concejales en la corporación, frente a los 8 del PP, que gobierna con la única edil de Vox.

Sin embargo, el texto ha sido debatido pero no aprobado, ya que los grupos proponentes accedieron a posponer la votación hasta el pleno de mayo. El alcalde, Juan Cobo, se ha mostrado contrario a los proyectos tal y como están diseñados, pero explicó que está en plena negociación con las empresas y con Industria para tratar de minimizar los daños del proyecto, por lo que una declaración municipal sería contraproducente.

En ese sentido, se ha comprometido a aprobar una declaración institucional en mayo si las negociaciones no dan el resultado esperado. También ha apostado por aprobar un plan especial de ordenación para que el municipio pueda decidir dónde pueden implantarse este tipo de instalaciones y dónde no, ya que con la regulación actual, aseguró, tiene las manos atadas.

Los grupos recuerdan que la destrucción de suelos fértiles de la Vega llegaría en un momento en que «las explotaciones madereras se han revitalizado y están en franca extensión, desarrollándose actualmente la implantación de una industria de transformación» de madera técnica destinada a la construcción sostenible.

PSOE, IU y Vox consideran que este proyecto no debería contar con la declaración de utilidad pública, ya que las plantas solares «son de interés para los grupos y grandes compañías energéticas», mientras los cultivos y las choperas son «de mayor interés social: crean empleos verdes locales a nivel rural, abastecen de productos hortofrutícolas y de madera local, restauran las riberas de los ecosistemas fluviales usando como base plantas autóctonas, y los servicios, materiales y maquinaria que necesitan forman parte de la economía circular. En suma, la generación de energía renovable no otorga patente de corso para ser implantada de cualquier forma, afectando los recursos productivos locales».

En ese sentido, ven «incongruente» que la línea de evacuación, que tiene en total 14,5 kilómetros, discurra de forma subterránea por tramos de suelos de secano y, en cambio, adopte un trazado aéreo precisamente en los 4,2 kilómetros de «alto» y «excelente valor productivo» -según el Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Granada (POTAUG)-, sostenida por 28 pilares de entre 24 y 29 metros de altura. «Sea como fuere, cruzar la Vega del Genil con una infraestructura que atenta contra el medio rural y el paisaje es todo un despropósito», concluyen.

El pleno ha despertado gran expectación entre agricultores y selvicultores amenazados de expropiación. Contra el proyecto se presentaron decenas de alegaciones que ahora está estudiando la Delegación de Industria y Energía. Además, ha despertado una amplia movilización social a la que se han sumado, entre otras organizaciones, la Agrupación de Voluntariado Ambiental de Santa Fe, Salvemos la Vega, Somos Vega Somos Tierra, la Asociación para la Defensa del Paisaje y la Cultura de la Vega del Genil y Ecologistas en Acción.

Mociones similares van a ser debatidas en los plenos de mayo de los ayuntamientos de Atarfe, Pinos Puente y Cúllar Vega a instancias de distintos grupos políticos.

La Junta de Andalucía no ha querido pronunciarse dado que el asunto se encuentra en tramitación.