Nuevas denuncias del gobierno de Maracena por «presuntas irregularidades» urbanísticas del PSOE

Según ha apuntado en rueda de prensa el todavía alcalde Julio Pérez (PP), han puesto en conocimiento de la Guardia Civil «presuntos delitos de malversación (de caudales públicos) de concejales del anterior equipo de gobierno y anteriores». Según Pérez, entre otras cuestiones, han denunciado «presuntas contrataciones a dedo, saltándose cualquier tipo de licitación que la ley establece para trabajar en la administración; contratos que han sido continuados en el tiempo y por valor de más de 1,3 millones de euros».

En estos contratos, asevera el regidor, «se da la circunstancia de que hay empresas que estaban dividiendo las facturaciones también con varias sociedades que pertenecen a trabajadores de este ayuntamiento y que no pueden trabajar con nosotros a través de empresas, y también empresas de familiares de concejales que estaban en la junta de gobierno local y que les aprobaban las facturas». Asegura que «solamente» han denunciado «la parte que nos ha dado tiempo, que no es poca, pero hay muchas más cosas».

Según Pérez, tenían previsto presentar esta serie de denuncias a final de año, después de investigar todo a fondo, pero «la moción de censura ha adelantado» todo. Ha explicado que se trata de «una auditoría interna que se ha realizado por técnicos de este ayuntamiento y concejales de distintas áreas, ya que el presupuesto de 2023 lo teníamos prorrogado» y no podían contratar a una empresa externa para realizarla. «Y en 2024 también hemos estado sin presupuesto porque estábamos en negociaciones con la concejala de Maracena Conecta, que ha roto finalmente el pacto», ha detallado.

El concejal de Urbanismo, Miguel Ángel Fernández, por su parte, ha indicado que otra de las denuncias se refiere a la construcción del teatro de la localidad. «En 2008, se convenia un teatro por 4,4, millones euros. En 2009 se hace la contratación y hay un periodo de ejecución de 18 meses. Este presupuesto va subvencionado con 1,4 millones de euros por dos administraciones más, la Junta de Andalucía y la Diputación Provincial. Antes de llegar a la finalización se producen una serie de modificaciones y ampliaciones del presupuesto hasta 5,5 millones de euros. Pero lo más curioso es que estas ampliaciones y modificaciones se refieren a unas mejoras que estaban ya incluidas en el presupuesto inicial de 4,4 millones», ha detallado.

Según Fernández, hay más. «Llegamos a 2012 y se certifica el 60% de la finalización del teatro, es decir, no se termina el teatro. Lo más curioso también es que, sin finalizar el teatro, la Junta de Andalucía paga la subvención cuando estaba sujeta a terminarlo al 100%, y lo más curioso también es que, además, se devuelve el aval al constructor sin haber finalizado la obra del teatro, algo que es ilegal. Como no se termina el teatro, en 2017 se recurre a unos fondos EDUSI para terminarlo, de forma irregular, ya que los fines (de esos fondos) no van para el teatro pero se utilizan para terminar el teatro».

Para el edil de Urbanismo, la conclusión es que en 2022 «los maraceneros tenemos dos teatros, dos porque se han pagado 8,2 millones; uno sabemos dónde está, el otro, no». En sentido, ha indicado que lo que han denuncido en este caso «es la posible desviación de fondos europeos» para otros fines a los que no estaban destinados en su solicitud.

Igualmente, el concejal de Urbanismo ha detallado «otra irregularidad» que han detectado sobre la unidad urbanística UEU-13. Según Fernández, «esta trama empieza también en 2008». «Resulta que sin tener recepción definitiva porque hay un contencioso judicial abierto (que lo impide), que hay más de 340 viviendas que tienen licencia de habitabilidad, cuando es totalmente ilegal mientras no se recepcione completamente», ha avanzado. «Aquello lo conocen los maraceneros como 'Villa PSOE' y resulta que en esa unidad urbanística hay viviendo varios concejales y varios familiares directos, y entre ellos, el antiguo alcalde, Noel López. Pero lo más curioso es que hay concejales viviendo allí que han firmado licencias de habitabilidad, concejales que incluso se presentan ahora con la moción de censura para seguir gobernando esto».

Fernández ha concluido señalando que «esta es de las más gordas pero tenemos muchísimas más, como otras unidades urbanísticas, el convenio de Jimesa o un polígono de la Paz donde también se han dado licencias de actividades; esto es la punta del iceberg».