Armilla denuncia que la Zona de Bajas Emisiones de Granada «podría ser inconstitucional»
Sostiene el Ayuntamiento armillero que «introduce una discriminación injustificada entre ciudadanos según su lugar de residencia, vulnerando principios constitucionales de igualdad y proporcionalidad»
Ideal
Martes, 25 de febrero 2025, 10:19
El Ayuntamiento de Armilla ha presentado alegaciones contra la Ordenanza de Movilidad Sostenible del Ayuntamiento de Granada, que regula la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), ... al considerar que «introduce una discriminación injustificada entre ciudadanos según su lugar de residencia, vulnerando principios constitucionales de igualdad y proporcionalidad».
La medida, a juicio del consistorio armillero, «fue aprobada sin diálogo con los municipios del área metropolitana y afectará gravemente a miles de vecinos y vecinas que necesitan desplazarse a Granada para trabajar, estudiar o acceder a servicios esenciales. En Armilla, casi 5.000 vehículos quedarán excluidos del centro de la capital, lo que representa cerca del 30 % del parque móvil del municipio. Sin una mejora real del transporte público ni alternativas viables, se obliga a muchas personas a asumir un coste adicional para poder desplazarse, agravando desigualdades y dificultando el acceso a la ciudad», precisa.
El Ayuntamiento de Armilla denuncia que «esta ordenanza no se basa en criterios ambientales objetivos, sino en una restricción arbitraria ligada al empadronamiento. No podemos permitir que se impongan restricciones que dividen a la ciudadanía según su lugar de residencia», ha afirmado la alcaldesa armillera, Loli Cañavate.
En palabras de Cañavate su responsabilidad es «defender los derechos de nuestros vecinos y vecinas. La movilidad no puede ser un privilegio de quienes viven en la capital. Si el Ayuntamiento de Granada sigue adelante con esta ordenanza discriminatoria, tomaremos las medidas necesarias para garantizar la igualdad de trato y la justicia social.»
Para Cañavate, «otro punto clave de las alegaciones es la clara contradicción de la actual alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, con el Plan de Transporte Metropolitano del Área de Granada (PTMAGR) actualmente en tramitación, que ella misma fomentó cuando era consejera de Fomento de la Junta de Andalucía».
«Cuando era consejera, la actual alcaldesa apostaba por una movilidad metropolitana equilibrada. Hoy impone una medida aislada que castiga a quienes no están empadronados en Granada, sin tener en cuenta su impacto en la ciudadanía ni en la economía del área metropolitana», ha criticado Cañavate.
Por último, el Ayuntamiento de Armilla exige que la ordenanza de la ZBE de Granada se retire y se reconsidere en una mesa de diálogo metropolitana en la que participen todos los municipios afectados.
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