Arcuri no pedirá la ejecución de la sentencia que condena a Juana Rivas

En declaraciones a IDEAL, el letrado, Enrique Zambrano, indicó ayer que no sólo es que no vayan a pedir que se ejecute ahora la resolución dictada por el juez de Penal 1, Manuel Piñar, es que «ni se nos ha pasado por la cabeza». En este punto, añadió que van a dejar que la ejecute el propio órgano judicial una vez firme, «como tiene que ser, que sea el propio juzgado el que ejecute cuando sea la sentencia firme».

«No tenemos ningún especial interés, salvo que hubiera un evidente riesgo de fuga», subrayó Zambrano, quien explicó que si hubiera signos evidentes de que la granadina tuviera intención de eludir la acción de la justicia, en ese caso ni siquiera haría falta que pidiera él la ejecución de la sentencia, sino que se actuaría «de oficio» por el propio juzgado o sería el ministerio fiscal el que lo pediría.

El abogado de Arcuri, que ha ejercido la acusación particular en el caso y que solicitaba la pena de cárcel finalmente impuesta, recordó que estuvo hasta el último momento esperando –sin éxito– a que la defensa de Juana Rivas contactara con ellos para tratar de llegar a un acuerdo con la fiscalía y así evitar tan duro castigo privativo de libertad. Pero llegó el día de la vista oral –el juicio se celebró el pasado 18 de julio tras un primer aplazamiento por la renuncia de la defensa de Juana Rivas– y el enjuiciamiento siguió su curso hasta acabar en la sobradamente conocida condena, que en cualquier caso puede ser recurrida.

El fallo del juez, fechado el mismo día del juicio, impuso a Juana dos años y medio de cárcel por la sustracción de cada hijo. Además la condenó a indemnizar al que fue su pareja con 30.000 euros, así como a hacer frente a las costas de la acusación particular. El magistrado entendió que «en la comisión de los delitos no son apreciables las causas de justificación de necesidad de proteger a los menores». Juana Rivas siempre se escudó en que ha sido víctima de supuestos malos tratos.

Los niños se encuentran actualmente viviendo con su progenitor en Carloforte, en la pequeña isla de San Pietro, al sur de Cerdeña. Allí, en Italia existe un procedimiento civil en cuyo marco se decidirá quién de los dos se queda con la custodia.