Archivada una denuncia contra el exalcalde de Algarinejo tras una década de pena de banquillo
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La Audiencia confirma que Óscar Fernández no delinquió, después de que la fiscalía haya visto en este proceso solo «intención de perjudicarle»
Óscar Fernández fue alcalde de Algarinejo entre los años 2011 y 2013. Fue una corta etapa al frente de la corporación local de este municipio ... bajo las siglas del PP que le ha pasado factura hasta ahora: ha sufrido la incómoda y latosa pena de banquillo durante casi una década. Su gestión ha estado cerca de diez años bajo sospecha hasta que la Justicia ha confirmado que no cometió delito alguno como regidor.
Su gestión fue denunciada por la siguiente corporación municipal en la vía penal en marzo de 2013, denuncia que fue posteriormente ampliada. Los denunciantes -compañeros de partido- le atribuían suspuestas irregularidades de todo tipo. Entre ellas, presuntas ilegalidades en distintos pagos y contratos con empresas.
También le achacaban haber comprado un teléfono móvil iPhone 4 «para su esposa con cargo al Ayuntamiento», haber repostado gasoil para su vehículo «por encima de lo debido» o haber desviado material pagado con dinero público para obras en su cortijo.
La fiscalía cree que la denuncia se debió a la «animadversión» entre el exregidor y los denunciantes
La investigación de todas esas acusaciones recayó en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Loja, donde se produjo, como advirtió la fiscalía cuando solicitó el archivo del asunto en abril de 2021, «una dinámica cuasi epistolar» entre las partes; cada alegación que se presentaba tenía su correspondiente réplica.
En la sede judicial se acabó acumulando una «ingente» prueba documental y la fiscalía llegó a censurar cómo defensa y acusación habían «bombardeado» al juzgado con continuos escritos.
Cuando culminó la investigación, el órgano instructor transformó la causa en un procedimiento abreviado -pasó a la fase de preparación del juicio oral- y la acusación particular hasta fomuló cargos contra Fernández. Le imputó cohecho, malversación de caudales públicos y falsedad.
Pero el ministerio público dio un golpe en la mesa que derrumbó el caso. Emitió un extenso informe para pedir al juzgado que diera carpetazo al asunto -de 53 folios- y su solicitud fue atendida. En su escrito dejaba claro que ninguna de las conductas cuestionadas era delictiva y que, en realidad, lo que había era «una absoluta animadversión entre el investigado y los actuales representantes del Ayuntamiento de Algarinejo».
«El hecho de que el investigado y los denunciantes perteneciesen al mismo partido político, desarrollando una auténtica guerra en el seno del mismo, a raíz del mandato como alcalde del investigado, ha marcado la irregular y mal acabada realización de esta instrucción, condenada desde el inicio por las espurias actuaciones de las partes», llegó a indicar la fiscalía.
«Inquina»
Es más, el representante de la acusación pública censuró que se pretendiera «revisar de forma casi íntegra el mandato como alcalde del investigado», apreció la «inquina» que subyacía en la causa y criticó que los denunciantes no hubiesen aportado «un solo expediente administrativo íntegro en relación con los supuestos contratos de suministro, obra o servicio» puestos en tela de juicio.
La fiscalía determinó que no existía «prueba alguna» para sostener la acusación contra el investigado ni por supuesta malversación ni por el resto de ilícitos imputados. Tildó las explicaciones que Fernández ofreció en el juzgado de razonables, incluida la que dio sobre el controvertido iPhone. Sobre esa compra el exregidor admitió que el número había pertenecido a su mujer, pero en aquella fechas lo hizo suyo para tener «una segunda línea» tras verse desbordado por el «aluvión» de llamadas que recibía en el número que todos tenían de él. Además, dijo que esa segunda línea la usaban él y otras personas.
Sobre el combustible pagado, reveló que en aquella fechas se utilizó de manera constante la retroexcavadora del Ayuntamiento. Y sobre los contratos de cuya legalidad se dudaba, dejó claro que nunca había recibido «ningún reparo» de los elementos de control municipal.
La fiscalía, que descartó igualmente que el exregidor hubiera hecho uso de material del Ayuntamiento con carácter privativo, incidió en que el origen de este asunto estaba «en un conflicto de carácter político mantenido en el seno de un partido con ocasión de la sucesión en los cargos municipales y basándose en, como mucho, irregularidades administrativas».
Arma arrojadiza
Para el ministerio público, ha habido una clara «intención de perjudicar al investigado» y, por eso, se ha usado un proceso penal «como arma arrojadiza en una batalla de origen eminentemente personal y de naturaleza política».
En su auto de archivo, dictado el 9 de febrero, la Audiencia de Granada confirma el sobreseimiento que acordó el juzgado tras el demoledor informe del fiscal y rechaza el recurso que interpuso el Ayuntamiento de Algarinejo. «En el caso que nos ocupa, la revisión de lo actuado en el procedimiento nos conduce a compartir el criterio que expone el Ministerio Fiscal», el cual propició que el asunto acabara archivado.
Óscar Fernández: «Nunca me salí el más mínimo ápice de las reglas»
Para Óscar Fernández, el proceso penal ahora archivado respondió «totalmente» a una cacería política dentro del PP de Algarinejo. Desvincula tajante lo sucedido del PP de Granada, para cuyo actual presidente, Francis Rodríguez, solo tiene palabras de elogio. «Creo que es una magnífica persona y un excelente alcalde de Alhendín y político«, subraya, para agregar que, a su juicio, el PP de Granada y su presidente »han sido víctimas igual que yo de este procedimiento». También alaba la «profesionalidad máxima» de los abogados que lo han defendido en esta larga causa: Ernesto Osuna Martínez y Ernesto Manzano Luque, de Luna y Asociados. «Nunca me salí el más mínimo ápice de las reglas», sostiene con vehemencia el exregidor en declaraciones a IDEAL, tras desvelar que concurre como cabeza de lista de un partido independiente de Montefrío en ese municipio en los próximos comicios. Pese a esta causa por su etapa de regidor de Algarinejo, Fernández, que es médico de profesión y director del Centro de Salud de Guadix, sigue ligado a la política: actualmente es concejal en el ayuntamiento montefrieño. «No me parece correcto estar imputado durante diez años, no es un plazo razonable; es indigno», se despide, no sin antes recalcar que tras aquella denuncia solo hubo «motivos personales y políticos». «Yo simplemente fui la pieza que facilitó que se ganaran las elecciones en ese momento, porque no tenían una figura para ello«.
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