Andalucía prevé poner en marcha la oficina antifraude antes de que finalice el año
La nueva norma, que pretende evitar casos como el de los ERE, fue presentada por la Junta ayer a la fiscal superior y al fiscal jefe provincial
El Proyecto de Ley contra el fraude y la corrupción y protección de la persona denunciante ya está en el horno. Después de ser aprobado ... en febrero por el Consejo de Gobierno y ser remitido al Parlamento para su tramitación, se encuentra prácticamente listo para su debate general. Unas 170 enmiendas parciales ha recibido esta nueva norma andaluza, que contempla la creación de una oficina antifraude con la que Andalucía prevé contar antes que de finalice este 2021.
Las claves de esta ley fueron trasladadas ayer a la fiscal Superior de Andalucía, Anta Tárrago, y al fiscal jefe provincial, Pedro Jiménez, por parte de la secretaria general de Regeneración, Racionalización y Transparencia de la Consejería que encabeza Juan Marín, Nuria Gómez, quien aseguró luego a IDEAL que el proyecto fue bien recibido por ambos representantes del Ministerio Público.
Gómez, acudió a esta reunión, celebrada en Granada, junto a la secretaria general para la Justicia, María José Torres, y al delegado territorial, Enrique Barchino, que resaltaron la necesidad que tenía Andalucía de una herramienta de este tipo. Confían en que, gracias a su puesta en funcionamiento, no se protagonizarán más portadas en los medios por «malas prácticas» y comportamientos «corruptos» como las de épocas pasadas. De hecho, según admitió Gómez a este diario, este instrumento permitirá prevenir casos como el de los ERE.
Para la referida oficina antifraude, que estará adscrita al Parlamento, la Junta de Andalucía ya cuenta con una partida presupuestaria de 200.000 euros, según detalló Gómez a este periódico. Aún no se sabe dónde estará localizada, pero sí que contará con una dirección y dos subdirecciones. El director, que será elegido por el Parlamento, habrá de ser alguien con una reconocida competencia y más de una década de experiencia en la materia. Y aún no se baraja ningún nombre.
La oficina, como precisó Gómez, establecerá un régimen de protección y lucha contra la corrupción en la actuación tanto de la Administración General de la Junta de Andalucía, como de sus entidades instrumentales e instituciones andaluzas, «así como de las entidades locales y las universidades públicas andaluzas y personas y entidades privadas».
La nueva ley, en definitiva, permitirá un exhaustivo control de la gestión andaluza y del uso que se hace del dinero público. De este modo, aquellos actos contrarios a la ley o sospechosos por irregulares se atajarán a tiempo y se denunciarán por los cauces oportunos: bien ante la fiscalía bien ante el órgano o tribunal pertinente.
Así, si un funcionario detecta alguna anomalía en la actuación de su superior, podrá comunicarlo a la referida oficina, que abrirá el oportuno expediente e impondrá sanciones en caso de que sufra algún tipo de amenaza, que, en función de la gravedad, oscilarán, según detalló Gómez, «entre los 300 y los 100.000 euros». Aparte, para que el funcionario no se sienta cohibido o intimidado ante eventuales represalias, se articularán mecanismos «para que pueda ser reubicado» en otro puesto de trabajo en caso necesario. Los representantes de la Junta confían en que esta ley sea una realidad «en torno al próximo verano», al tiempo que recordaron que es el fruto de una «firme apuesta» de Ciudadanos desde 2015.
Nuria Gómez: «La cobertura se amplía a las entidades locales y a las universidades públicas«
El proyecto de esta ley andaluza contra el fraude y la corrupción se puso en marcha en febrero. «Ha sido un proceso largo, pero porque hemos querido ser garantistas y participativos», explicó a IDEAL ayer Gómez, tras resaltar que se han asumido en el texto «todas las recomendaciones» que se han hecho por parte de los órganos competentes.
Esta norma, a su juicio, era «totalmente necesaria«, pues »agilizará la investigación y persecución« de conductas contrarias a la ley en la gestión. «Los casos de corrupción se dilatan en el tiempo y esto serviría para detectar el caso de una manera más temprana», resaltó la secretaria general, para recordar que se garantizará una «protección» al denunciante, «para que se sienta respaldado y amparado para hacer esa denuncia».
«En el momento en que hubiera indicios de un caso de fraude o de corrupción se derivaría a la fiscalía o al órgano correspondiente», especificó Gómez, a la vez que dejó claro que el denunciante no tiene que ser necesariamente un funcionario público, sino que puede ser cualquier persona, empresa o entidad privada que haya participado en algún proceso de subvenciones o licitación donde haya habido dinero público andaluz. «La cobertura de la oficina, de la denuncia y de la inspección en la investigación se abre también a las entidades locales y a las universidades públicas», añadió.
«A raíz de recibir la denuncia, la oficina iniciaría su investigaciones para ver qué es lo que ha ocurrido y, en el momento en que hubiera indicios de un delito, se derivaría a fiscalía», aclaró la secretaria, para dejar claro que se garantizará la «confidencialidad» del denunciante.
«Si el texto queda aprobado en julio, en tres meses se tiene que nombrar al responsable, a la persona que dirigirá la oficina», apuntó la representante de la Junta, para precisar que luego vendrá el desarrollo reglamentario, por lo que «antes de que concluya 2021 estaría la oficina en marcha».
Será el Parlamento el que decida dónde se ubicará la sede de la oficina; si estará en Sevilla o en otra provincia. «El Ejecutivo ha intentado respetar ese margen de independencia y ha trazado en el texto solo la arquitectura de lo que sería la oficina». También el Parlamento elegirá a la persona que llevará las riendas de este instrumento.
«Ya han concluido las enmiendas parciales«, que han sido »unas 170« y la mayoría se han presentado »por los diputados no adscritos«, especificó Gómez, al tiempo que recordó que ahora mismo no hay ningún instrumento similar para atajar las conductas corruptas. «Es fundamental el papel que va a jugar la oficina; creo que será una herramienta muy importante para que por fin se pueda hablar de Andalucía sin casos de corrupción», apostilló.
Y es que gracias a esa herramienta, «se detectarían» a tiempo los comportamientos que merecen reproche penal y se impediría que quedasen impunes por haber prescrito. «La detección temprana facilitaría la conclusión de los casos en un plazo razonable», expresó.
Sobre el encuentro mantenido con la fiscal superior de Andalucía, Ana Tárrago, y el fiscal jefe provincial, Pedro Jiménez, para presentarles este proyecto del ley, Gómez lo tildó de «positivo», al tiempo que abogó por una «bidirección en cuanto a la información» entre unos y otros, siempre respetando sus respectivos ámbitos de actuación.
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