Reflexiones y libertad de prensa

En el día de la Libertad de Prensa, además de recordar a profesionales muertos en el ejercicio del periodismo durante el último año en conflictos como los de Oriente Próximo o Ucrania, desde la demarcación de Granada del Colegio Profesional de Periodistas quisiéramos llamar la atención sobre los riesgos que corre un derecho consagrado por nuestra Constitución y que es garantía de la salud democrática de cualquier sociedad. Internet y las redes sociales, es cierto, han multiplicado exponencialmente el alcance e impacto de lo que desde finales del siglo XVIII se ha denominado 'prensa amarilla', un modelo que hasta los medios más serios y conservadores han abrazado buscando el click fácil de lectores incautos. La situación ha llegado a extremos delicados y reprobables cuando se 'fabrican' informaciones o se retuercen titulares para favorecer o perjudicar a determinado partido político, colectivo o persona. El Parlamento Europeo está tramitando estos días una Ley que pretende salvaguardar la libertad de prensa en los estados miembro. Se trata de un texto legal que establece mecanismos para garantizar la independencia editorial de los medios públicos (RTVE, Canal Sur, TG7), limitar las posibles presiones del poder político sobre los medios y los profesionales de la información pero que también exige más trasparencia a las cabeceras, que deberán informar sobre los fondos públicos que reciben en concepto de publicidad y de subvenciones.

El Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía, única corporación de derecho público en nuestra Comunidad Autónoma dedicada a la defensa de la profesión periodística, viene trabajando desde hace años en el Registro Oficial de Medios Digitales de Andalucía (ROMDA), a través de un sello que 'certifica' que detrás de determinadas cabeceras nativas digitales andaluzas hay profesionales de la información trabajando y que los contenidos publicados cumplen con el código deontológico de la profesión. Se trata de una herramienta que bien podría tener cobertura en todo el Estado si el Gobierno atendiera la petición de crear el Consejo General de Colegios de Periodistas. Porque el ROMDA es útil para las administraciones pero sobre todo, para la sociedad, primera y última destinataria del servicio público que prestan los medios de comunicación, como controladores del poder político y económico. Regular a los medios y a los profesionales de la información, distinguir entre un medio de comunicación y un libelo, nunca puede ni debe venir del poder político, a pesar de las tentaciones que siempre han existido. Por salud democrática, básicamente. X, la misma plataforma que Pedro Sánchez eligió para lanzar su carta a la ciudadanía y donde se mueve el gran estercolero de las noticias falsas, lanzó una herramienta de verificación comunitaria que permite a los propios usuarios de la plataforma desmentir o aportar contexto a cualquier contenido publicado desde cualquier cuenta. Ni Biden ni el propio Elon Musk, tampoco los tres principales diarios españoles, escapan de las correcciones de la comunidad, un buen ejemplo de autorregulación sin Ministerio de la Verdad ni comisarios políticos. ¿Y quién debe 'verificar' a los medios? ¿Cómo separar el grano de la paja? El nuevo contexto en el que se produce y distribuye la información obliga a que cada persona sea capaz de discernir entre una noticia y un bulo, un proceso que pasa por la todavía necesaria alfabetización mediática y por que terminemos de asumir que los medios de comunicación no son vehículos para reafirmar nuestros posicionamientos sino canales que nos dan elementos con los que formarnos una opinión y tomar decisiones informadas.