Alsa compra Rober con 22 millones por ingresar y a un año para que termine la concesión

Recogida de residuos y transporte público son los servicios que más dinero mueven en la Plaza del Carmen. También los que más deuda arrastran: la mitad de los 80 millones que debe el Ayuntamiento. En concreto, el Consistorio adeuda a Transportes Rober 22 millones de euros de facturas retrasadas de los últimos años, cantidad que ahora deberá percibir Alsa. De estos 22 millones, solo 4,7 están reconocidos, mientras que el resto está a la espera de reconocimiento extrajudicial o pendientes de firma. Por ejemplificar la magnitud de esta cifra, se trata de todo lo que invertirá la Junta en 24 reformas para los barrios históricos dentro del Plan Alhambra.

La deuda con la concesionaria del transporte público se ha mantenido prácticamente en los mismos niveles en los últimos años. Era la cantidad que la empresa estaba pendiente de ingresar en 2018. Por entonces advirtió –y no ha sido la única vez– de que la cuantía que aporta cada año el área de Movilidad, a modo de subvención, es insuficiente desde que se reordenó el transporte público con la puesta en marcha de la Línea de Alta Capacidad (LAC). Solo entre 2014 y 2015, este sistema de autobuses provocó un 'agujero' de 18 millones de euros en las arcas municipales. No se cumplió la previsión de ahorro estipulada por el área que dirigía, cuando empezó a funcionar la línea, Telesfora Ruiz.

La estimación era la siguiente: el coste de prestación del servicio iba a ser de ocho millones de euros tras la reforma. Pero la pérdida de viajeros provocó que el precio a pagar por el Ayuntamiento a la empresa se duplicase. Además, como los autobuses tenían que hacer más kilómetros, se incrementó la factura que Rober pasaba al Ayuntamiento por la prestación de servicio. Estos dos cambios –simplificados aquí, pero de cierta complejidad técnica– se sumaron a otros costes relacionados también con el cambio del sistema.

Según explican fuentes municipales, desde la implantación de la Línea de Alta Capacidad hasta la fecha cada año la empresa ha reclamado al Ayuntamiento una serie de gastos que han acabado judicializados. Hay, según las mismas fuentes, alrededor de ocho millones de euros pendientes de que haya sentencias firmes, y que también tendría que pagar el Consistorio a la compañía.

Las cuentas del transporte público han ido a peor por el lastre de la pandemia, en especial durante el primer estado de alarma, cuando la demanda cayó al mínimo y se redujo el número de líneas en circulación. En 2020, el Consistorio esperaba que la venta de billetes rondara los 19 millones de euros; sin embargo, la cifra se quedó en ocho. El coste previsto este año es de 27 millones de euros, que corresponden al precio por el servicio menos lo que se recauda por venta de billetes, la aportación del consorcio provincial, el convenio con la Universidad de Granada y los planes coordinados de transporte.

Estas son las cuentas del Ayuntamiento. En la empresa, la previsión es facturar 38,6 millones de euros en 2021. Alsa ha adquirido una compañía que movió 26,2 millones de viajeros en 2019 –antes de la pandemia–, con una flota de 194 autobuses y una 580 empleados para gestionar 29 líneas.

Hay el triple de rutas que en 1963, cuando Rober resultó ganadora del concurso para la gestión del transporte público de la ciudad. El pliego de condiciones, escrito a máquina, contemplaba una concesión por plazo de 50 años –hasta 2013–. Hubo una prórroga en el 97 en la que se pidió a la empresa una inversión extraordinaria en vehículos y congelar el precio del kilómetro, entre otras cuestiones. Por entonces, IU se mostró favorable a rescatar la concesión y que fuera el Ayuntamiento quien se encargase directamente del transporte. El PSOE también se planteó esta opción.Finalmente, el PPsacó adelante la prórroga.

La concesión llega a su fin en septiembre de 2022. Estaba previsto –antes del bloque político en el Ayuntamiento– llevar el asunto al próximo pleno ordinario, el del mes de julio. Se opte por el sistema de gestión directa o por la concesión a una empresa, un año antes de la extinción del contrato hay que anunciar que saldrá a concurso –aunque luego se decida que no lo hay–. Si finalmente hay convocatoria pública, Alsa –si considera participar– tendría que concurrir y someter su oferta a examen para competir con el resto de aspirantes, si los hubiera.

Para decidir entre un modelo u otro de gestión, se encargó a una consultora externa un informe que ya ha concluido que los gastos del modelo de explotación directa son superiores, «lo que dificulta el encaje de un proceso de remunicipalización». El portavoz de Unidas Podemos,AntonioCambril, formación que apuesta por que el Ayuntamiento asuma el servicio, advirtió de que este informe solo menciona las ventajas de la privatización y no cita las de gestión directa.

Una empresa, Alsa, ha comprado otra, Transportes Rober, por 13 millones de euros.Hasta finales de 2022 gestionará los autobuses de la ciudad, aún a la espera de recibir –como mínimo– 22 millones de euros pendientes. Lo que pase desde entonces se decidirá durante los próximos meses:primero en las comisiones y plenos, y luego –si lo hay– en el concurso público para elegir a la empresa que recibirá el relevo tras un contrato con casi 60 años de historia.