El Albaicín se rebela contra la masificación turística

Los pisos turísticos parecen estar bajo el foco principal. La proliferación de viviendas destinadas a este uso –al menos 479 activas, según los últimos datos de la plataforma AirDNA, que se encarga de analizar los anuncios publicados en webs como AirBNB o HomeAway– ha venido generando denuncias en los últimos años tanto de los vecinos del barrio, que piden más control de las actividades ruidosas que provocan, como de profesionales del sector, que reclaman una mayor regulación.

En este sentido van las alegaciones presentadas por Sos Alhambra y el Centro Artístico, que piden que se incorporen al PEPRI «todas aquellas ordenanzas específicas para el barrio que controlen actividades molestas producidas por el turismo y los locales a su servicio». En opinión de ambas entidades, se pretende evitar con esto «un nivel de ocio que no siempre es compatible con la vida cotidiana».

En el caso de Ecologistas en Acción, Greenpeace, Ateneo de Granada, Opidum Iliberis, Vega Educa, Salvemos la Vega y la comunidad de propietarios de los cármenes de la Muralla, que se han unido para ofrecer alternativas al documento, las demandas van en el mismo sentido. Los colectivos han detectado la «excesiva aglomeración de apartamentos turísticos, la mayoría sin registrar administrativamente y sin regulación» y piden freno en un largo escrito con referencias a Barcelona y Venecia, dos ciudades afectadas por este fenómeno.

Estas mismas entidades, no obstante, van un paso más allá y rechazan el plan de Urbanismo de construir aparcamientos de rotación en lugares como Fajalauza, el colegio Ave María de San Cristóbal, la muralla de la Alberzana, Cristo Rey, el entorno del Sacromonte o los alrededores de las murallas. Entienden que, a su juicio, «los redactores han tenido como primum movens la búsqueda de cualquier espacio libre o liberable para proponer un aparcamiento» y reclaman que estas actuaciones se limiten para evitar que se conviertan en un punto de atracción de visitantes; lo que conllevaría, al mismo tiempo, problemas de tráfico y de contaminación.

Precisamente este aspecto, el de la movilidad en el barrio, es otra de las cuestiones que centran las alegaciones de las entidades. En el caso de los aparcamientos, aunque desde otro enfoque al mencionado por los ecologistas, Sos Alhambra y el Centro Artístico piden al Consistorio una mayor cautela a la hora de proyectar los parkings previstos y sugieren «estudios para evitar situaciones tan lamentables como la de Mondragones», donde el desarrollo de una parcela se ha visto retrasado por la aparición de restos de época tardorromana y visigoda.

Otra de las demandas, en este caso realizada por un conjunto de vecinos del entorno de Plaza Larga, es el rechazo al nueve eje viario que se plantea entre las calles Ceniceros y Veredillas de San Cristóbal. Aducen en su alegación que la apertura «generaría importantes problemas de movilidad a los residentes y visitantes». La justificación estriba en que las dimensiones de estas calles, más estrechas que la Cuesta de Alhacaba, «no permiten la convivencia entre vehículos y peatones». Por otra parte, señalan, el proyecto provocaría que la zona se convirtiera en un espacio de aparcamiento lineal, con las contrapartidas que eso conlleva para los vecinos.

Sin embargo, son Ecologistas en Acción, Greenpeace, Ateneo de Granada, Opidum Iliberis, Vega Educa, Salvemos la Vega y la comunidad de propietarios de los cármenes de la Muralla las entidades que más alegaciones han hecho en esta materia.

Los colectivos reclaman una apuesta decidida por el transporte público. Entre otras medidas, plantean un aumento del número y frecuencia de los autobuses públicos, más líneas y buses eléctricos. También piden la designación del barrio como zona 20 «para dar prioridad al peatón» y proponen que se dé entrada a los vehículos de movilidad personal con la debida regulación o el fomento de prácticas como el 'carsharing', que reduciría el número de viajes.

Las entidades también solicitan un plan gradual para la limitación del tráfico en el barrio. En una primera fase, según explican en las alegaciones, se propone que se limite la circulación al uso del coche privado de residentes. Para una segunda fase quedaría la restricción total salvo para aquellos residentes que dispongan de cocheras. Fuera de las limitaciones quedarían todos los vehículos de tipo social como autobuses, camiones de bombero, coches de policía, camiones del servicio de recogida de basura o taxis.

La apertura de un nuevo acceso a la abadía del Sacromonte es otra de las cuestiones a las que estas entidades piden coto. «Nuestra opinión», advierten en las alegaciones, «es que aquí procede, por el valor paisajístico y sentimental de la zona, mejorar el actual trazado para que cumpla las normas de seguridad».

Entre las alegaciones presentadas también se han colado quejas sobre la manera de gestionar el proceso de gestación del nuevo PEPRI. Tanto Sos Alhambra como el Centro Artístico denuncian la «penuria de medios» del Ayuntamiento y advierten de la escasa dotación que el Consistorio ha dispuesto en la oficina del plan. «Hemos comprobado que en ella se encuentran solamente tres personas: el arquitecto responsable, una arquitecta técnica y un delineante», explican.

Las entidades reclaman el destino de más personal a la atención de los vecinos y la creación de una oficina asistencial en el propio barrio que facilite la participación de los albaicineros.

Al mismo tiempo, tanto Sos Alhambra y Centro Artístico como las siete entidades agrupadas advierten del «exceso de usos turísticos» y la falta de un «análisis crítico sobre la turistificación» que, a su juicio, «está transformando el barrio en un mero parque temático».

También se hace notar la ausencia de un estudio demográfico y socioeconómico del barrio. En opinión de los colectivos, «indica que no se tiene la suficiente información para la determinación de las actividades que se desarrollan en el barrio y tampoco de los ratios que se pueden aplicar».

Una vez finalizado el plazo de presentación de alegaciones, la tramitación del PEPRI debe aún seguir un largo camino antes de su aprobación final. El área de Urbanismo tiene que resolver e incorporar, si así lo dispone, las demandas de entidades y vecinos. Posteriormente, el documento se trasladará al pleno municipal para ser probado. En último término, el expediente será remitido a la Junta de Andalucía, que deberá emitir un informe al respecto con carácter vinculante, lo que obliga al Consistorio a modificar todo aquello que disponga la administración autonómica.