Las agresiones a sanitarios en Granada se disparan a los niveles más altos en un lustro

De acuerdo a la información elaborada por la Consejería de Salud y Familias y facilitada por el sindicato CSIF, el año pasado se denunciaron 124 ataques a profesionales adscritos al Servicio Andaluz de Salud (SAS). Lo que arroja una media de diez agresiones al mes. De ellas, 95 fueron verbales, consistentes en insultos o amenazas y, el resto, físicas. Como se ha dicho, nunca en los últimos cinco años se habían producido tantos episodios de este tipo.

En tan solo un ejercicio, estos se han visto incrementados un 57%, principalmente a causa de la tensión que habita hoy en la atención primaria. Tal y como explicó a IDEAL la responsable de Sanidad de CSIF Granada, Matilde Núñez, la situación de saturación en los centros de salud es una de las causas más importantes que se esconde tras este aumento, que en ningún caso, pase lo que pase, está justificado.

Los datos que obran en poder de Matilde Nuñez, extraídos de la información expuesta en su último análisis por la Consejería de Salud y Familias, dejan a las claras que seis de cada diez agresiones que se produjeron el año pasado tuvieron como telón de fondo la dependencias de un centro de salud o un consultorio. Seguida por los servicios de Urgencias y Admisión, en los que suele haber fricciones continuas provocadas por quienes no asumen que a veces su problema médico o el de su familiar no es tan apremiante como el de otros.

Pero no siempre hay causas. Según este estudio, en un 20% de las ocasiones no hay ningún motivo detonante. La representante deCSIF criticó lo que ella define como «lacra intolerable». Para denunciar a continuación que los profesionales sanitarios hayan pasado de los aplausos y homenajes, a las «continuas e injustificadas faltas de respeto, malos modos e insultos», señaló esta profesional

Una situación difícil que, además, no representa la realidad de un panorama que es aún peor de lo que dicen las estadísticas. La portavoz del Sindicato de Enfermería (Satse) en Granada, Fayna Gómez, estima que la «mitad» de las agresiones que se producen a sanitarios no se comunican.

Según señala, estos datos se recopilan por parte de la Junta directamente de los CATI. Olo que es lo mismo, del documento para la Comunicación de Accidentes de Trabajo e Incidentes.Cuando un profesional es agredido, debe seguir un protocolo que lo primero que implica es dar parte de todo lo que ha sucedido a través de un informe. Pero muchos no lo hacen.Lo que deja caer es que hay profesionales que no se atreven a denunciar estos desagradables episodios por miedo a represalias por parte del agresor, que en muchos casos, sobre todo en los centros sanitarios de pueblo, conocen a la víctima o podrían localizarla.

Asimismo, «a otros les frena tener que seguir el protocolo sanitario de la Junta, que en muchos casos es tedioso, por lo que prefieren no meterse en nada», apunta Gómez, que lamenta que sean precisamente los profesionales de Enfermería quienes más padecen estos sucesos. «Es que somos los que más tiempo pasamos con los pacientes», recuerda esta mujer, que solicita más control y mejores medios para paliar las deficiencias que hay en el servicio sanitario, que en muchos casos es el germen que hace estallar la chispa. En la misma línea se mueven en el sindicato CSIF, que también solicita endurecer el régimen sancionador establecido ante casos de agresiones a empleados públicos con el objetivo de que tenga un efecto disuasor.

Lucía llevaba casi 30 años trabajando, pero nunca se había replanteado su vida laboral hasta aquella noche. «¿Para qué estoy aquí?», se preguntó, indignada, tras recibir un guantazo de una paciente a la que estaba atendiendo en las Urgencias del hospital en el que hacía guardia. Pasó hace ya algún tiempo. «Estaba trabajando como un día más y entró una chica muy alterada con unas heridas producidas por un perro.Lo que tenía era más adecuado que fuera tratado en el hospital de Traumatología, y cuando se lo dijimos se alteró más y más», relata esta profesional, que fue quien pagó los platos rotos.

Incluso se personó la seguridad del hospital para tratar de calmar a la agresora, pero esto nunca sucedió. Según explica Lucía –nombre ficticio–, a la chica la sentaron en una silla porque le querían administrar un calmante para mitigar los nervios, pero en un despiste, esta mujer se levantó y abofeteó a la auxiliar.

Ella se quedó paralizada. En un principio no hizo nada y medio lo dejó pasar. Volvieron a sentar a la agresora y al poco rato repitió el mismo acto. Un segundo ataque que ya sí que sacó de sus casillas a Lucía. «Sentí mucha rabia e impotencia, me pregunté que qué hacía allí y por qué tenía que aguantar esas cosas cuando lo único que estaba haciendo es trabajar», rememora esta mujer, que además recibió amenazas de la agresora tras avisarle de que la iba a denunciar. «Me dijo que me tenía que matar. Ella seguía muy nerviosa.Mis compañeros la sujetaron y se avisó la Policía, que acabó llevándosela detenida», relata esta mujer, que presentó la denuncia y al día siguiente tuvo que tomar parte en el juicio rápido.

Lucía explica que nunca antes había pasado por un trance similar, pero que, por desgracia, en Urgencias están ya acostumbrados a los insultos, por triste que parezca. Niega que en la pandemia hayan sufrido más momentos de tensión. Es más bien hoy, una vez que la tormenta vírica está pasando, cuando notan que los ánimos están más encrespados.

Aunque a ella le dieron dos guantazos que apenas le produjeron daños físicos, el problema fue la rabia, el miedo que pasó y, por supuesto, los daños morales. «Piensas en todo y no entiendes por qué siempre los palos te los tienes que llevar tú, que lo único que estás haciendo es tratar de ayudar a quienes lo necesitan», lamenta esta mujer, que espera no volver a pasar por lo mismo.

Ana va con miedo a trabajar. Le pasa desde hace un par de meses. Concretamente desde que en febrero la amenazaron con matarla en plena guardia en las Urgencias del hospital Santa Ana de Motril. Y solo por hacer su trabajo. Esta médica no entiende muchas cosas que se han establecido como normales en su día a día laboral. «La sensación es que te tienes que acostumbrar a los malos modos, a los insultos, cuando encima las condiciones de trabajo son malísimas», critica esta mujer, que dice que cada vez es más común tener que lidiar con conductas que deberían ser inaceptables. El último episodio que ha sufrido de este tipo dice que le ha cambiado un poco la vida. Explica que se encontraba dándole un alta a una paciente junto a un residente de primer año. Los dos estaban con ella en una consulta de Urgencias y de repente entró el marido de la paciente con «tono violento y amenazador». Se quejaba de que a su mujer no le hubieran atendido antes.

Ana se levantó para intentar mandarlo fuera de la consulta, pues los acompañamientos están restringidos, y cuando se dispuso a cerrar la puerta, llegó el hijo de la paciente, «más alterado aún». Con los mismos argumentos que su padre, se coló también en la consulta y la emprendió a amenazas contra la doctora, que se vio obligada a apretar el botón del pánico. «Me dijo que me tenía que matar y me levantó la mano. El padre lo tuvo que agarrar, y también mi compañero residente, y menos mal, porque si no no sé qué hubiera pasado», cuenta esta mujer.

Lo primero que sintió es miedo y, después, impotencia. Sentimientos que no le han abandonado todavía. Aunque lograron echar a estas personas y ella rellenó el parte de agresiones, el llamado CATI, se niega a denunciar con nombres y apellidos. «El tema no es la denuncia, sino las represalias. Conozco a la familia, es problemática, vive frente al centro de salud en el que trabajo. Si pudiera denunciar con mi número de colegiada ya lo habría hecho, pero no me dejan y yo tengo miedo», explica esta mujer, que denuncia, con frustración, que en estos casos se deja «solo al profesional». «No hay derecho», lamenta esta mujer, a la que no se le va el estrés de encima.