Una agresión entre niñas en un baño de un instituto de Granada acaba en las redes sociales

Es lo que ocurrió el año pasado un instituto de un municipio de la provincia de Granada, un caso que ahora ha quedado zanjado con una sentencia de conformidad, es decir, que las personas procesadas, dos niñas, asumieron su responsabilidad y la consiguiente condena sin necesidad de que se celebrase la vista oral. La resolución, por tanto, es firme, por lo que no puede ser recurrida ante una instancia superior, en este caso, la Audiencia Provincial.

El incidente que acabó en los tribunales sucedió en los servicios del centro educativo en cuestión. La víctima, otra alumna menor de edad, se había encerrado en uno de los baños porque, al parecer, una de las acusadas estaba buscándola con malas intenciones. Alguien delató a la adolescente perseguida. Instantes después, la agresora comenzó a aporrear la puerta del aseo en el que se había refugiado la perjudicada. Esta última se negó a franquear la entrada a la acusada. Entonces, saltó por la apertura superior del retrete y le propinó varias patadas. También la arrastró por el suelo, según el relato de los hechos elaborado por la Fiscalía de Menores de Granada.

Mientras tanto, la otra chica imputada grababa el suceso con su teléfono móvil. En este sentido, el ministerio público resalta que no hiciera nada para «evitar la comisión del delito» ni avisase a los profesores para que pusieran fin al altercado. En otras palabras, que la fiscal la sentó en el banquillo por no «impedir» el ataque o no «promover su persecución», según establece en Código Penal.

El vídeo fue subido a las redes sociales, pero la justicia no ha encontrado evidencias de que lo hiciese la estudiante que filmó la pelea con la cámara de su celular. No obstante, la sentencia impone una medida de ocho meses de tarea socioeducativa de apoyo escolar y que incluya también formación para que aprenda a usar correctamente internet.

Por su parte, la agresora aceptó una pena de doce meses de libertad vigilada por un delito de lesiones leves y otro de amenazas. Durante ese tiempo estará controlada por educadores dependientes del juzgado. La misión de los expertos consistirá en supervisar su rendimiento escolar, sus compañías, además de garantizar que asistan a un taller en el que le enseñarán a controlar sus arrebatos e impulsos.

Si incumpliese las condiciones de la libertad vigilada, la joven podría ser procesada de nuevo y, presumiblemente, tendría que ingresar en un centro de internamiento para menores infractores.

La resolución judicial también prohibe a la adolescente que se acerque a menos de 200 metros de la víctima durante un año o que se comunique con ella mediante cualquier medio.

Por último, tendrá que abonara una indemnización de 200 euros a la perjudicada por las heridas que le causó, una cantidad que deberá pagar «de forma conjunta y solidariamente con sus padres». El Código Penal dice que cuando un delincuente tiene menos de 18 años, sus padres o tutores «responderán con él de los daños y perjuicios causados».