La Agencia de Salud Pública 'encalla' en el Congreso

El camino de la agencia, de la que Granada quiere ser sede, no está siendo un camino de rosas. El inicio hay que encontrarlo en los años de la covid, cuando los expertos asumieron que las armas con las que contaba el Estado para afrontar pandemias no eran suficientes. La experiencia constató la necesidad de crear estructuras organizativas y operativas ágiles que permitieran una mejor coordinación entre administraciones con el objetivo de hacer frente de una forma más eficaz a las amenazas sanitarias que pudiesen surgir en el futuro. A la misma conclusión llegaron las autoridades europeas, que iniciaron una serie de cambios encaminados a mejorar la estrategia comunitaria y a forjar una unión europea de la salud.

El Ejecutivo llegó a la conclusión de la necesidad de crear una agencia estatal dedicada específicamente a la salud pública, un ente adscrito al Ministerio de Sanidad pero con una naturaleza propia que le permitiese tener autonomía de gestión. El año pasado, en los últimos compases de la legislatura, el Gobierno arrancó la tramitación de un proyecto de ley para la creación del órgano. El adelanto electoral, sin embargo, frenó en seco la iniciativa, que caducó al llegar el verano.

Tras asegurar de nuevo el Gobierno, el Ejecutivo relanzó el proyecto de ley, que fue anunciado en febrero de este año. Entonces, la nueva ministra de Sanidad, Mónica García, presentó un texto que abogaba por la creación de una agencia con el objetivo de ahondar en la vigilancia, la identificación y la evaluación del estado de la salud de la población, así como los problemas y riesgos en materia sanitaria. El ente estaría llamado a coordinar la red estatal de vigilancia de salud pública y dirigir específicamente la renovación de la estructura especializada en epidemiología.

Desde aquel anuncio, el proyecto de ley apenas ha realizado recorrido alguno. Presentado el 1 de febrero en la comisión parlamentaria de Sanidad, tres semanas más tarde se inició el proceso de enmiendas en el que continúa desde entonces. El expediente acumula 20 ampliaciones del periodo de revisión del articulado, la última de las cuáles caduca el próximo 4 de septiembre.

La situación está provocando la preocupación de expertos y colectivos en salud pública. Representantes de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (Sespas) se reunieron hace un mes con el presidente de la comisión, Agustín Santos Maraver, para para conocer el estado de tramitación. Según detalló en una nota público el propio colectivo, el dirigente reconoció que uno de los grupos parlamentarios no había presentado sus alegaciones, lo que motivó que se tuviera que ampliar el plazo en varias ocasiones con el objetivo de que el texto salga adelante no por mayoría sino por unanimidad.

Varias fuentes consultadas por este periódico coinciden en que la paralización no se debe al 'boicot' de ningún grupo, sino que se trata del proceso normal para buscar que el texto normativo salga adelante con el voto favorable de todos los partidos. Inicialmente, los representantes de Junts y PNV presentaron una enmienda a la totalidad del proyecto de ley. Sin embargo, el retraso al que obligaría la revisión de todo el articulado hizo que las dos formaciones retiraran los documentos y apostasen por presentar enmiendas parciales. Estas mismas fuentes mantienen que el proyecto va a salir adelante «en menor tiempo» y reconocen que en el seno del Gobierno existe la voluntad de aprobar la ley «con el mayor consenso posible».

Expertos en salud pública consultados por IDEAL reconocen que la tramitación no debería alargarse en demasía, especialmente después de que la crisis de la mpox haya puesto la agencia de nuevo en el foco. A su juicio, España no debería arriesgarse a tener una nueva emergencia o situación sanitaria complicada sin una agencia estatal.

Así, la cuestión está ahora en el horizonte que maneja el Ejecutivo para aprobar el trámite. En mayo pasado, cuando se pensaba que el plazo de enmiendas finalizaría antes del verano, la ministra de Sanidad aseguró que esperaba que la agencia pudiera estar funcionando en 2025. IDEAL consultó el pasado jueves con la Subdelegación del Gobierno para conocer cuál era el plazo que se manejaba ahora ante la extensión de los plazos. Al cierre de esta edición, sin embargo, no había habido respuesta.

Los plazos del proyecto de ley no son un asunto baladí, especialmente para Granada. Como aspirante a la sede de la agencia, la ciudad desconoce la fórmula que empleará el Ejecutivo para elegir la ubicación. Según trasladaron meses atrás representantes del Gobierno a este periódico, se trata de un asunto que se determinará a partir del reglamento que debe realizarse en los seis meses posteriores a la aprobación del proyecto de ley de la Agencia de Salud Pública. Será entonces, como insistieron, cuando se definirá si el ente entra en el proceso de descentralización iniciado en la legislatura anterior y, en caso afirmativo, cómo se hará la selección.

Pese a la incógnita, Granada trabaja desde hace meses en una candidatura capaz de lograr la sede y evitar la desazón generada en el proceso sobre la Agencia de IA. Encabezados por la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía y con la implicación de más de medio centenar de instituciones públicas, asociaciones y colectivos profesionales vinculados a la epidemiología y la salud pública, cuatro equipos de expertos avanzan desde hace seis meses en la identificación de las principales fortalezas de la provincia y en el diseño de una candidatura capaz de alzar a Granada sobre el resto de aspirantes.

No será un camino fácil. Como avanzó IDEAL en la primavera pasada, la capital nazarí tendrá enfrente a ciudades como Zaragoza y Oviedo, que también han mostrado interés en albergar las oficinas de la nueva agencia y trabajan ya en sus candidaturas.