La Agencia de Salud, pendiente del Senado

Se esperaba que el camino de la ley hasta su aprobación fuera veloz y así ha sido. La ministra de Sanidad, Mónica García, lo había avanzado el 8 de abril pasado, cuando el Consejo de Ministros dio luz verde al reinicio de la tramitación. Habían pasado menos de 20 días desde que los populares cambiaran por sorpresa de opinión y rechazaran en el pleno una normativa que habían respaldado pocos días antes en la comisión de Sanidad. La responsable aseguró entonces que la intención del Ejecutivo era «acortar lo máximo los plazos».

Con esta premisa, el texto voló por la comisión. El periodo de enmiendas permaneció abierto apenas 20 días hasta finales de mayo y las alegaciones se despacharon en las semanas siguientes. El 11 de junio, los grupos acordaron dotar a la comisión de competencia legislativa plena para evitar que, como ocurriera la anterior vez, la ley fuera debatida en la Cámara Baja. Así se llegó a la sesión de este jueves, donde fue aprobada por un voto de diferencia gracias al acuerdo entre PSOE, Sumar, ERC, Bildu, PNV y Grupo Mixto.

El texto pasa ahora al Senado, donde debe ser ratificada. La Cámara Alta, sin embargo, no será a priori un escenario favorable para el texto, al menos en su estado actual. Con mayoría del PP, formación que volvió a rechazar este jueves el texto al sospechar que la dirección del futuro ente ya tiene nombre y apellidos, la legislación podría ser enmendada o directamente vetada por el plenario.

Fuentes del PP consultadas por IDEAL apuntan a la primera de las dos posibilidades. Según señalan, en la formación están comprometidos con un ente «que estaba en nuestro programa electoral» y que consideran «muy necesario». No obstante, justifican su oposición al órgano propuesto por el Ejecutivo por la «falta de presupuesto y de independencia» con la que nace. Al acercamiento tampoco ayuda, aclaran, la situación actual que vive el Gobierno, rodeado por la tormenta del caso Koldo. «No queremos ser cómplices de la corrupción», señalan.

Sea cual sea el camino que siga en el Senado, la ley aún tiene opciones de sobrevivir. El Ejecutivo podría emplear la mayoría que todavía mantiene en la Cámara Baja para rechazar las enmiendas que se hagan o esquivar un posible veto y ratificar el texto. Mientras tanto, en el PSOE seguían contrariados este viernes con el rechazo del PP a la aprobación. Las críticas las hizo públicas el secretario general de los socialistas granadinos, Pedro Fernández, quien lamentó un «boicot» a una normativa que es «fundamental para modernizar el sistema de salud pública en España y para dotarlo de un instrumento técnico con capacidad de respuesta ante futuras crisis sanitarias». El dirigente señaló directamente a la diputada granadina del PP, Lourdes Ramírez, a la que afeó su oposición en la comisión. «Que el PP y la diputada granadina vuelvan a rechazarlo demuestra la falta de compromiso con el interés general y su permanente campaña de confrontación con el Gobierno», dijo.

A la espera de lo que suceda en las próximas semanas en Madrid, desde Granada no se pierde de vista la evolución de la tramitación a la espera de que el Ejecutivo aclare cómo será el proceso que seguirá para elegir la sede. Las administraciones implicadas en la elaboración de la candidatura nazarí quieren evitar que se repita lo sucedido con la Agencia de Supervisión de la IA, que el Ejecutivo adjudicó a dedo a La Coruña a pesar de que la propuesta granadina se presentaba como una opción mejor para los expertos.

El portavoz municipal, Jorge Saavedra, aseguró ayer a IDEAL que Granada «está preparada» para competir y remarcó las «enormes fortalezas» con las que cuenta la ciudad «para prevenir ante posibles emergencias sanitarias». El responsable insistió nuevamente en que el Ayuntamiento no quiere que se vuelvan a cometer «los errores que se cometieron con la Agencia de IA». «No queremos que se engañe a los granadinos, que se nos haga perder el tiempo. Pedimos que el proceso sea transparente y objetivo, que si va a ser una decisión política que se nos diga porque hay mucho trabajo detrás de esta candidatura».

Por su parte, desde la Junta señalaron a este periódico que Granada «cuenta con argumentos sólidos» para albergar la sede y recalcó que se sigue trabajando «para contar con la mejor candidatura». Sobre su situación, la administración autonómica aseguró que la labor «está siendo minuciosa de la mano de cuatro grupos de trabajo constituidos con empresas e instituciones» y confirmó que en estos momentos la atención se centra en la elaboración de la memoria.