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C. MORÁN Y Q. CHIRINO
GRANADA
Sábado, 1 de diciembre 2018, 02:08
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Un apartamento en la costa malagueña, pisos en el centro de la capital granadina o en residenciales exclusivos, fincas, plazas de garaje... Las 17 personas que se sentarán en el banquillo de los acusados por el denominado 'caso Serrallo', entre ellas, el exalcalde de Granada, José Torres Hurtado, ya han empezado a aportar bienes para cubrir la fianza de dos millones de euros que fijó el juzgado que investigó este asunto. Esa cantidad, a la que han de hacer frente de forma solidaria -debe dividirse entre los 17 procesados-, serviría para pagar los perjuicios económicos derivados de una eventual sentencia condenatoria.
Entre los encausados hay empresarios, políticos del PP (varios de ellos siguen siendo concejales en el Ayuntamiento de Granada) y técnicos municipales. Tanto los ediles como algunos funcionarios se escudaron en un primer momento en la existencia de un seguro de responsabilidad civil -suscrito por el Consistorio- para eludir tener que poner sus bienes en juego, pero la juez titular del Juzgado de Instrucción 2, María Ángeles Jiménez, ha rechazado esa posibilidad y ha exigido a los acusados que se apresuren a informar sobre su patrimonio si no quieren ver embargadas sus propiedades por la vía rápida.
En una serie de providencias fechadas el pasado día 23 de noviembre, la magistrada requiere a los acusados para que, «sin excusa ni pretexto», señalen o aporten «bienes y títulos de propiedad para cubrir el importe de las cantidades exigidas solidariamente en la cuantía de dos millones de euros», especifican los documentos a los que ha tenido acceso IDEAL.
En el supuesto de que no atiendan al mandato de la juez, los investigados se exponen a una confiscación 'exprés'.
No obstante, parece que no será necesario pasar a mayores. En este sentido, los procesados han empezado a 'entregar' sus bienes a la justicia. Así por ejemplo, el exregidor Torres Hurtado ha puesto a disposición de los tribunales un piso y una plaza de aparcamiento ubicados en pleno corazón monumental de la capital.
Por su parte, Isabel Nieto, la que fuera concejala de Urbanismo en el equipo de Torres Hurtado, ha 'prestado' una vivienda, también muy céntrica, para cubrir su parte de la fianza.
Manuel Lorente, otro de los principales encausados en el 'caso Serrallo' y exjefe de obras del Ayuntamiento, ha proporcionado al juzgado el título de propiedad de un apartamento situado en la costa de Málaga.
La vista oral del juicio tendrá lugar, presumiblemente, el próximo mes de junio, es decir, después de la celebración de los comicios municipales. Un tribunal de la Audiencia Provincial tendrá que dilucidar si Torres Hurtado y sus concejales consintieron la construcción de una discoteca en un espacio público reservado para un quiosco de chuches.
El 'caso Serrallo' comenzó a gestarse en el verano de 2013, cuando un funcionario municipal jubilado entregó documentación en la fiscalía que ponía bajo sospecha la zona de ocio construida junto al centro comercial Serrallo.
El ministerio público solicita para Torres Hurtado e Isabel Nieto ocho años de prisión, 36 y medio de inhabilitación y multa de 522.000 euros; y ocho años para el promotor. El ministerio público reclama además la demolición de las edificaciones ilegalmente ejecutadas y que sea «a costa de los acusados», a excepción del interventor. La demolición tendría un coste de más de 114.000 euros.
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