Los acusados del caso Emucesa aceptan que los cinco contratos fantasma fueron fraudulentos
Dos antiguos consejeros delegados de la empresa del Cementerio de San José se conforman con dos años de prisión
Entre 2005 y 2012, en el Cementerio San José de Granada, cinco personas afines al PP o con vínculos de amistad con sus gobernantes municipales ... fueron contratadas como cargos de alta dirección. Tres de ellas, siendo consejero delegado de la empresa que gestiona las instalaciones del camposanto el exedil Eduardo del Moral. Y las otras dos, ya ostentando ese mismo cargo la exconcejala María Francés. El asunto fue denunciado y, tras la investigación judicial oportuna, se acabó concluyendo que ninguno de aquellos cinco empleados llegó a desempeñar las funciones por las que se les había pagado; fueron contratos fantasma. Ayer, este asunto, bautizado por los medios como 'caso Emucesa', quedó zanjado con un 'mea culpa' unísono de los siete acusados. El peor castigo será de dos años de prisión y se impondrá a Moral y Francés.
Un acuerdo de conformidad previo al juicio, que se iba a desarrollar durante toda esta semana en la Audiencia Provincial, puso punto final al proceso. Solo queda que hoy, según está previsto, el consejo de administración de Emucesa ratifique los extremos del pacto que, previsiblemente, librará de la cárcel a los siete implicados. Los librará porque podrán pedir la suspensión de la ejecución de la pena, al carecer todos ellos de antecedentes penales, ser los castigos aceptados iguales o menores a dos años y haber abonado en gran parte la indemnización. El perjuicio causado a Emucesa con los salarios abonados se cifró en su día en unos 270.000 euros. Y al SEPE, por los subsidios por desempleo cobrados por los empleados considerados ficticios, en casi 13.000 euros.
Conversaciones
La sesión comenzó muy tarde. Estaba previsto que arrancase a las 9.30 horas, pero las conversaciones que mantuvieron los abogados de las defensas, la fiscalía y las demás acusaciones en el Palacio de la Real Chancillería se prolongaron para perfilar el dinero a que cada uno le correspondía pagar de forma individual. Hasta bien pasada la una de la tarde, los acusados no accedieron a la sala de vistas para sentarse en el banquillo cara a ratificar el acuerdo rubricado. Gracias a la conformidad de todos, se ha evitado practicar la prueba, agilizando de ese modo un proceso que no se antojaba ni fácil ni cómodo.
Ya dentro de la sala de vistas, una vez sentadas todas las partes en sus sitios correspondientes, la fiscal Emilia Rancaño comunicó al tribunal de la Sección Primera, presidido por el magistrado Jesús Flores, los cambios pactados en las penas que solicitaba para unos y otros. Justo después, los encausados ratificaron sus firmas en un nuevo escrito de calificación conjunto, en el que se establecieron penas de prisión de entre tres meses y nueve meses para los trabajadores encausados.
En el documento, que ahora será plasmado en una sentencia, todos los procesados asumen que las contrataciones fueron «fraudulentas». Así lo explicó a la prensa a la salida de la Audiencia el abogado del PSOE, que ha ejercido una de las acusaciones en la causa. Otras las han ejercido el INSS, representado por el Abogado del Estado, o 'Vamos Granada'. Para el letrado del PSOE, el reconocimiento colectivo de todos los implicados vendría a evidenciar que los dos exediles del PP usaron dinero público para pagar a esos trabajadores «como apoyo a su función política».
Tres delitos
La fiscalía solicitaba inicialmente para Eduardo Moral seis años de prisión y cinco para María Francés por delitos de fraude en la contratación, malversación de caudales públicos, falsedad continuada y prevaricación. Ahora, en el acuerdo, según precisaron fuentes del caso, se ha eliminado el delito de fraude y mantenido los otros tres ilícitos. Además, a cuatro de los trabajadores 'fantasma' se les condenará asimismo por un delito de fraude al sistema de prestaciones de la Seguridad Social, que está penado con multa. Se da la circunstancia de que durante la tramitación de la causa, que se llevó en el Juzgado de Instrucción 9 de la capital, estuvo investigado igualmente el que fuera gerente de Emucesa, José Antonio Muñoz. No obstante, la fiscalía acabó pidiendo el archivo de las actuaciones para él al desvincularlo totalmente de los contratos bajo sospecha. Ninguna acusación, de hecho, solicitó que se sentase en el banquillo.
Cabe recordar que tres de los siete acusados ya habían asumido su responsabilidad penal. Se trata de la exedil María Francés y dos de las empleadas fantasma. Para estas dos últimas se acordaron en su día tres meses y seis de encierro. La exedil, además de los dos años de prisión, aceptó igualmente cinco de inhabilitación.
Incertidumbre
Por tanto, Eduardo Moral y los tres trabajadores que él contrató eran los únicos acusados que en realidad se enfrentaban al juicio en un principio con total incertidumbre. Y fueron precisamente las defensas de ellos cuatro las que acreditaron ante el tribunal ayer, mediante recibos bancarios, haber consignado en la cuenta judicial las siguientes cantidades: 22.000, 26.305, 50.872 y 25.000 euros. Esta última suma fue la ingresada por el ex consejero delegado. Abonar esas cuantías para hacer frente a las indemnizaciones ha permitido atenuarles las penas.
Hoy por hoy, según las defensas, las devoluciones del dinero de los salarios que cobraron estos implicados están en su mayoría realizadas o pactadas en el tiempo, de modo que se liquidarán, una vez ejecutada la sentencia, «de forma fraccionada».
En cuanto a las penas de inhabilitación para empleo o cargo público fijadas para los trabajadores, las fuentes aclararon que serán de dos años en unos casos y de 18 meses en otros. Moral estará inhabilitado seis años.
Entre los abogados que han defendido a los implicados del caso Emucesa se encuentran renombrados penalistas de Granada. Entre ellos Enrique Ceres, Pablo Luna, Rafael López Guarnido, César Fernández Bustos, Jorge Aguilera o Mariano Vargas. Los jueces instructores han sido, en los inicios del procedimiento, el magistrado José Luis Ruiz Martínez, y al final la nueva titular del órgano granadino, Rosa Ginel.
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