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Yenalia Huertas
Granada
Sábado, 15 de junio 2019, 00:02
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La acusación popular que ejerce el empresario Ramón Arenas en la causa penal por la cesión finalmente frustrada de casa Ágreda a una oenegé acaba de pedir al juez instructor, José Luis Ruiz Martínez, nuevas diligencias. Entre otras, solicita que cite a declarar como investigados a los miembros de las juntas de gobierno local de las sesiones de 12 de septiembre de 2014 y 6 de marzo de 2015, por amparar con sus decisiones la adjudicación del derecho de superficie con opción de compra de este palacete del Albaicín a AIDE Federation.
Para esta parte, los miembros de ambas juntas «no eran meros autómatas», «eran libres para decidir» y «tenían la obligación de estar debidamente informados» antes de aprobar las prescripciones técnicas y cláusulas administrativas particulares de la cesión del inmueble. Por eso pide al juez que a su vez pida al Ayuntamiento de Granada que identifique «a cada uno» de esos miembros a fin de que puedan ser citados e interrogados por posibles delitos de «prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos», indica en su escrito, fechado el 12 de junio y al que ha tenido acceso IDEAL. También quiere el empresario que desfilen por el órgano judicial que tramita el caso –Instrucción 9– como investigados los integrantes de la mesa de contratación que, el 4 de noviembre de 2014, propusieron aquella adjudicación.
Esta parte solicita también una nueva testifical, así como que los dos principales investigados en este asunto, el exalcalde José Torres Hurtado (PP) y la exedil de Urbanismo Isabel Nieto, vuelvan a ponerse delante de su señoría para ampliar sus declaraciones. El objetivo es que se pronuncien sobre los correos intervenidos por la UDEF en el caso Nazarí –la principal causa de presunta corrupción urbanística que se sigue contra el anterior regidor– que se incorporaron a este caso.
A juicio del empresario, que está representado por el letrado Jorge Fernández, la instrucción de Casa Ágreda –en contra de lo anunciado por el juez– no estaría agotada, sino que está prorrogada «al menos hasta el 9 de febrero de 2020», lo que permitiría practicar todas estas nuevas pruebas.
También se refiere esta acusación particular –en la causa existe otra que ejercía la hasta ahora concejala Marta Gutiérrez, de Vamos Granada– al informe pericial del edificio encargado a la empresa TAXO Valoraciones. Y lo hace para pedir que se contacte con la Universidad de Granada a fin de designar los profesionales y expertos competentes tanto en valoraciones históricas como artísticas, de cara a formar el «equipo multidisciplinar» que consideró necesario una perito judicial para tasar el inmueble.
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