El abogado del docente acusado de acoso sexual muestra «prudencia» al no haber recibido la notificación de la fiscalía

«Ante la noticia facilitada por este medio respecto al archivo de la denuncia, manifestamos nuestra prudencia y no podemos pronunciarnos al respecto, al no haber tenido comunicación aún al respecto por parte del medio judicial», señaló el letrado de este docente de la facultad de Ciencias de la Educación, que está de baja desde que saltó la noticia.

«En cualquier caso, entendemos que este archivo es una clara demostración de que los hechos objeto de investigación no son constitutivos de infracción penal alguna, posición esta compartida por esta parte», añadió no obstante el abogado. De momento, el letrado no ha tenido que asistir formalmente al docente, pues hoy por hoy no existe causa judicial abierta contra él.

La noticia saltaba ayer a los medios a través de un comunicado de la Fiscalía Superior de Andalucía. La única acción penal promovida hasta la fecha contra el profesor de Granada señalado por una alumna como presunto autor de acoso sexual ha tenido un corto recorrido por razones procesales. Se trataba de una denuncia dirigida a la fiscalía y presentada por la Universidad de Granada (UGR) –el docente es de la Facultad de Ciencias de la Educación– y el carpetazo se ha debido a que no fue formulada por la supuesta víctima.

En la escueta nota de prensa remitida por el ministerio fiscal se explica que «en la denuncia, registrada el pasado 5 de abril, la fiscalía ha comprobado la mayoría de edad de la perjudicada y no ha realizado más diligencias ya que es necesario la presentación de la denuncia de la afectada para continuar con las investigaciones».

El ministerio público aclara en este punto que «la notificación de archivo de la denuncia presentada por la UGR no cierra la posible denuncia de la afectada ante la fiscalía, en otras instancias judiciales o policiales».

El asunto acabó en fiscalía tras un informe elaborado por la Unidad de Igualdad y Conciliación, en coordinación con la Inspección de Servicios de la UGR. La institución académica decidió trasladar al ministerio público lo presuntamente acaecido, unos supuestos hechos que colocó el foco mediático en Granada. El objetivo era que se investigaran los supuestos casos de acoso sexual por parte de un profesor denunciados por varias alumnas. Estas recibieron, el pasado 4 de abril, el apoyo de alrededor de un millar de estudiantes y docentes en una concentración en la Facultad de Ciencias de la Educación granadina.

La alumna, que usó las redes sociales en un principio para contar su relato, denunció en los medios de comunicación que el profesor le pidió su teléfono el siete de marzo, tras unos días enferma, y que, en una tutoría, le preguntó que si se «masturbaba» y si «disfrutaba con el sexo».

Según su testimonio, el docente le habría pedido que se «sentara a su lado» en lugar de «delante suya» y le habría dicho que su foto de perfil en la aplicación telefónica 'WhatsApp' era «muy provocativa».

«En relación con la nota –la difundida ayer por la fiscalía– y la prudencia necesaria, lo que podemos decir es que la UGR mantiene su postura original. Según se destaca en la nota, la fiscalía lo que dice es que la denuncia ha de ser presentada no por la Universidad, como ocurrió inicialmente, sino por la presunta víctima que es mayor de edad». Esta es la valoración y postura que se trasladó ayer desde la Oficina de Gestión de la Comunicación de la Universidad granadina tras conocerse el archivo de la denuncia.

La Universidad había trasladado a la fiscalía seis testimonios de estudiantes. El documento lo firmó la rectora el día 4 de abril y entró en fiscalía el día 5 de abril. Las mismas fuentes universitarias destacaron que «el proceso no resta la posibilidad de que si eventualmente resultara el archivo definitivo del caso en la fiscalía, la UGR, una vez que nombre el instructor correspondiente, lleve a cabo el inicio del expediente administrativo correspondiente». Esa acción estaría acompañada del desarrollo de una investigación interna «con los medios y posibilidades con las que la propia Universidad cuenta».

El equipo de gobierno de la UGR no había recibido –al menos hasta las 13.00 horas del viernes 3 de mayo– notificación formal de la resolución de la fiscalía. La única información que tenían era por la vía de la nota de prensa difundida por el ministerio fiscal, según la propia institución.