La abogada acusada de quedarse con dinero de una clienta acepta cuatro meses de cárcel
La profesional ha devuelto la cantidad del FOGASA que había hecho suya, por lo que se ha aplicado la atenuante muy cualificada de reparación del daño
La abogada acusada de apropiación indebida por haberse quedado con los 6.445 euros de una clienta que el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) había ... ingresado en su cuenta ha aceptado este miércoles la pena de cuatro meses de prisión, según han informado fuentes judiciales.
La profesional, que se enfrentaba inicialmente a tres años de cárcel, ha aceptado los hechos y, antes de la celebración del juicio, ha devuelto a la afectada «7.000 euros», algo más de la cantidad que hizo suya. Por este motivo «se ha aplicado la atenuante muy calificada de reparación del daño», lo que ha supuesto «una rebaja sustancial» en la pena.
Así lo han indicado a IDEAL las citadas fuentes, que precisaron que ahora se dictará por el tribunal provincial una sentencia de conformidad que plasmará el acuerdo al que han llegado las partes antes de la vista.
En su escrito de conclusiones provisionales, la fiscalía reclamaba tres años de encierro para la letrada, así como que fuera inhabilitada para ejercer la abogacía durante el tiempo de la condena. Además reclamaba una multa de 2.400 euros que finalmente no se le ha impuesto.
La jurista no entrará previsiblemente en el centro penitenciario, pues reúne los requisitos para poder solicitar la suspensión de la ejecución de la pena. Junto a la condena de encierro, la abogada, que según las fuentes consultadas ha estado defendida por el letrado Torcuato Labella, ha aceptado «cuatro meses de inhabilitación» para el desempeño de su oficio.
En 2018
Los hechos se remontan al 18 de octubre de 2018, cuando el FOGASA efectuó el ingreso de la referida cantidad en una cuenta cuya titular era la acusada. Esta, en lugar de entregarle la prestación reconocida judicialmente en aquel momento a su clienta, «negó durante dos años haber recibido el dinero y lo destinó a su consumo particural», de acuerdo con el relato inicial de la fiscalía.
Los servicios profesionales de la encausada, que está colegiada en Granada, habían sido contratados por la perjudicada en 2015 «para efectuar una reclamación de cantidad ante la jurisdicción Social».
La clienta y denunciante, R. L., ha estado representada por la abogada Rocío Padilla, de Ártico Abogados, ejercía la acusación particular y reclamaba seis años de prisión. Según figuraba en su escrito de califcación provisional, la mujer se personó finalmente en el FOGASA en enero de 2020 y fue cuando le informaron de que «las cantidades se habían abonado hacía dos años». Además, le confirmaron que el pago se había hecho en la cuenta de la profesional que había representado sus intereses en su pleito laboral.
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