369 granadinos fallecieron el año pasado con la solicitud de dependencia sin resolver

A pesar de que la cifra es elevadísima, se trata de la más baja del último lustro. Los fallecidos pendientes de la aprobación del programa individual de atención en Granada fueron 547 en 2021; 1.059 en 2020; 947 en 2019 y 527 en 2018. En la actualidad son 10.653 las solicitudes pendientes en la provincia, según ha calculado IDEAL a partir del Informe de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía (ASSDA). La mayoría de solicitantes, un 62%, son mujeres. La franja de edad por encima de los 80 años agrupa el 46,62% de las peticiones.

El tiempo medio de resolución de un expediente en Andalucía es el segundo más elevado del país después de Canarias. El informe de la ASSDA, que también analiza 2023 -de enero a abril-, sitúa la cifra este año en 552 días (un mes más). En España, el tiempo de espera medio es de 334 días. El máximo permitido por Ley para tramitar un expediente es 180.

Para contextualizar, la Federación de organizaciones andaluzas de mayores (Foam) compara los datos actuales con los de diciembre de 2018, cuando el Partido Popular llegó a la Junta de Andalucía. En la comunidad había 109.470 personas en lista de espera y 5.096 fallecieron esperando la resolución de su expediente. «La situación que se encontraron era muy mala. En los años siguientes fue mejorando progresivamente hasta abril de 2022, cuando se alcanza la mejor situación en mucho tiempo», destaca Martín Durán, presidente de la Foam.

La segunda etapa que diferencia la federación es a partir de abril de 2022, cuando «comienza un nuevo equipo y vuelven a aumentar las listas y los tiempos de espera». Las cifras, según denuncian, «están empeorando mes a mes». En 2022 había 84.109 andaluces en lista de espera y 4.055 fallecieron. En 2023, según los últimos datos, hay 86.096 en lista de espera. «No puede seguir aumentando ni un mes más, hay que habilitar los medios necesarios para solventar este grave problema», añade Martín Durán.

Para que estos expedientes avancen es fundamental el trabajo de los valoradores, que luego remiten su informe a la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia para que dicten una resolución. La queja generalizada es que son menos trabajadores de los que debería haber y demasiados los casos a atender.

Claudia (nombre ficticio), trabajadora social que trabaja como valoradora en la provincia, cuenta cómo es el proceso. Primero citan al solicitante por teléfono y acuden al domicilio. Para elaborar el informe tienen en cuenta su entorno, sus condiciones de salud, información aportada por el centro de salud, la observación directa de sus dificultades o la entrevista en profundidad. La puntuación depende de varios factores: por ejemplo, una persona que viva en una casa de dos plantas tendrá más que alguien con una vivienda adaptada. En función de todos estos elementos se determina el grado de dependencia.

La espera del usuario no acaba ahí. Después viene la elaboración del Programa Individual de Atención (PIA), el último paso burocrático, que determina qué prestación es la más adecuada. La valoradora alerta de que faltan profesionales en varias comarcas de la provincia, lo cual prolonga la espera. «Es fundamental aumentar los recursos para agilizar el tiempo. A nosotros nos afecta personalmente, porque vemos que tienen necesidades muy grandes sin cubrir, se mueren esperando y sus cuidadores están destrozados físicamente y psicológicamente», concluye Claudia.