El Arzobispado pide luz verde para reactivar el proceso canónico del padre Román

IDEAL ha tenido acceso al escrito presentado por el abogado del Arzobispado de Granada, Torcuato Recover, ante la Sección Segunda del tribunal provincial. El documento aterrizó en Plaza Nueva el jueves pasado y ya ha sido derivado a la magistrada que redactó la sentencia, Aurora Fernández, quien ahora se pronunciará al respecto.

En concreto, el Arzobispado de Granada, que estaba acusado en la causa penal como responsable civil subsidiario lo que implica que habría tenido que afrontar la indemnización en caso de condena, pregunta a la Audiencia si, tras la absolución, «no tiene ya efecto la suspensión en su día acordada».

Esa suspensión fue dispuesta por el juez Moreno en noviembre de 2014, en el mismo auto mediante el que declaró secretas las actuaciones, cuando aún ni siquiera se había detenido al padre Román y a otros tres miembros de su círculo religioso: dos curas, a los que también se les abrió un proceso canónico, y un profesor de Religión.

En aquel auto que ilustra esta información, el magistrado pidió a la Iglesia que dejase de investigar a fin de no perjudicar al secreto de sumario con el que trató de proteger la investigación en sus primeros meses. El juez ordenó exactamente que se notificase su decisión a la fiscalía, a la policía judicial y «a la confesión religiosa a la que pertenecen los denunciados», al tiempo que dispuso que debían «paralizarse todas las actuaciones administrativas o internas de investigación que pudieran estar realizándose que puedan perjudicar el secreto acordado y a la investigación judicial en curso».

El proceso canónico, como precisaron las fuentes consultadas, se sigue en la Congregación para la Doctrina de la Fe, que es el tribunal eclesiástico donde aterrizan todos los casos en los que se atribuyen posibles delitos a sacerdotes. Allí es, por tanto, donde se halla físicamente el expediente eclesiástico contra Román M.V.C., así como contra M.M.M. y F.J.C., los otros dos religiosos que se vieron en un primer momento salpicados por este escándalo y que, al igual que el párroco del Zaidín, siguen suspendidos de sus funciones sacerdotales, lo que les impide, entre otras cosas, oficiar misa.

En su escrito, el abogado de la Curia, recuerda que se ha concluido ya la tramitación de la causa penal, si bien existe un recurso de casación ante el Tribunal Supremo (TS) anunciado por el denunciante, bautizado con el nombre ficticio de Daniel, «que entendemos indica no afectaría a la cuestión que ahora interesamos». Y es que para el abogado del prelado, Francisco Javier Martínez, «carece ya de justificación la suspensión de actividades internas, conforme a la propia normativa de la Iglesia Católica, en relación a los hechos objeto de esta actuación». No obstante, pide expresamente a la Audiencia que así lo confirme, «procediendo, por tanto, continuar las actuaciones que en su caso procedan».

El tribunal que enjuició el caso Romanones lo absolvió ante la «total y absoluta» falta de prueba y condenó a Daniel a hacer frente a las costas de la defensa del padre Román, cuyo letrado es Javier Muriel Navarrete.

Ante el escrito del Arzobispado, este diario contactó ayer con la defensa del sacerdote, que sólo ofreció como respuesta: «Mateo 22:21», en referencia a la cita bíblica que dice: Pues lo del César devolvédselo al César, y lo de Dios a Dios.

El padre Román se enfrentaba a elevadas peticiones de cárcel (26 años pedía la acusación particular que ejercía Daniel y 15 la acusación popular ejercida por Prodeni), mientras que su defensa siempre había proclamado su inocencia.