Arranca el juicio del 'caso Mercamed'

Será este tribunal el que decida, tras las cuatro sesiones previstas, si el exvicepresidente de la Diputación de Granada Julio Bernardo (IU) y otras once personas, entre las que figuran técnicos de la institución provincial en aquellas fechas y un grupo de empresarios, cometieron los delitos que se les atribuyen. Está previsto que el coordinador provincial de IU, Manuel Morales, y el secretario provincial del PCE, Juan Francisco Arenas, acudan esta mañana a apoyar a Julio Bernardo a Plaza Nueva.

Según las fuentes judiciales consultadas por este diario, el juicio, cuya finalización está señalada para el día 21, se iniciará con los interrogatorios de los acusados. En principio, salvo que se produzcan cambios en el orden inicialmente dispuesto, hoy declararán ante el tribunal seis encausados y mañana miércoles los otros seis. La tercera jornada se centrará en los testimonios de los testigos propuestos, que según las fuentes son once. Durante la última sesión, las partes ofrecerán sus informes finales y los acusados podrán ejercer su derecho a pronunciar la última palabra.

La fiscalía reclama penas de ocho años y cinco meses de prisión. Aprecia un total de cuatro ilícitos: prevaricación administrativa perpetrado por funcionario público en concurso ideal con otro de tráfico de influencias, un delito continuado de tráfico de influencias perpetrado por particulares, un delito continuado de malversación de caudales públicos, y un delito continuado de falsificación de documento mercantil. Así consta en el escrito de conclusiones provisionales del ministerio público, que fue emitido en diciembre de 2015.

La investigación de este asunto la llevó el Juzgado de Instrucción número 6 de la capital y, aunque inicialmente había 14 investigados, el fiscal del caso, Valentín Ruiz, excluyó a dos personas de cara al juicio. Una de ellas era María del Mar F.S., mujer del actual alcalde de Granada, Francisco Cuenca, que por entonces era portavoz del Grupo Municipal del PSOE en el Ayuntamiento.

Julio Bernardo sí tendrá que sentarse frente al tribunal, pues cuando se organizó aquella feria era vicepresidente segundo de la Diputación Provincial y diputado delegado de Promoción de Economía y Empleo. El fiscal recuerda que asumió el desarrollo y ejecución del Programa Poctefex, el programa sustentado en fondos europeos en el que se enmarcó el evento en Tetuán. Se enfrenta a 8 años y cinco meses de cárcel, 17 años de inhabilitación y dos multas (una de 250.000 euros y otra de 1.620).