Los operadores jurídicos exigen el fin de la dispersión de las sedes judiciales

En una rueda de prensa sin precedentes, que se desarrolló en la sede de la Presidencia de la Audiencia, sita en la Plaza Luis Rosales, los operadores jurídicos explicaron que han remitido su reivindicación conjunta por escrito a la Junta de Andalucía y a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

El documento lo firman los mismos que acudieron al acto: Delfín Fernández, presidente de la Junta de Personal de Justicia; Gonzalo de Diego, decano del Colegio de Procuradores; José Luis López Fuentes, presidente de la Audiencia; Eduardo Torres, decano del Colegio de Abogados; Jesús Rodríguez Alcázar, juez decano de Granada; y José Esteban Sánchez-Montoya, presidente del Colegio de Graduados Sociales.

En su escrito, denuncian «el perjuicio» que para todos supone la actual diseminación de sedes por toda Granada, a la vez que reclaman medidas que permitan «prestar un servicio público en condiciones». Para ello, la Audiencia Provincial de Granada, como enfatizó su presidente, José Luis López Fuentes, no puede permanecer por más tiempo dividida, ya que las secciones penales están en el Palacio de la Real Chancillería y las civiles en la Plaza Luis Rosales, en un inmueble de alquiler que supone un gasto de «más de 300.000 euros anuales». Quieren que su sede sea el edificio de Plaza Nueva que hay frente a la Real Chancillería.

Granada, que es la capital judicial de Andalucía, tendría que ser «un ejemplo a seguir en infraestructuras, en espacios judiciales y en modernidad, a juicio de López Fuentes. Pero, «lo cierto agregó es que en unificación de los espacios estamos a años luz de lo que debería de ser una solución aceptable». Y es que para los colectivos representados en la mesa de la justicia escenificada ayer, «la realidad es francamente inaceptable». Por lo pronto, Granada no tiene un edificio único para la Audiencia. Luego está la ausencia de algo tan elemental «como un servicio de atención al ciudadano, de reclamación y de quejas».

Si la situación de la Audiencia es «gravosa», más lo es el panorama de los órganos unipersonales, pues están en tres puntos distintos de la ciudad: Plaza Nueva (sigue habiendo diez juzgados de Primera Instancia en el edificio que hay frente al Palacio de la Real Chancillería, que alberga también la sede del TSJA), Caleta (acoge la inmensa mayoría de juzgados) y Marqués de la Ensenada (los dos de Menores). En Caleta, se está llegando aparte a situaciones «a veces de colapso». Basta con acudir una mañana a primera hora y contemplar las largas colas del Registro Civil o comprobar los «reducidos» espacios que sirven de antesala a algunas salas de vistas, como las de Familia, dando lugar a situaciones incómodas y delicadas entre las partes en conflicto. «No queremos hablar de una Ciudad de la Justicia fuera, en la periferia», aclaró el presidente. Todos los colectivos implicados, de hecho, abogan por la permanencia de los tres grandes espacios judiciales en sus actuales emplazamientos, dado el movimiento social y económico que generan y la comodidad de acceso para el ciudadano. Están a favor del eje Caleta-Banco de España-Plaza Nueva, pero con sus sedes bien definidas, unificadas y optimizadas. El antiguo edificio del Banco de España, por ejemplo, sólo está aprovechado en una tercera parte, mientras que en Caleta los fiscales ocupan aún gran parte de la séptima planta.

López fuentes recordó que lleva dos años al frente de la Audiencia y lo único que se ha conseguido ha sido reformar la planta quinta de la Caleta que estaba vacía, para ubicar allí el Juzgado de lo Mercantil 1 y en un futuro próximo el 2. En Plaza Nueva sigue habiendo diez juzgados. Quedan por hacer las plantas sexta y séptima de la Caleta, un proyecto con un plazo de ejecución de dos años para que albergue seis de esos diez juzgados. De ese modo, cuando acaben las obras seguiría habiendo cuatro órganos en Plaza Nueva y la Audiencia no podría ir allí aún. Utilizar el actual edificio de la Delegación de Salud, que está junto a Caleta, no deja de momento de ser igualmente una opción sin plazos. «Lo que queremos es un proyecto integral, unos plazos y que en un máximo de dos años pudiera conseguirse lo que estamos demandando», resumió el presidente.