La jueza del caso Nazarí rechaza que haya prescrito uno de los asuntos investigados

En un auto, fechado el 21 de marzo y al que ha tenido acceso este diario, la jueza explica que hay que esperar a las conclusiones de los investigadores policiales, que aún no han culminado totalmente sus pesquisas. Recuerda así que el Grupo de Delincuencia Económica de la Policía Judicial de Granada y la Udef aún están trabajando en el volcado de los dispositivos electrónicos intervenidos en los registros del día de las detenciones del exalcalde José Torres Hurtado (PP) y el resto de investigados, y analizando la documentación que se llevaron de las dependencias municipales, despachos profesionales y casas particulares.

Junto a ello, resalta que uno de los delitos que se investigan es el de «organización criminal» por la existencia, presuntamente, en el ámbito del Ayuntamiento y dentro de Área de Urbanismo, de una supuesta connivencia entre el que fuera director de Obras, Manuel Lorente, y varios empresarios, entre los que sitúa a José Julián. Dicha supuesta connivencia estaría relacionada no sólo con «la adjudicación de los concursos para la construcción sino también para la posterior explotación de los aparcamientos públicos en Granada». Existe, según añade el auto, una gestión de servicios públicos bajo sospecha «vigente en la actualidad», por lo que «por tanto, es perfectamente posible, vistas las fechas de actuación referidas a los años 2000 a 2007, que los hechos no estén en ningún momento prescritos, puesto que no habrían transcurrido los 10 años necesarios para ello». En cualquier caso, insiste en que hay que esperar a los informes policiales.

La instructora también rechaza que se dé en la parte que afecta a este empresario -salpicado asimismo por las presuntas irregularidades del Casería de San Jerónimo y Cerrillo de Maracena (PP-T1)- la excepción de cosa juzgada (el efecto de cosa juzgada es el que producen las resoluciones judiciales firmes, en el mismo proceso o en otros). Y es que la defensa del promotor pretendía extraer del procedimiento «todos aquellos documentos e informes» relacionados concretamente con dos procesos que fueron archivados, de forma definitiva y anteriormente, por los juzgados de Instrucción 1 y 4. La magistrada de Instrucción 2 no ha accedido a esta solicitud.

Asimismo, solicitaba el promotor que se 'trocease' la investigación del caso Nazarí en distintas piezas con los diferentes expedientes y que éstas fueran remitidas a otros juzgados a fin de evitar que se forme una «macrocausa». Se quejaba además de que se esté realizando una investigación «prospectiva», algo que está prohibido en el derecho español y que la jueza rechaza «totalmente».

En su resolución, la magistrada rechaza dividir el caso para mandarlo a distintos juzgados, pero no descarta la posibilidad de separar los asuntos en piezas distintas y ha pedido un informe la fiscal Sara Muñoz-Cobo. «Lo que no es en absoluto posible es la remisión de las actuaciones a otros juzgados», resuelve, puesto que «implicaría, claramente, que se produjera la ruptura de la continencia de la causa», impidiendo medidas de investigación que deben adoptarse «de forma conjunta».