El juez que investiga los consorcios de empleo cita al director provincial del SAE

Según consta en una providencia dictada por el magistrado el pasado 20 de febrero, a la que ha tenido acceso IDEAL, la comparecencia de este alto cargo del SAE a nivel provincial se desarrollará a las 9,00 horas.

En el mismo documento, el instructor, que se ha hecho cargo de la investigación tras decidir el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que la parte concerniente a Granada hay otras actuaciones en Sevilla se investigue aquí, acuerda además ampliar el período investigado. En un principio, las actuaciones abarcaban el período comprendido entre los años 2010 y 2012, pero el juez Ruiz Martínez ha establecido que se practiquen las diligencias desde 2009.

Como se desprende del documento, el magistrado va a empezar por el consorcio de La Zubia. Así, dispone que la Guardia Civil de Granada identifique y cite ante el juzgado para el próximo 27 de marzo, a partir de las 10,00 horas, a los dos vocales designados por las organizaciones empresariales, y al director y secretario del Consorcio de este municipio del área metropolitana.

Este diario ha tenido acceso también al auto por el que se activó la causa a mediados del mes pasado. En esta resolución, dictada el 13 de febrero, el juzgado ordenó que se recabara diversa documentación relativa a la UTEDLT (Unidad Territoriales de Empleo, Desarrollo Local y Tecnológico) de La Zubia. En concreto, pedía los expedientes «de las ayudas/subvenciones» que hubieran sido solicitadas y concedidas a este consorcio. Para la obtención de estos documentos, acordaba que se librase oficio al presidente del SAE y al director general de Intermediación e Inserción Laboral.

Otros de los papeles que quiere ver el juez sobre su mesa son los libros contables de aquella unidad territorial y los «contratos laborales de los Agentes Locales de Promoción y Empleo (ALPEs) y Directores del Consorcio». De igual modo, quiere examinar lo que haya relativo a la Comisión Liquidadora de este consorcio, que desapareció, como el resto, en 2012.

Otro de los encargos que realizaba el instructor en el referido auto fue que el Equipo de Delitos contra la Administración de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil identificase y citase al delegado provincial de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico, a los alcaldes integrantes del consorcio de La Zubia y al presidente de la Mancomunidad del Río Monachil entre 2010 y 2012.

En Granada fueron 17 los consorcios UTEDLT. Estos agrupaban a distintos municipios y no todos serán investigados en la ciudad, sino solo los circunscritos al partido judicial de Granada, que serían aproximadamente una tercera parte.

Ayuntamientos

Los consorcios que la fiscalía incluyó en la denuncia que motivó la judicialización de este asunto son: Loja, del que formaron parte 8 ayuntamientos; Baza (8); Motril (13); La Zubia (10); Alhama de Granada (6); Padul (8); Santa Fe (1); Guadix (18); Comarca de Huéscar (mancomunidad de municipios de la comarca de Huéscar); Atarfe (7); Marquesado de Guadix (10); Cádiar (9); Iznalloz (14); Armilla (10); Órgiva (14); Río Verde (4); Alfacar (8).

Las fuentes judiciales consultadas señalaron que a lo largo de la instrucción del caso se determinará si los consorcios pidieron efectivamente las subvenciones previstas para promocionar el empleo en zonas rurales, y si éstas fueron concedidas.

Para buscar el origen de este asunto hay que retroceder a 2014. Ese año, la Fiscalía Superior de Andalucía abrió unas diligencias de investigación penal sobre estas presuntas irregularidades. Las anomalías que apreció el entonces fiscal superior Jesús García Calderón tenían que ver con la contratación de personal de las UTEDLT. La fiscalía andaluza actuó a raíz de una denuncia del Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) recibida en la Fiscalía de Sevilla y basada en las conclusiones de un informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía.

Esa investigación derivó en una denuncia de la Fiscalía Provincial de Granada en los juzgados de la capital por un posible delito de malversación de caudales públicos, pero también por posible fraude o prevaricación administrativa. Como la denuncia incluía a dos altos cargos del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) en Sevilla, los juzgados de Granada se inhibieron a favor de los de la capital hispalense, pero finalmente el TSJAdijo que fuese aquí donde se investigue la parte que corresponde al ámbito del partido judicial de Granada, a fin de tratar de esclarecer si el dinero de aquellas subvenciones, que ascendieron en Andalucía a más de 57 millones de euros, de los cuales más de 8 fueron para Granada.