«Estaría bien que se prohibieran los desahucios en Navidad. Aquí nunca se para. Somos las 'urgencias' del Ayuntamiento»

Jurista vocacional, siendo un niño ya tenía claro que quería dedicarse al derecho, Gerardo es el abogado de la Oficina Social de la Vivienda, un departamento del Ayuntamiento de Granada cuya función consiste en impedir, con la ley en la mano, que haya personas que se queden en la calle porque no pueden pagar una hipoteca o un alquiler.

En sus tres años de existencia, dicho servicio ha atendido a más de 3.400 personas, una 40% de las cuales estaban a punto de ser desahuciadas. La expresión 'a punto' no es una exageración periodística para añadir dramatismo a la narración. «En una ocasión, disponíamos exclusivamente de dos horas. Y se paró», detalla el letrado, que admite que su trabajo conlleva una considerable sobredosis de estrés -aunque a él no se le note, es un hombre pausado que transmite calma-. «Ha habido días en los que hemos tenido que hacer frente a ocho desahucios prácticamente a la vez», señala.

Esa frenética actividad ha sido provechosa y Gerardo y su compañera Guadalupe Plaza, trabajadora social, pueden presumir de que ninguno de los ciudadanos que solicitó su ayuda se ha quedado sin techo. Pero este 'oficio' también tiene una cara amarga: hay ocasiones en que el afectado no sobrevive para ver solucionado el problema que le estaba matando. «Hubo una persona que se suicidó. Sufría depresión. Lo más triste es que todo estaba arreglado», recuerda el abogado.

Gerardo, que pronto será padre por primera vez, no tiene tiempo ni para apenarse. Su teléfono suena constantemente y al otro lado siempre hay alguien que tiene un pie en la calle.

¿Cómo acabó en esta trinchera 'anti-desahucios'?

Tenía experiencia en temas de empleo en la Junta de Andalucía y tuve la oportunidad de venir al Ayuntamiento. Y acepté, porque suponía una oportunidad para ampliar la esfera de conocimientos desde una perspectiva social y prestar un servicio público a la ciudadanía.

He utilizado el término 'trinchera' para describir la Oficina Social de la Vivienda, ¿está de acuerdo?

Tenemos mucho trabajo, eso es indudable. Pero, a pesar de que las familias vienen con muchos problemas, prácticamente sobrepasadas, nunca dan voces. Eso no ocurre. La gente agradece cualquier tipo ayuda. Y lo agradece muy bien.

¿Por ejemplo?

Con una sonrisa. Y eso enriquece mucho.

¿A cuántas personas han atendido?

Desde 2013 y hasta mediados de este año, a más de 3.400 personas. Es que detrás de las familias que se ven afectadas por un desahucio hay menores, personas mayores, dependientes... Ahora se nos está dando el problema de que hay condenados por violencia de género que dejan de pagar las hipotecas, lo que puede suponer el inicio de un procedimiento de ejecución hipotecaria que lleve a la calle la mujer y a los hijos. Eso es perpetuar la violencia de género. Y nuestra obligación es encontrar nuevos caminos para evitar estas situaciones.

Si el Ayuntamiento de Granada fuera un hospital, ¿ustedes serían las urgencias, la UCI, psiquiatría...?

Hay quien dice que las urgencias sólo están en el Servicio Andaluz de Salud, pero la gente se sorprendería de las velocidades que cogemos en los pasillos porque tene mos que paralizar un desahucio. Y algunas veces sólo tenemos horas.

¿Cuál ha sido el margen mínimo?

En una ocasión, disponíamos exclusivamente de dos horas. Y se paró. Nos llamó la familia para decirnos que la Policía estaba en la puerta. Pero tenían un derecho legítimo que acreditar y el juez lo admitió. Sí, somos las 'urgencias' del Ayuntamiento. Pero con parar un desahucio no se solucionan los problemas. Luego hay que adentrarse en todas las problemáticas que trae esa familia, porque cuando una persona ha dejado de pagar un alquiler o una hipoteca es porque ya no le queda otra. La última obligación que se deja de pagar es la casa. Aquí llegan personas con la resignación de que no hay salida, de que no tienen derechos, pero sí los tienen. A las familias no hay que ofrecerles una esperanza sino una solución. Por eso es muy importante conocer y explicar los derechos. Hasta hace poco más de cuatro años presentar alegaciones en un procedimiento hipotecario o de impago de alquiler era ir en contra de lo irremediable, pero ahora resulta que hay derechos que no se ejercían y que hemos empezado a descubrir y a levantar.

Bueno la Constitución ya dice que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, pero hay quien piensa que esas palabras están escritas sobre papel mojado.

Para apoyar la suspensión de un lanzamiento (desalojo) nunca utilizo ese artículo. Es que ese artículo esta condicionado a un desarrollo legal que ya lo tenemos. La Junta de Andalucía dictó una ley reguladora del derecho a la vivienda y hubo una sentencia del Tribunal Constitucional que declaró inconstitucionales ciertos apartados. Pero la norma está vigente y en ella se disponen una serie de derechos. El artículo 20, por ejemplo, dispone que las administraciones públicas andaluzas favorecerán el alojamiento transitorio de las personas con riesgo o en situación de exclusión social y que no puedan acceder a una vivienda protegida. O sea, que tenemos una obligación como Ayuntamiento. Y la atención, insisto, no es sólo información. Debemos intervenir desde el derecho y desde el trabajo social. Y, además de la regulación de la Junta, también está la Ley del Menor...

¿Han logrado paralizar desahucios porque había niños afectados?

Claro. Todos tenemos que velar por el interés superior del menor, incluidos los juzgados. Y eso nos permite a nosotros tener un poco más de tiempo para dar una alternativa a esa familia. Recurrimos a esas leyes continuamente, porque tenemos del orden de dos desahucios al día. En una ocasión, tuvimos ocho en un día. No pudimos ni ir a comer.

¿Hay timadores alrededor de los desahucios, personas que se aprovechan de la desgracia ajena?

Como las subastas se publican, hay empresas que contactan con los afectados para decirles que les van a suspender el desahucio y que tienen que hacer un ingreso de 'x' dinero. Es legal, pero a las familias hay que dirigirlas a los servicios gratuitos. Que las empresas se ofrezcan no es ilegal, pero tampoco es moral.

¿A qué empresas se refiere?

A despachos de abogados que, por cierto, son de otras provincias.

¿Les temen los bancos?

Nosotros tenemos que ser negociadores. Nosotros colaboramos para que ambas partes lleguen a una solución. Tenemos que facilitar que las familias hagan lo que desean, que es mantener sus viviendas y pagarlas. Nadie quiere perder su vivienda. Además, es que los desahucios no son 'rentables'.

Explíquese.

Un desahucio generas gastos de comunicación, gastos de los abogados de ambas partes, gastos del funcionamiento del aparato judicial, gastos del desplazamiento de la comisión judicial, de los miembros de los cuerpos de seguridad del Estado, de las ambulancias, de los bomberos, de los servicios sociales... Si sumamos todos esos gastos y entregásemos la cantidad resultante a las familias muy probablemente conseguiríamos que salieran adelante. Lo rentable socialmente es atender a estas familias, posibilitar que se reincorporen al tejido productivo.

¿Diría usted que ya se ha acabado la crisis?

Para algunas personas sí y para otras no.

Ojalá que haya menos desahucios cuando su hijo venga al mundo.

Para eso estamos trabajando.