Las defensas del 'caso Nazarí' recurrirán la personación del empresario que inició la causa

El auto que dictó el pasado lunes la titular del Juzgado de Instrucción 2 de Granada, María Ángeles Jiménez Muñoz, para levantar el secreto de sumario de esta investigación ha permitido a las partes conocer de manera pormenorizada el número de investigados, los expedientes urbanísticos analizados, los posible delitos cometidos y los protagonistas de la causa.

El sumario, que se distribuyó ayer a las partes en formato digital, supera los 15.000 folios y 21 gigas de peso, incluye ocho expedientes urbanísticos y las declaraciones que prestaron en calidad de investigados las 17 personas citadas por la juez instructora, junto a los informes policiales que motivaron la causa.

También dibuja el fondo del caso "Nazarí", en el que la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) apunta la existencia de una "trama corrupta" de la que forman parte los investigados y una docena de empresas implicadas en una causa que comenzó a investigarse tras la denuncia que presentaron ante la Fiscalía el empresario Ramón Arenas y los propietarios de un plan parcial.

Arenas actúa en la causa como acusación particular, un papel que recurrirán parte de los investigados al considerar que no puede ejercer este tipo de acusación porque no es un perjudicado directo en la causa y que debería actuar, como hacen los grupos municipales de PSOE y "Vamos Granada".

"No se puede confundir venganza con perjuicio y actúa con claro ánimo de venganza", ha detallado a Efe el abogado Ernesto Osuna, que defiende a la que era concejal de Urbanismo en el momento de los hechos, Isabel Nieto, y a otros funcionarios investigados.

El empresario ha denunciado de manera reiterada operaciones urbanísticas del Ayuntamiento de Granada, junto a pleitos personales contra Nieto, por lo que Osuna ha considerado que su personación responde a una venganza personal y deberá actuar como acusación popular al no ser perjudicado en ninguno de los expedientes.

Osuna ha interpretado, según los datos recogidos en el sumario, que la causa se sustenta en "interpretaciones" de la normativa urbanística por disputas previas y ha reiterado que se mueve en la vía Contencioso Administrativa y no en delitos penales.