El juez Torres dice que "la mentira o la falta de escrúpulos en un político no es delito"

José Luis Hernández denunció a Luisa García Chamorro por injurias y calumnias y, tras batallar cinco años en los tribunales, logró que la exalcaldesa de Motril se sentara en el banquillo, con una petición de diez meses de prisión. El magistrado Miguel Ángel Torres -el instructor del caso Malaya- acaba de emitir su sentencia: García Chamorro, absuelta. Aunque prácticamente nada de lo que dijo era verdad. Pero los políticos -según el juez- deben encajar los golpes mejor que el resto de ciudadanos.

La sentencia entiende que las manifestaciones no representan una calumnia porque García Chamorro no atribuye «claramente» con ellas ningún delito al anterior gerente de Visogsa. «Podemos encontrarnos ante un insulto o una descalificación. (...) Puede ser una crítica injusta y, de hecho, García Chamorro no tiene razón en lo que dice (...) pero no le imputa ningún delito». Por ejemplo, que te gusten las marisquerías no está penado; de momento.

Para que fuese una injuria, argumenta el juez, las declaraciones tendrían que estar hechas intencionadamente para lesionar la dignidad. Sin embargo, el magistrado entiende que se produjeron en el «seno de un enfrentamiento entre partidos» y sostiene que Hernández no era en ese momento un «particular, un ciudadano privado, sino un político contratado en Visogsa». Aunque lleve razón, no tiene derecho al pataleo; al menos, en la jurisdicción penal.

El juez aprovecha la sentencia para incluir algunas reflexiones generales sobre la vida pública: «La crítica, mayoritariamente injusta, realizada sobre don José Luis es una crítica política. (...) Nos encontramos ante políticos que van cambiando de cargo o empleo en empresas y organismos públicos en los que manda su partido, pudiendo ser personas formadas o preparadas o absolutos incompetentes, (...) políticos todoterreno preparados para cualquier cargo en cualquier materia».

Si se multara por mentir...

El magistrado interpreta que la rueda de prensa de García Chamorro aunque «no acertada» entra en la libertad de expresión y atribuye los «errores manifiestos y palmarios» a que la comparecencia se preparó de manera «apresurada». «Desde luego que lo dicho, en muchos casos, es falso, erróneo y malintencionado, pero el hecho de que un político pueda realizar descalificaciones injustas de sus contrincantes, que utilice datos sin contrastar e incluso que mienta, no debe sorprender. La mentira o la falta de escrúpulos para un político no es delito, pues si todos los que mintieran fueran condenados la lista de personas con antecedentes penales sería interminable y con las multas impuestas se paliaría el déficit público. (...) Las palabras de la señora Chamorro son un ejemplo más de los miles de casos de manifestaciones que reflejan la podredumbre política existente».

Para concluir, el magistrado recomienda que este tipo de episodios se diriman en la jurisdicción civil:«Lamentando que este asunto haya llegado inexplicablemente a este estado procesal tras cinco años, con el consiguiente coste para los ciudadanos y pérdida de tiempo y recursos para la justicia en lugar de resolver lo que de verdad preocupa a los ciudadanos».

Una sentencia de 31 folios muy expresiva que, en realidad, satisface según se mire las pretensiones de las dos partes. Luisa García Chamorro está absuelta y queda probado que la Visa Oro de José Luis Hernández no era precisamente una black. Siete mentiras, ningún delito.