Piden dos años de cárcel a Buonanotte e Ighalo por falsificar el carné de coche

Los dos futbolistas forman parte de un entramado de 102 personas investigadas en una operación policial desarrollada entre los años 2013 y 2014 por la Guardia Civil y adelantada en su día por IDEAL en exclusiva. El ministerio público divide la trama en dos: cuatro acusados que lideraban la red y 97 personas que pagaron para aprobar el examen teórico. Ighalo y Buonanotte forman parte de este último grupo.

El exvigilante jurado responsable de la custodia de los exámenes teóricos presuntamente aprovechaba la ausencia, en la hora del café, de los miembros del tribunal examinador para corregir las preguntas mal contestadas por los clientes de la trama. Los ahora investigados en esta causa utilizaban bolígrafos de tinta borrable, lo cual permitía al vigilante tachar la respuesta errónea y señalar la correcta.

Cuando llegaron a Granada, tanto Ighalo como Buonanotte, el primero de nacionalidad nigeriana y el segundo argentino, tenían carnés de conducir no homologados con el español, lo cual les obligaba a pasar un examen para lograr la pertinente autorización.

Corrió la voz

En Ciudad Real, donde residía otro de los presuntos conseguidores de la trama, se corrió la voz de que pagando era fácil aprobar el examen teórico en Granada y fueron bastantes las solicitudes de traslados de expedientes para examinarse en la Jefatura Provincial de Granada. Una vez aprobado, el aspirante volvía otra vez a solicitar el traslado de su expediente a Ciudad Real, Barcelona, Madrid, Málaga, Cádiz, Toledo, Mallorca o Córdoba, entre otros. No hay ningún funcionario ni trabajador de la Jefatura Provincial de Tráfico vinculado a esta trama. Sólo está implicado como principal acusado de este entramado el exvigilante jurado, ajeno a esta institución porque pertenecía a una empresa privada aunque desarrollaba su trabajo en esta jefatura.

Además del vigilante jurado, para quien el fiscal solicita una pena de seis años de prisión, la trama estaba liderada por otras tres personas más: una de Ciudad Real, otra de Jaén y una tercera, vinculada a una autoescuela de una localidad del poniente granadino. El ministerio público pide una pena de cuatro años de cárcel para cada uno de ellos. Desde cada uno de los municipios de residencia de los líderes de la organización se proporcionaba el transporte a sus clientes para venir a examinarse a Granada.

Carlos Aránguez, profesor de Derecho Penal y uno de los abogados de esta macrocausa, ha destacado la importante complejidad de la misma. «Es una causa compleja por el importante número de personas implicadas, no por el asunto en sí. Y este tipo de procesos suelen prestarse a un acuerdo previo. Hallar una sala para sentar a 102 investigados con sus respectivos abogados, no resulta fácil. El proceso penal suele ser poco dinámico y la instrucción es difícil, porque la justicia hoy en día sigue estando en la era Gutenberg y no en la digital».

Los clientes de la trama se dividían en tres grupos perfectamente identificados: españoles analfabetos, extranjeros de países como China o Senegal con importantes dificultades para dominar el lenguaje y un tercer grupo de personas sin tiempo para estudiar el código de circulación, pero con dinero suficiente para pagar por el aprobado en el examen teórico. Ighalo y Buonanotte presuntamente formarían parte de este último grupo.

«Es una injusticia que un analfabeto no pueda obtener el permiso de conducir. Antes, al menos, había unos sistemas de vídeos que facilitaban este trámite. Lo mismo le ocurre a un senegalés o a un chino, para quienes el código de circulación les resulta imposible estudiarlo. Quizás estos presuntos fraudes se practican por las dificultades existentes en esos colectivos de la sociedad para obtener el permiso de conducir», sentencia Aránguez. El fraude, teniendo en cuenta que se pagaba entre 1.500 y 2.500 euros, pudo dejar un beneficio de 200.000 euros.