El juez decano clama contra las malas condiciones de los edificios judiciales

Rodríguez Alcázar ha cumplido tres años como decano y desde el primer minuto ha mostrado un carácter reivindicativo, haciéndose eco de las demandas de jueces y funcionarios, y llamando la atención sobre los insuficientes medios con que cuentan los trabajadores de la administración de justicia para cumplir con su tarea.

El decano argumenta en su misiva que recientemente se han producido tres acontecimientos «reveladores» de la situación en la que se encuentran las sedes judiciales granadinas. A finales de agosto, un equipo de calefacción ardió en la fiscalía del Juzgado de Guardia. Los sistemas de calefacción y aire acondicionado tiene cerca de treinta años, recuerda el magistrado, y los fallos y averías son frecuentes «provocando temperaturas inadecuadas e inaceptables en juzgados y pasillos».

El decano, que ejerce como titular del Juzgado de lo Social número 1, con sede en la Caleta, indica que pese al buen hacer del personal de mantenimiento, la maquinaria no da para mucho más. «Cualquier día podemos encontrarnos con que dejen de funcionar de forma definitiva, o se produzcan nuevos incidentes». A ello se une la falta de un plan de seguridad actualizado así como actuaciones en prevención de incendios. En nueve años que lleva el propio magistrado destinado en Granada, «nunca se realizó un simulacro de incendios y no creo que se hiciera antes», señala.

Rampa en mal estado

Otra deficiencia palpable de los juzgados se puso de manifiesto recientemente cuando de la base de hormigón de la rampa de acceso al edificio central de Caleta se desprendieron varios bloques, que por suerte no alcanzaron a ninguna persona. A raíz de esto se detectó el mal estado de la rampa y que había un gran número de baldosas de mármol a punto de caer, con el riesgo que supone para viandantes, usuarios y personal, por lo cual se han tenido que acometer de forma urgente obras de reparación, «pero sigue habiendo múltiples deficiencias», remarca.

Por último, Jesús Rodríguez Alcázar, recuerda que hace escasas semanas se produjo un grave altercado entre dos familias que acudían a una vista en un juzgado de lo penal, que obligó a la intervención de personal de seguridad del edificio y Policía Nacional para resolver el incidente. El decano hace hincapié en que los lugares donde se produce la espera para los juicios «no son adecuados para ello y en un mismo vestíbulo que da acceso a juzgados de distinto tipo deben esperar en ocasiones decenas de personas en un espacio insuficiente, sin separación entre las partes».

El magistrado ya ha advertido en anteriores ocasiones del riesgo que esta situación genera. Y pone varios ejemplos. A los testigos protegidos se les esconde en algún pasillo cercano a las salas de vistas. En los juzgados de familia es «aún peor» ya que un pequeño espacio a la salida de un ascensor es donde todos los que esperan para entrar en juicio deben esperar. «Tampoco es lugar adecuado el destinado al Registro Civil, cuando decenas de personas, a veces muy mayores o con niños recién nacidos, deben esperar de pie en un lugar previsto para el paso a escaleras o ascensores. Por otro lado el juzgado que se encarga de dilucidar las incapacidades «en el que se ha de ser sensible con las personas que son atendidas, tampoco dispone de un lugar de espera y examen digno para estas personas», lamenta.

«No se puede esperar más»

Ante esta situación, decano sostiene que ya no puede «esperarse más» para «buscar soluciones». Rodríguez Alcázar conoce las obras que se están llevando a cabo en la quinta planta del edificio de Caleta ya terminadas, así como de la disposición por parte de la Delegación a buscar soluciones definitivas para la unificación de todos los juzgados en la Caleta, «que posibilitaría dejar de tirar el dinero de todos los andaluces en alquileres de edificios cuando se dispone de inmuebles vacíos».

Sin embargo, el decano entiende que la buena voluntad ya no basta. «Granada como sede además del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía no puede permitir mantener tal estado de precariedad y no puede seguir ofreciendo un servicio público de la justicia con una imagen de país en vías de desarrollo».

La demanda del magistrado no es la construcción de una ciudad de la justicia, con la que ya cuentan o van a contar otras capitales andaluzas, sino que con una inversión «mucho más pequeña» se podría afrontar la reforma de los edificios de Caleta, Plaza Nueva, y los que fueran necesarios para hacer realidad la unificación de las sedes de los juzgados y la Audiencia. Se trataría de una inversión pequeña «frente a la casi nula aportación que por parte de la Consejería de Justicia se ha hecho en los últimos años, ya que los gastos han sido básicamente en pequeñas reformas para poder afrontar necesidades perentorias o solucionar problemas puntuales», denuncia.

«Es necesaria una inversión mucho mayor y definitiva, de verdad, que adecúe y reordene espacios, y que permita que cuando un ciudadano o una ciudadana andaluza acude a estas sedes encuentre un lugar digno, ya que ahora no lo es. Como máximo responsable de la Consejería, le corresponde llevar a cabo las actuaciones precisas para evitar este estado de precariedad, y para evitar riesgos como los antes expresados que ya no pueden ser desconocidos», sentencia.