Isabel Nieto asegura que la Casa Ágreda se cedió con un "exceso" de garantías

Nieto ha hecho estas consideraciones a preguntas de los periodistas y después de declarar durante más de dos horas como investigada ante el titular del Juzgado de Instrucción 9 de Granada que analiza el intento de cesión del inmueble del patrimonial barrio del Albaicín.

La exconcejal, que dimitió junto al exalcalde José Torres Hurtado por una instrucción distinta y relacionada con una presunta trama de corrupción urbanística, ha cerrado este lunes la ronda de declaraciones por esta causa, que investiga posibles irregularidades en la adjudicación de un edificio del siglo XVI.

El Ayuntamiento firmó un contrato para el uso y posible compra de la Casa Ágreda con la oenegé Federación de Agencias Internacionales para el Desarrollo (AIDE), un expediente totalmente legal según ha apuntado Nieto.

La exconcejal de Urbanismo ha insistido en que el Ayuntamiento pudo ceder el inmueble de forma gratuita o por un precio simbólico y ha considerado que se excedió en las garantías porque lo hizo por concurso, con publicaciones y mirando "hasta el céntimo".

"Lo demás son inventos y ganas de enredar", ha resumido Nieto, que ha confiado en que el juez instructor archive la causa y ha lamentado que la denuncia por la cesión de Casa Ágreda no se llevara por un juzgado Contencioso Administrativo.

Nieto ha asegurado que el Ayuntamiento actuó "rigurosísimamente, con exceso y muy por encima de lo que la ley exige" y ha lamentado que los intentos para "asegurar" que se invirtiera el dinero que el edificio necesita hayan ocasionado "una historia terrible".

La exconcejal ha cerrado la ronda de declaraciones ante el juez instructor que se inició con el exalcalde Torres Hurtado el pasado 29 de septiembre y como el resto de investigados ha subrayado la legalidad del proceso.

Nieto ha contestado a las preguntas del juez, la Fiscalía y su letrado, pero no a las del resto de abogados en la causa.

El fiscal anticorrupción en excedencia Carlos Castresana, abogado de Vamos Granada, partido que ejerce la acusación popular, ha explicado a preguntas de los periodistas que las declaraciones de los investigados son "manifiestamente inciertas" y ha considerado que aflora además un posible blanqueo de capitales de la oenegé.

Castresana ha recalcado que el Ayuntamiento no comprobó la capacidad económica de la oenegé a la que cedió el inmueble, de "excepcional valor" y que fue "prácticamente regalado" y ha apuntado que la cesión se hizo en condiciones ventajosas que representan indicios de tráfico de influencias.

El Juzgado de Instrucción investiga en la causa los posibles delitos de prevaricación, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos.