Los primeros autos en Granada sobre cursos de formación exculpan a siete investigados

La UDEF de la Policía Nacional ha tomado declaración a más de quinientos alumnos y a los 46 investigados de Granada. /
La UDEF de la Policía Nacional ha tomado declaración a más de quinientos alumnos y a los 46 investigados de Granada.

El juez le ha tomado declaración a 22 de los 47 acusados en la provincia y la tercera parte de ellos ya está fuera del proceso

JOSÉ RAMÓN VILLALBA

El 'caso Edu' sobre la presunta trama de fraude en los cursos de formación dirigidos, principalmente, a desempleados tiene a 47 personas investigadas en Granada y sólo veinte han pasado por sede judicial para declarar, de los cuales siete ya han sido exculpados. Los tres primeros autos emitidos -el 14 de junio y dos el 5 de septiembre- por el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Granada, Basilio Miguel García, han archivado la instrucción de tres de estas piezas que mantenían a siete personas inculpadas. Los siete son empresarios, autónomos y particulares ligados a la impartición de tres cursos formativos: uno de cosedor de cuero, ante y napa; otro de empleado de oficina; y un tercero de conductor de camiones con remolque. Las tres acciones formativas fueron subvencionadas con importes de 58.500 euros, 63.787 y 43.605 euros respectivamente en expedientes datados en el año 2010, aunque los cursos se impartieron en 2011 y 2012.

El juez le ha tomado declaración a sólo 22 de los investigados, entre ellos un funcionario. Sólo están en espera de pasar por sede judicial los responsables de dos grupos empresariales vinculados a la enseñanza y la parte política de este caso, encabezada por la exdelegada de Empleo Marina Martín.

El juez y el ministerio fiscal han coincidido en estas tres causas en no contemplar materia penal para mantener las acusaciones sobre estas siete personas investigadas. La Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de la Policía Nacional (UDEF) contempló delitos de estafa o fraude en subvenciones, malversación de caudales públicos, falsedad documental y prevaricación en la investigación abierta en Granada contra los 47 investigados, uno de los cuales es un funcionario de la Junta de Andalucía sobre quien pesa una acusación de prevaricación y otro es Ángel Ojeda -exconsejero de la Junta-.

Se investiga la supuesta defraudación y desviación del importe de subvenciones recibidas. La pieza en la que se investiga a Ojeda incluye a otras cuatro personas más vinculadas al grupo Itaca y sobre la misma el titular del juzgado que instruye esta causa en Granada pidió su inhibición a favor del juzgado sevillano que ya investiga a Ojeda.

El auto descarta la existencia de un delito de estafa en el curso sobre conducción de camiones porque fue «impartido en su integridad» y el alumnado interrogado por la UDEF mostró su «satisfacción» por la formación recibida, «cumpliéndose el fin de la subvención», según reza en el auto.

Las presuntas irregularidades advertidas por la UDEF, relativas a la ausencia de autorización de operaciones vinculadas al curso y la justificación de gastos de docencia «excesivos», que supuestamente encubrirían un enriquecimiento ilícito por parte de los investigados, «no pueden adquirir el rango de indicios fundados y constatables de actividad criminalmente reprochable, dado lo confuso e interpretable de los conceptos de tutor y sus funciones, y el modo de efectuar la facturación por docencia».

Además, en este curso se efectuaron una serie de actuaciones correctoras a posteriori con la administración autonómica, consistentes en reintegros económicos de partidas «secundarias, no esenciales» que saldaron cualquier tipo de deuda pendiente con la Junta. No hay ni estafa ni desviación de subvenciones hacia otras actividades distintas de los investigados ni extrañas operaciones no autorizadas .

El auto sobre el curso de empleado de oficina archivado es casi una copia idéntica al anterior. No hay estafa porque el curso se impartió en su totalidad con el visto bueno de los alumnos a quienes la UDEF le tomó declaración y los gastos excesivos en materia de docencia resultan confusos e interpretables. Otras partidas económicas secundarias y no esenciales fueron reclamadas por la Junta y reintegradas.

Más de lo mismo ocurre con el curso de cosedor de cuero y napa, según entiende el juez. En esta causa, la UDEF puso la diana en dos facturas de 1.795,29 euros y de 29.330,43, realizadas, según las sospechas, parcialmente en beneficio de la empresa del investigado, y para el consumo de la casa particular y taller de confección del imputado y su familia. El juez tampoco apreció «indicios constatables y ciertos de desviación u ocultación alguna tras dichas facturas, habiendo dado el investigado una explicación razonable y coherente de los gastos realizados», descartando las sospechas de la UDEF.

Lo que ya sabíamos

«Está pasando lo que ya sabíamos y ha sido una actuación sin sentido porque ni la Junta ni las academias han hecho mal su trabajo. Dijeron que había un fraude de más de dos mil millones de euros en cursos de formación y ahora estamos viendo cómo los jueces están archivando las causas en Granada, en Almería, en Jaén y en otras provincias andaluzas, porque no existe fraude alguno. Los archivos son por inexistencia de delito», apunta Antonio Naranjo, presidente de la Confederación de Empresas de Formación de Andalucía, quien subraya «el importante daño efectuado al sector de las academias en Andalucía», advierte.

La explotación policial de la 'operación Edu' ha tenido cinco fases que han salpicado a la provincia de Granada. La primera saltó en el mes de julio de 2014 centrada en las ayudas concedidas en Málaga a 17 sociedades, dos de ellas de Granada, por un importe de 1,5 millones de euros, se saldó con 42 detenidos, cuatro de ellos de Granada (la mayoría, titulares de academias o autónomos, dos de Albolote y otros dos de Guadix) . En febrero de 2015, se desarrolla la segunda fase y se desarrolla por el litoral andaluz. La UDEF intervino en seis mercantiles granadinas que habían impartido cursos en Almería y Málaga. También en aquella fecha en Granada comenzaron a tomar declaración a medio millar de alumnos que acudieron a los cursos de formación bajo sospecha.

En los primeros días de marzo de 2015, la UDEF dio por cerrada la tercera fase de la operación en Granada con 34 detenidos más. Ese día, los agentes arrestaron a un cargo de confianza de la Junta de Andalucía, Juan M. L., por su presunta implicación en este fraude cuando desempeñaba un alto cargo en la delegación provincial de Empleo en 2010. Al día siguiente, también fue arrestado el que fuera consejero de Hacienda de la Junta bajo el mandato de Rodríguez de la Borbolla, Ángel Ojeda, por su presunta vinculación con el fraude.

Ese mismo mes de marzo, irrumpió la UCO de la Guardia Civil en la 'operación Barrado', un apéndice del 'caso Edu', y se produjo la detención en Granada de la ex delegada de Empleo Marina Martín. Las jefas de servicio de Formación de la delegación provincial, también imputadas, tuvieron que declarar. La última fase policial se registró en junio de 2015, cuando la exdelegada de Empleo Marina Martín volvió a ser detenida, ahora por la UDEF.

Antonio Naranjo advierte de que quizá se esté «desinflando el caso», tanto en Granada como en el resto de provincias. «Será entonces el momento de comenzar a plantearse pedir responsabilidades en los tribunales por todo el daño que se la hecho al sector», concluye.