Mil alumnos estudian en aulas prefabricadas

En Ogíjares, los alumnos del colegio Francisco Ayala cumplen este curso ocho años con aulas prefabricadas. Los padres, integrados en el AMPA Cervantes, llevan más de un lustro reclamando a la delegación de Educación una ampliación que no llega. Para acceder a clase los escolares deben atravesar una carretera en la que el tráfico es denso a primera hora del día. En paralelo, al lado de las tres aulas prefabricadas -unos 75 escolares- en las que se imparte el curso, se encuentra un descampado descuidado en el que se multiplican los matojos. Nanny Castilla, secretaria del AMPA Cervantes, añade que el entorno de las aulas prefabricadas no está adaptado para alumnos con necesidades especiales y critica que las clases estén separadas del citado solar por sólo una verja de obra. El delegado de Educación, Germán González, afirma que el gobierno andaluz se encuentra elaborando los presupuestos para el año 2017 y que en ellos esta instalación educativa tendrá una posición preferente: «Está dentro de nuestra planificación futura».

En El Chaparral, una pedanía de Albolote, los alumnos también se acumulan en aulas prefabricadas. El colegio San Isidro, que tiene varias aulas separadas por una carretera, ha ido creciendo a martillazos, hasta el punto de que los niños dan la clase de Educación Física en un patio abierto al que puede acceder cualquier ciudadano y que es lugar de paso habitual para quienes acuden al centro de salud de esta localidad. El CEIP San Isidro tiene tres zonas diferenciadas, en las que hay escaleras pronunciadas y cinco aulas prefabricadas con unos cien alumnos. Rosa López, vicepresidenta del AMPA El Chaparral, censura que no es «lícito» mantener «tanto tiempo a tantos niños en estas condiciones». Los padres de estos alumnos, que se constituyeron hace unos años como plataforma, llevaron su protesta al Defensor del Pueblo andaluz y censuraron que hasta el año pasado estuvieran enfrentados por este motivo el ayuntamiento de la localidad -en manos del PP hasta 2015- y la Junta -dirigida por el PSOE-. El delegado de Educación explica sobre esta casuística que desde antes del verano todo el terreno sobre el que se sitúa el actual colegio es propiedad del Gobierno andaluz, que espera poder «actuar en un espacio relativamente corto» de tiempo, algo que como en Ogíjares «dependerá del presupuesto que se está elaborando».

Con mejor perspectiva encaran el comienzo del curso los padres de Alhendín y Alomartes. En el municipio metropolitano está terminada la ampliación del instituto y está planteada la construcción de un nuevo colegio, que se encuentra integrado dentro de los proyectos prioritarios de la delegación de Educación para este curso escolar, según explico González. En Alomartes, el delegado asegura que el nuevo centro «va a ser una realidad para el curso que viene». Actualmente las obras ya se han iniciado y, según González, en unas semanas se podrán ver los avances de forma visible.

El PP no comparte la perspectiva optimista de la Junta de Andalucía. El gobierno autonómico se marca el objetivo de ir retirando progresivamente las aulas prefabricadas, pero no se aventura a dar una fecha concreta ya que la «incertidumbre política nacional» va a condicionar esta labor. «Dar una fecha sin saber que sensibilidad va a tener el nuevo gobierno es complicado, pero en donde haya un aula prefabricada hay un proyecto de ampliación del colegio». La parlamentaria andaluza del PP y portavoz popular en la comisión de Educación, Marifrán Carazo, sostiene que la consejería «no va a ser capaz de garantizar la igualdad en las clases de la provincia» y critica que esto provoque que existan «granadinos discriminados». «Estas aulas deben ser provisionales, ya que no reúnen las mejores condiciones para dar clase y cada vez que se coloca un módulo prefabricado es a costa de un espacio del centro escolar», expone Carazo.

El malestar con las aulas prefabricadas es común también entre los principales sindicados. Calixto Martínez, secretario de Enseñanza de UGT Granada, entiende que estas clases «se tienen que dar en centros que están en construcción, por un tiempo limitado», algo que no está sucediendo por la «falta de previsión» de la Junta. CC OO censura que un nuevo curso escolar haya arrancado con aulas prefabricadas. Según Diego Molina, encargado de Enseñanza de la organización, lo ve como un problema «crónico» de aulas saturadas que provoca que Granada siga padeciendo «chabolismo educativo». Victoria Pineda, responsable de Educación de CSI-F, entiende que estas instalaciones «deben ser una solución transitoria, pero el problema radica en que las aulas prefabricadas se eternizan en los centros».