El fiscal pide que se investigue a 15 personas por la Casa Ágreda, entre ellas seis ediles del PP

La denuncia del ministerio público no da los nombres, pero dice que deben declarar los componentes de la junta de gobierno local que intervinieron en las dos sesiones en las que se tramitó la cesión con derecho a compra de la Casa Ágreda. En este sentido, y según pudo constatar este periódico, los afectados serían los ediles populares Juan García Montero, Telesfora Ruiz, Fernando Egea, Juan Antonio Fuentes, María Francés y Francisco Ledesma -este último actuó como secretario de la junta de gobierno-; y sus excompañeros Juan Antonio Mérida y Vicente Aguilera.

Asimismo, la fiscalía denuncia a cinco funcionarios municipales, entre ellos a Manuel Lorente, que fue quien hizo la tasación del inmueble.

Tres presuntos delitos

A todos ellos, y de forma sólo indiciaria, les atribuye la presunta comisión de los delitos de prevaricación administrativa, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos. Pero para delimitar la participación, o no, de estas quince personas en la supuesta venta ilegal del palacete, el fiscal reclama que comparezcan ante el juez como investigadas. «Las personas físicas responsables de estas actuaciones -detalla la denuncia- lógicamente serían en principio las componentes de esas juntas de gobierno local; sin embargo, esas decisiones son tomadas a propuesta o instancias de otras personas, como el alcalde en aquellas fechas (Torres Hurtado), los técnicos que redactan los pliegos y los componentes de la mesa de contratación, personas que indudablemente, aunque no formasen parte del órgano decisor, pueden tener responsabilidad en los hechos, como cooperadores necesarios (...), bien dando curso a la oferta recibida, caso del alcalde, o realizando actos necesarios y previos a las resoluciones. Esta cuestión de perfilar individualmente la responsabilidad (...) debe ser abordada en el ámbito de la instrucción judicial, donde con plenas garantías para los investigados y tras oírlos individualmente, se podrá tomar una decisión más fundamentada».

A la espera de que el juez acuerde los pasos a seguir, el ministerio público otorga un papel protagonista al exregidor de la capital, a Torres Hurtado. De hecho, no duda en afirmar que «influyó» y presionó, siempre presuntamente, para que el histórico inmueble, ubicado en el barrio del Albaicín, acabara en manos de AIDE.

Un expediente a la medida

En otras palabras, que el equipo de gobierno que presidía Torres Hurtado, supuestamente, habría hecho un 'procedimiento a la medida' para que la Casa Ágreda fuese adjudicada, sí o sí, a la oenegé gala. Y, ello, independientemente de que la cesión supusiera un perjuicio económico para los intereses municipales. A grandes rasgos, esta sería la tesis del fiscal, que, en su denuncia, apunta directamente al exprimer edil popular. «José Torres Hurtado, prevaliéndose de su condición de alcalde, influyó para que dicha oferta -la de AIDE- saliera adelante», refiere el ministerio público.

Para lograr ese objetivo, Torres Hurtado habría 'desplazado' al concejal que debería haber tramitado la operación en favor de Isabel Nieto, la exedil de Urbanismo. Y eso a pesar de que no tenía competencias en la materia. «Dicho expediente -el de la Casa Ágreda-, tratándose de un edificio de naturaleza jurídica patrimonial (...), debería haber sido tramitado por la Concejalía de Patrimonio, al frente de la cual se encontraba Eduardo Caracuel, pues de esta depende el patrimonio integrado por bienes inmuebles y edificios municipales de carácter histórico, incluso, de hecho, en servicios de esta concejalía se custodiaban las llaves del edificio», relata el escrito del fiscal.

Sin embargo, y tras una reunión en el despacho de la Alcaldía en la que estuvieron presentes, entre otros, representantes de AIDE, Manuel Lorente y el propio Torres Hurtado, éste decidió encargar el asunto a Nieto, «considerando necesario» que fuera ella, una «persona» de su «máxima confianza», la que dirigiera la tramitación. Se da la circunstancia, y así lo recalca el fiscal, de que la exconcejala tenía entre sus cometidos «las cuestiones de patrimonio (...) e inmuebles no históricos». Y la Casa Ágreda es un edificio del siglo XVI.

La carta de AIDE

En otro pasaje de la denuncia, la fiscalía abunda en estos mismos argumentos, sobre el papel central que habría interpretado Torres Hurtado en esta historia y el 'cambiazo' de Caracuel por Nieto. «En el presente caso, la adjudicación de la Casa Ágreda (...), comienza con una carta de un representante de AIDE -una misiva cuyo contenido desveló ayer IDEAL- al entonces alcalde de Granada, José Torres Hurtado, y a partir de ese momento, de una manera inmediata y por influencia suya dada su condición de alcalde, se inicia por una concejalía que no era competente para ello, la de Urbanismo, el proceso para la enajenación del mencionado inmueble en un tipo de contrato y a un precio que, prácticamente, coinciden con la oferta presentada al alcalde y que culmina con la adjudicación de la Casa Ágreda en los términos pretendidos por el ofertante».

El viaje a Marruecos

El ministerio público también resalta que «el comportamiento de influir con prevalimiento» requiere que «genere un beneficio económico» para quien 'influye' «o para terceros». Al respecto, añade que, no se puede «extraer y mucho menos cuantificar en este momento el beneficio económico de José Torres Hurtado por su actuación de presión para la citada adjudicación», pero también recuerda que dos concejales «del equipo de gobierno de entonces» -y que siguen siendo ediles de la oposición en la actualidad: Francisco Ledesma y Frenado Egea- disfrutaron de una estancia de una semana en la ciudad marroquí de Rabat «con todos los gastos pagados por la asociación AIDE» sólo días después de que dicha oenegé adquiriese la Casa Ágreda.

En cuanto al fondo de la cuestión, la fiscalía señala que la figura «contractual» elegida por el Ayuntamiento para deshacerse del inmueble, «la constitución de un derecho de superficie a 40 años con opción de compra por importe de 260.000 euros», no era precisamente ventajosa para el Consistorio. Según el fiscal, lo que hubo de verdad fue un «contrato de arrendamiento por importe total de 360.000 euros, del que resulta la cantidad de 541,66 euros mensuales; con una opción de compra sin precio alguno o gratis y que si se ejercita, se valora la edificación a estos efectos en 1.637.638 euros más IVA».

Total, razona el ministerio público, que si AIDE ejecuta, el Consistorio percibiría 1.997.638 euros; cantidad muy por debajo de las tasaciones que obran en el Ayuntamiento sobre la Casa Ágreda». Y a renglón seguido, concluye lo siguiente: «Esta manera de administrar el patrimonio municipal en perjuicio del mismo es lo que constituye el delito de malversación de caudales públicos».