Cayo Lara sitúa el paro, la deuda pública y el TTIP como motivos para salir a la calle este sábado

En declaraciones a los periodistas en Granada, Lara ha considerado que el de Mariano Rajoy "es probablemente el Gobierno que más ha incumplido sus promesas electorales sociales con los recortes económicos y de derechos laborales y civiles aplicados".

El representante federal de IU ha sostenido que el reclamo de las Marchas de la Dignidad está recogido en la Constitución, y, por lo tanto, "cada día se hace más urgente que tengamos un Gobierno que respete los artículos de la Carta Magna para que ésta no sea papel mojado".

Como una de las principales razones para salir a la calle, Lara ha citado la tasa del 21 por ciento de paro, que en Andalucía es aún más grave, como la región con mayor desempleo de la Unión Europea. Además, ha señalado que "hemos tenido el menor porcentaje en prestaciones por desempleo de la historia de la democracia: el nivel de protección no supera el 53 por ciento, y de los 4.800.000 en situación de desempleo, tres millones de parados no tienen protección por desempleo".

Igualmente, que algo más de la cuarta parte de los españoles (el 28 por ciento) esté en el umbral de la pobreza "debería hacer saltar las alarmas a los poderes públicos", ha planteado Lara. Otra cuestión crucial para el coordinador federal es que "por primera vez en la historia de la democracia", se ha superado el 100 por 100 de la deuda pública. En 2016, según ha explicado, se han pagado exclusivamente de intereses por dicha deuda 33.000 millones de euros, "lo que se traduce en 100 millones al día de intereses para los bancos, que han comprado dinero al BCE al 1 por ciento de interés para luego comprar deuda pública a los Estados a intereses mayores". Cayo Lara se ha mostrado enérgicamente en contra de tal especulación, y ha sostenido que espera que el próximo gobierno plante cara a estos intereses "alarmantes".

Para finalizar, el coordinador federal también se ha referido al Acuerdo Transatlántico para el Comercio y la Inversión (conocido por el acrónimo en inglés TTIP) como elemento "fundamental" por el que alzar la voz en la manifestación de las Marchas, así como el peligro que corren las pensiones recordando que los anteriores gobiernos de PSOE y PP acordaron hacer un recorte de 33.000 millones de euros hasta 2022 a la hucha de las pensiones. "Ya nos hemos comido la mitad al menos del fondo de reserva, y en tres años nos habremos quedado sin él, lo que significa que hay que reconsiderar el sistema de ingresos en las arcas de la Seguridad Social", ha alertado Lara. Asignatura pendiente que estará en la centralidad del debate en los próximos cuatro años, y que Cayo Lara entiende que hay que resolver sobre todo mediante creación de empleo "y no haciendo tantas exenciones y bonificaciones en la Seguridad Social a determinadas empresas".

IU ha elegido el simbólico monolito a los trabajadores asesinados en la huelga de 1970 para lanzar un llamamiento a la sociedad granadina y que participe de forma masiva en la manifestación convocada en distintos puntos de Andalucía el sábado 28 de mayo. El candidato número cuatro de la lista granadina de Unidos Podemos, Diego Castillo, ha recordado que la manifestación granadina parte a las 11,30 horas de la Plaza del Carmen con destino al Triunfo, y ha lamentado que 46 años después de la huelga de 1970 los trabajadores vuelven a tener que volver a luchar por la "conquista de derechos usurpados".

Por su parte, María del Carmen Pérez, diputada autonómica de IU, ha mantenido que la precariedad laboral tiene especialmente rostro de mujer, y ha reivindicado la labor de las trabajadoras de atención a la dependencia, y la de las camareras de piso, de quienes ha dicho que padecen una gran explotación "con un salario que apenas rebasa el euro/hora". En el caso concreto de Granada, Pérez ve el mayor ejemplo de precariedad en el sector de la hostelería, y ha criticado que los buenos resultados turísticos no se hacen notar en las condiciones y salarios de los trabajadores del sector. La parlamentaria andaluza ha urgido a la firma de un convenio provincial destacando que "no se puede permitir que los grandes empresarios se hagan ricos a costa de sus empleados".