La exdelegada de Empleo dice haber cumplido la legalidad «en todo momento»

Martín, delegada de Empleo en Granada desde mayo del 2009 a agosto del 2012, está imputada judicialmente por el presunto fraude en los cursos de formación, por lo que en la comisión de investigación se ha limitado a leer un texto y ha dicho que por consejo de su abogado no respondería a las preguntas.

En esa intervención inicial, ha asegurado que nunca dio instrucciones al personal para incumplir la normativa vigente y que tampoco recibió órdenes de sus superiores en ese sentido, a la vez que ha afirmado que no otorgó privilegios a ninguna entidad.

En cuanto al procedimiento, la concesión de cursos, el seguimiento de los mismos, las órdenes de pago, los informes de inserción, las justificaciones, las exceptuaciones o los reintegros, entre otras cuestiones, se ha remitido a lo que ya han explicado en la comisión los jefes de servicio de Granada.

Ha insistido en que el trabajo de los empleados públicos en la Delegación durante su etapa se realizó "con rigor y diligencia", y ha recordado que entre el 2009 y el 2012 todos los procesos estuvieron sometidos a fiscalización previa de la intervención general.

Sobre el informe del interventor de Granada y un posible incumplimiento de la normativa, ha explicado que ese interventor no es el mismo que realizó la fiscalización previa del 2009 al 2012.

Martín ha puntualizado que empezó los trabajos previos a la elaboración de ese informe en julio del 2013, cuando las competencias ya no se encontraban en el SAE "y se estaban digitalizando los expedientes", y ella ya había dejado de ser delegada.

Ha subrayado que el interventor "no ve menoscabo" y que el informe se basa en la revisión de los expedientes remitidos, pero eso "no significa" que el trabajo se haya hecho ilegalmente.

Al final, tras escuchar las preguntas de los grupos, ha tomado la palabra para decir que no se llevó ningún documento y que ha colaborado "en la medida de lo que ha podido", pero que hace un año tuvo una detención "anormal" en la que "por desgracia" hizo unas declaraciones "que por desgracia no tendría que haberlas hecho".

"Me quedo con muchas ganas de responder a sus preguntas", ha agregado Martín, quien ha recordado que detrás de una delegada hay "un grupo de gente" y que ella "no firma ni termina su trabajo si no es con el asesoramiento de técnicos" que actúan "con rigor".

El diputado del PP Jaime Raynaud ha lamentado que no respondiera porque considera que desde su puesto de responsabilidad podría "haber contribuido al buen fin de esta comisión", pero aún así ha hecho las preguntas que tenían previstas, principalmente referentes a la declaración del interventor provincial de Granada.

Raynaud, quien ha destacado que Martín es actualmente directora gerente de la Fundación Legado Andalusí y secretaria general del PSOE de Chauchina, ha puesto en cuestión si se sentía "aludida" por las palabras del interventor provincial cuando dijo que "pudiera ser" el menoscabo de fondos públicos, o por las "serias dudas" que dijo que le ofrecía la respuesta del órgano gestor.

Raynaud ha preguntado también sobre otras palabras del interventor, referentes a que los beneficiarios no cumplían con las obligaciones pero la administración "tampoco actúa bien" porque no vela por que se cumplan esos requisitos.

La diputada del PSOE Marisa Bustinduy, en respuesta a Raynaud, ha aludido a la primera intervención del interventor provincial de Granada, ya que dijo que llegó al cargo el 1 de enero del 2012 y por lo tanto "de ahí para atrás" no sabía "nada", tan solo la muestra que le había llegado para hacer el informe especial.

"El interventor advirtió de que de antes del 2012 no sabía nada", ha agregado Bustinduy, quien ha recordado además que ese interventor envió un informe a todos los grupos menos al PSOE, al que el popular hizo referencia en otra comparecencia anterior.

Ha esgrimido que el PSOE desde el primer momento en que se planteó la posibilidad de que los comparecientes se acogieran a su derecho a no declarar dijeron que iban a respetarlo y no formularían preguntas, a la vez que ha dicho que esperan que la compareciente no se haya sentido "coaccionada" por las preguntas de los grupos.

La diputada de Ciudadanos Marta Bosquet también ha lamentado que no respondiera a preguntas porque cree que "hay determinadas cuestiones que sí podrían ser objeto de aclaración", y ha dicho que el estar "confundiendo" las responsabilidades penales con políticas está "dificultando la labor" a los comisionados.

Elena Cortés, de IU, ha dicho que les "apena" que no colabore en la delimitación de responsabilidades políticas y ha preguntado sobre las instrucciones que llegaban de los servicios centrales, qué criterios había para las exceptuaciones o "quién, cómo y para qué" establecía los cursos que se impartían.

Por parte de Podemos no había nadie en la sala durante su turno, por lo que no han hecho preguntas.