Siete casetas eléctricas de las 102 de Zona Norte 'alimentan' la marihuana
Abastecen a decenas de bloques de Rey Badis, La Paz y Cartuja, donde 1.133 suministros defraudan luz las 24 horas y 1.491 vecinos pagan sus facturas: todos sufren los mismos apagones
Á. P.
Viernes, 12 de febrero 2016, 01:47
En la Zona Norte de Granada viven unas 40.000 personas repartidas en ocho barrios variopintos, donde un niño descalzo en pijama cruza una calle ... mientras un coche de alta gama, comprado con el dinero negro de la marihuana, frena para dejar paso al crío. Cuando ese mismo niño abre los ojos un lunes por la mañana, la mayoría de sus vecinos ya han madrugado para irse a trabajar de limpiadores, cajeros de supermercado, camareros, enfermeros o tenderos. También hay profesores y adeptos a la cola del paro. De todo. Hasta vecinos guardias civiles. El de Joaquina Eguaras, la primera profesora de la Universidad de Granada, es uno de los barrios. La Paz, Cartuja, Almanjáyar, Parque Nueva Granada, Casería de Montijo, Campo Verde y Rey Badis son el resto.
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En las zonas más deprimidas del distrito, los enganches ilegales de electricidad para consumo doméstico son un fenómeno generalizado hace décadas. En eso coinciden los referentes morales del barrio, los trabajadores sociales, los empleados de Endesa, los vecinos defraudadores y los otros que hacen aritmética para abonar sus recibos a fin de mes. «En la zona de casas bajas de La Paz, hace años, yo ponía enganches ilegales por 20.000 pesetas. Reversibles por si venía la inspección. Allí no se paga ni luz ni agua», dice un electricista jubilado que no quiere dar su nombre.
En la Zona Norte, lo cuentan los moradores, hay casas con secadora, vitrocerámica, estufa y termo eléctrico, encendidos sin ningún tipo de miseria, pero sin abonar un euro por la electricidad desde hace años. Lo asume también Endesa. «L., que trabaja de limpiadora en un hospital y vive en Molino Nuevo, no se gasta un duro en luz y además presume de ello», denuncia un camarero de un bar donde L. acude ocasionalmente.
«El descontrol de la Junta sobre sus pisos da pie a la ilegalidad»
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El PP sostuvo ayer que el descontrol de la Junta sobre las viviendas sociales que tiene en la Zona Norte propicia los cortes de suministro eléctrico. «Son pisos en alquiler pero en muchos casos no sabe quiénes son sus inquilinos, no hay un registro actualizado, lo que dificulta que la Policía Nacional pueda registrarlos aunque sospeche que se está cometiendo un delito», dijo la diputada Ana Vanessa García, quien criticó que la Junta «lleve años haciendo dejación de funciones». «Hay tráfico ilegal de pisos, gente que los alquila y hasta los vende. Hay un edificio entero, de la Junta, al que llaman el queso 'gruyere' porque está lleno de conexiones ilegales», dijo la popular.
Ciertas partes del barrio, las más 'salvajes', sufren apagones recurrentes hace varios años, pero esas caídas del fluido eléctrico -que afectan por igual a los vecinos honrados y a los infractores que comparten bloque- no tienen nada que ver con el fraude doméstico descrito arriba. Los apagones, lo reitera Endesa, se producen porque hay una realidad paralela -y mucho más grave- a la picaresca común. Las plantaciones de cannabis en viviendas y locales enganchados de manera ilegal al suministro son el único origen de esos cortes que apagan bombillas y estufas, en el peor de los casos, en las frías noches de invierno. Durante horas las velas son el único consuelo. Endesa sabe que le roban los vatios para el cultivo ilegal de cannabis porque esos núcleos duros de los enganches ilegales están a tope las 24 horas a la máxima potencia -los alógenos y los ventiladores de las plantaciones así lo requieren- y porque la Policía Nacional suele desmantelar invernaderos en los bloques que dependen de esas casetas achicharradas por el exagerado consumo de luz.
Un 7% en situación «grave»
Uno de los responsables andaluces de la antigua 'Sevillana' habla claro: «En la Zona Norte de Granada hay 102 centros de transformación (casetas), cada uno abastece a una manzana de unos 10 edificios más o menos. Pues bien, los graves problemas técnicos, de fraude y caídas de la red por el cultivo de cannabis, se concentran sólo en siete centros de transformación ubicados en Rey Badis (calle Molino Nuevo, por ejemplo) La Paz (calle Tánger, Linares o Antón Calabrés) y Cartuja (calle Martín Pinzón, por ejemplo). La red en esas siete casetas -un 7% del distrito- está machacada. Si todo el consumo de electricidad fuera legal, esas casetas estarían al 10% de su capacidad, pero por culpa de los enganches ilegales se supera el 100% del volumen. Esas manzanas concentran un fraude eléctrico del 90%, aunque el engaño se comete en algunos suministros, no en todas las casas. Las plantaciones ubicadas en las viviendas ilegales están siempre con la luz puesta, para que las matas crezcan más. Las consecuencias de los cortes las sufren también los vecinos honrados. Pagan justos por pecadores. Un centro de transformación alimenta a unos diez bloques -cada uno con su cableado independiente- y normalmente se va la luz de un edificio entero por la sobrecarga. Cuando un inmueble casi al completo se dedica al cultivo, empiezan los problemas. Y no podemos salvar al vecino honrado del 3º B».
El responsable de la compañía dice que los técnicos -algunos con amenazas de secuestros, con perdigonazos de por medio, palos e insultos- acuden una media de diez veces «todas las noches» a la Zona Norte, cuando lo normal -si no hubiera fraude para el cultivo de cannabis aunque sí lo siguiera habiendo en el consumo doméstico ordinario- sería no tener que ir nunca. «Es un tema muy gordo e inusitado en España», apostilla el responsable.
Hay cifras: esas siete casetas que abastecen el grueso de las plantaciones de cannabis suministran a 1.133 viviendas y locales ilegales, frente a otros 1.491 hogares que pagan. Ambos están obligados a convivir. O sea, el 43% de los 'residentes' de 70 bloques de pisos -algunas son casas particulares- defraudan, mientras el 67% sufre las consecuencias mientras cumple con sus obligaciones indefenso.
La mayoría de bloques donde se cultiva cannabis -en algunos pisos no hay inquilinos y sólo se dedican a invernaderos- dependen de la Junta de Andalucía, promotora en la zona de 4.615 viviendas de protección. De esas, 953 son de alquiler y su mayoría -802- de arrendamiento social para familias con escasos recursos, que pagan casi nada por su techo. «Los pisos han pasado de mano en mano y ya nadie sabe de quién son las casas. No tienen papeles», narra un empleado de Endesa, quien define algunos cuartos de contadores de esos inmuebles como un infierno. «No quedan contadores, sólo cables. Si denunciamos, la policía tarda 4 y 5 meses en dar con el DNI del responsable de la vivienda donde está el cultivo y al final todo acaba en nada porque los delitos de salud pública no tienen mucha cárcel», se queja.
Las mafias
F. vive en Fray Juan Sánchez Cotán y trabaja en un bar. Narra que él y su madre sí pagan la luz, pero elude dar datos sobre sus «siete vecinos» del bloque. Al final reconoce que una inquilina marroquí «sí está enganchada ilegal» al contador de la entrada. «Lo necesitará la pobre», esquiva. «Últimamente a nuestra zona -mitad de la avenida Fray Juan Sánchez Cotán - se han venido a vivir muchas familias porque las mafias las han echado -pagándoles- de aquella parte de Arquitecto José Contreras (en Almajáyar) para montar allí plantaciones de marihuana en los pisos vacíos», dice riéndose.
F. recuerda que en su manzana había apagones dos veces a la semana el año pasado, pero Endesa llevó a cabo unas mejoras y se solucionó. El camarero -igual que muchos residentes 'legales'- despotrica contra «los moros, los rumanos y esa otra gente que ha echado a perder aún más el distrito». «Hay un bar de unos marroquíes sin dar de alta en Industria. Y allí arriba, Sagrada Familia está llena de coches grandes que pertenecen a tíos que no han trabajado en su vida, sólo en la droga», delata.
Un 10% dedicado a la droga
Las cifras de consumo de Endesa coinciden con las estimaciones de un líder del distrito: de los 40.000 habitantes, apenas un 10% tiene las manos manchadas de droga. «Y de esos, lo controlan todo cuatro o cinco familias. A los peces gordos de la mafia no los cogen. Los que atemorizan están impunes. Pagan los inocentes por cuatro duros. La policía pilla a los guardianes de la marihuana. Y la gente tiene las fianzas preparadas en maletines por si acaban en el juzgado», espeta el cabecilla del área.
En nuestro bloque -de calle Villa de Oña- no se puede defraudar luz porque es un edificio nuevo, de 2007, de VPO, con contadores inteligentes insobornables. Aquí pagamos todos», narra el argentino Manuel Solera, de 45 años, exportero de discoteca, vendedor de cupones y pensionista en silla de ruedas por una distrofia muscular. Es jueves por la mañana y en el cruce con la calle Casería Aguirre lee al sol 'Las legiones malditas', sobre las guerras de Aníbal contra Roma. A su lado, Antonio Sánchez, empleado de Mercadona y padre de dos niñas se dirige a comprar el pan: «En esta zona no hay cortes de luz».
Doscientos metros más abajo, en una manzana de Casería Aguirre, se concentra uno de los mayores núcleos de actividad ilícita de Almanjáyar. Los efluvios del cannabis llegan al Parque de Bomberos y las madres en pijama comparten juegos por la mañana con sus niños en edad escolar.
«Aquí hay dos realidades muy distintas. Hay gente que sí paga, pero es verdad que se ha instaurado una forma de vida al margen de la legalidad y se les ha ido dejando. Se les debería haber perseguido siempre. Con el tiempo, el que seguía pagando se sentía tonto. El efecto llamada. Quizá si se hubiera puesto una tarifa social en condiciones se habría evitado parte del fraude», espeta Juan Carlos Carrión, cura de Jesús Obrero, donde se ayuda con microcréditos a hacer frente a las facturas. Hay parroquianas, cuenta, que hacen virguerías para no tener deudas. Y lo logran.
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