La Junta paga 34 millones atrasados a 20 constructoras por obra pública y vivienda
La patronal del sector acoge con satisfacción la decisión del nuevo Gobierno pero matiza que «llega tarde» para empresas en concurso
Miguel Allende
Jueves, 1 de octubre 2015, 01:27
El nuevo Gobierno de la Junta de Andalucía ha dado un giro de 180 grados a la política del anterior gabinete relacionada con la ejecución ... de obra pública y viviendas de protección. Actuaciones todas ellas ya realizadas, certificadas y facturadas por las empresas encargadas de su ejecución y que sin embargo no habían cobrado el dinero correspondiente a estos trabajos. Desde que el nuevo Ejecutivo, presidido por Susana Díaz, se hiciera cargo de sus responsabilidades, allá por el mes de junio, las decisiones que ha adoptado en esta materia han ido encaminadas a resolver el grave problema que había puesto en una difícil situación económica a varias constructoras granadinas. Como también del resto de Andalucía. Se trata de pequeñas empresas, con poco margen de financiación que no sean los ingresos procedentes de sus trabajos.
La Asociación de Constructores y Promotores de Granada (ACP) ha confirmado a este periódico que el Ejecutivo andaluz desbloqueó el abono de casi 34 millones de euros que tenía pendiente con el sector en los meses de julio y agosto y a partir de ese momento comenzó a transferir el dinero pendiente de pago. Según las cifras que maneja esta organización empresarial, la deuda alcanzaba en concreto los 33,8 millones de euros y se correspondía con dos capítulos distintos: de un lado todas las certificaciones pendientes de abono tanto por parte de distintas consejerías como de agencias de la propia Junta, que alcanzaba un monto total de 26,9 millones; de otro lado se encontraba la deuda a promotores de vivienda, que alcanzaba otros 6,8 millones más y que habían sido contraída por la Consejería de Fomento y Vivienda por ejecución de obras correspondientes al Plan de Vivienda y Suelo 2008-2012 y al desarrollo de VPO.
A la fecha en la que nos encontramos, según las citadas fuentes empresariales, la Junta ha abonado ya 29 millones de euros y tiene pendiente de transferir los últimos cinco, pero al encontrarse este dinero en el último trámite, el de la Intervención, desde la ACP se confía en que sea cuestión de días o a lo sumo de semanas el tiempo que transcurra para que se hagan efectivas las últimas transferencias.
La conservación de carreteras salda gran parte de la deuda
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El otro frente que también ha atendido la Junta en las últimas fechas es el del débito contraído con las constructoras que son responsables de la conservación integral de la red de carreteras autonómicas, con lo que ha liquidado los pagos correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2014. Incluso ha pactado un calendario de pago para atender al resto de cantidades que tiene por abonar en los contratos de mantenimiento y que se corresponden con el primer trimestre del presente año.
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Para el caso concreto de la provincia de Granada, el número de empresas afectadas por esta decisión del Ejecutivo andaluz es de cinco. Todas ellas pymes, sin apenas capacidad de financiación bancaria y que han agotado todos los recursos a los que podían echar mano.
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La deuda que mantenía con ellas la Junta se elevaba a 4,8 millones de euros, de los que ha satisfecho ya 3,2 y quedan pendiente de pago para los próximos meses los 1,6 millones restantes.
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Cada una de estas empresas cuenta con una veintena de operarios y tendrían que haber recibido unos 120.000 euros mensuales por su trabajo. La labor que realizan estas compañías, que tienen servicios de guardia las 24 horas del día, consiste en revisar de forma permanente el estado de las carreteras autonómicas en la provincia, acudir a reparar cualquier desperfecto que se produzca como consecuencia de un accidente de tráfico u otras circunstancias, atender las consecuencias de las inclemencias meteorológicas o reponer señalización que resulte dañada. Unas actuaciones esenciales para garantizar la seguridad vial.
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La gravedad de la situación por la que atravesaban fue reconocida, a nivel provincial, por el anterior delegado territorial en funciones de Fomento y Vivienda, Francisco Ruiz Dávila, quien aseguró a este periódico que el asunto era «prioritario» para la Administración andaluza. «Somos conscientes que este tipo de empresas no tiene muchos otros recursos con los que salir adelante», confesaba en el pasado mes de abril.
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Para desatascar la situación de impagos que mantenía la Junta con estas empresas de conservación de carreteras ha resultado decisiva una iniciativa llevada a cabo por el Círculo de Empresas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (Ceacop), la patronal del sector en Andalucía, que el pasado mes de abril presentó en el Registro de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía toda una batería de reclamaciones administrativas, firmadas por las empresas responsables de los contratos de conservación de la red viaria andaluza.
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Este era el paso previo para que las firmas afectadas pudiesen iniciar un procedimiento judicial. Si todos los plazos posteriores hubiesen sido incumplidos, la organización patronal tenía la intención de acometer un procedimiento judicial, un contencioso-administrativo. Pero con la llegada del nuevo Gobierno a la Junta de Andalucía, se consideró que no era oportuno el mismo y se apostó por la vía del diálogo que finalmente ha tenido sus frutos.
Desglose
Dentro del primer capítulo antes mencionado, el número de empresas afectadas ascendía a 13, pero en esta cantidad solo aparecen las que están integradas en la ACP. Estas constructoras tenían facturas sin pagar de la Agencia de Obra Pública, con 11,6 millones de euros; la Agencia de Agua y Medio Ambiente, que acumulaba 8,8 millones más; el Servicio Andaluz de Salud (SAS), debía 3 millones. El resto del pasivo cabe atribuírselo a otras consejerías y agencias públicas.
En el segundo capítulo, son siete las constructoras granadinas afectadas y afiliadas a la patronal del sector. Los impagos corresponden al mencionado Plan de Vivienda y Suelo más las viviendas protegidas. Este apartado tiene especial relevancia porque en ese montante de 6,8 millones de euros se incluían las subvenciones públicas que les corresponden a las empresas.
En descargo de la Junta hay que señalar que las acusaciones de la patronal sobre un posible desvío de fondos destinados por el Ministerio de Fomento para cubrir una parte de esas subvenciones hacia otras prioridades a lo largo de la pasada legislatura, finalmente no tenían consistencia alguna. Según ha podido conocer este periódico, un enrevesado sistema de orden de transferencias por parte del Gobierno de la nación impedía que las subvenciones llegaran a todas y cada una de las que tenían pendiente su cobro, previo paso por la Junta.
Lo anterior explicaría que la fiscalía del TSJA archivara en su momento la denuncia que presentaron las patronales de Granada, Sevilla y Almería por este retraso de años en el cobro de los trabajos efectuados en materia de vivienda. Esta decisión provocó, a su vez, que desistieran en iniciar un proceso contencioso-administrativo, que hubiese tenido una tramitación muy larga y que no les garantizaba un resultado positivo. Algunas fuentes consultadas por este periódico señalaron que en el desacuerdo entre ambas administraciones tuvo mucho que ver que la anterior consejera del ramo, Elena Cortés, fuera de Izquierda Unida.
Alivio
El gerente de la ACP, Francisco Martínez-Cañavate, explica que esta organización ha acogido con un «gran alivio» el pago de la deuda a empresas constructoras y promotoras después de tantos años de espera por parte de unas y otras. Añade que la gestión del nuevo Gobierno andaluz en poco se parece a la del anterior. «Vemos una administración más ordenada, con la que se puede trabajar, pero somos conscientes de que va a sacar a licitación muchas menos obras públicas», afirma.
Pese a lo anterior, Martínez-Cañavate no pierde la ocasión para denunciar que para algunas empresas estas decisiones «les llegan tarde», bien porque han quebrado o porque se encuentran inmersas en difíciles procesos de suspensión de pagos.
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