Vía libre para abrir las minas de Alquife... con duras condiciones

Este último trámite felizmente superado, que el propio consejero Sánchez Maldonado presentó a los alcaldes de la comarca del Marquesado del Zenete, también tiene letra pequeña. Y esta no es otra que las condiciones que se le han exigido a la empresa para poder acometer los primeros trabajos en la explotación de Alquife. Tales condiciones se han de interpretar como las garantías con las que ha de contar la Administración andaluza para asegurarse de que el proyecto es viable y tiene futuro, pues en caso contrario sólo sembraría frustración en una comarca empobrecida como es en la que se asienta el yacimiento.

Por lo pronto, Minas de Alquife deberá obtener la autorización de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) en materia relativa a las aguas que inundan la vieja explotación y que es imprescindible para el inicio de las labores de evacuación de la misma fuera de las zonas de corta de mineral. Mientras no tenga este permiso, los trabajos de explotación se concentrarán en zona conocida como Corta 66 y la colindante, que se sitúa entre esta y la corta principal. Todas las posibilidades de desagüe están contempladas en la Autorización Ambiental Unificada (AAU), pero no desde el punto de vista administrativo hasta no contar con el mencionado permiso de la CHG.

Pero es en materia financiera donde las exigencias son aún más relevantes. Entre las mismas figura siempre con carácter previo a los trabajos de explotación la constitución de una garantía de restauración medioambiental a cargo de la empresa por un montante que roza los 2,8 millones de euros. Dentro de este mismo apartado económico se le exige a Minas de Alquife, conforme a lo que establece el artículo 68 de la Ley de Minas, que consolide sus estrategias de financiación y lleve a cabo una ampliación de capital social en, al menos, un 30% del presupuesto total de inversión previsto en el proyecto. Al alcanzar este los 250 millones de euros, la cantidad que resulta es de 75. La compañía minera también tendrá que suscribir una póliza de garantía social en los términos que hubiese propuesto y por una cantidad aún por determinar. La actualización anual de la misma se adjuntará al plan de labores correspondiente.

Según ha podido conocer IDEAL, la empresa cuenta con un plazo de seis meses desde el pasado lunes, fecha que lleva la concesión de los derechos mineros, para hacer frente a todas estas cantidades. Un tiempo considerado suficiente.

La titularidad de los terrenos y la disputa

Por su parte, los anteriores propietarios de los terrenos de minas de Alquife anunciaron acciones legales contra la decisión del Gobierno andaluz y mostraron, en un comunicado, «su profunda preocupación» por la concesión de los derechos mineros para la explotación de las minas a la sociedad Minas de Alquife».

En respuesta, la empresa Minas de Alquife S.L.U. hizo pública este martes su postura sobre la titularidad de los terrenos en los que se asienta la explotación de mineral de hierro de Alquife. En un comunicado dado a conocer desde la localidad alquifeña, la compañía defiende su conocida postura: ostenta la posesión de los terrenos en virtud de los acuerdos suscritos con las sociedades propietarias de los mismos, que son luxemburguesas y que adquirieron unas 700 hectáreas del total de la zona minera. También asegura que ni ella misma ni su socia única, Minas de Alquife Holding B. V., tienen relación contractual alguna con la sociedad de gananciales formada por el matrimonio Sánchez Ferre-Redondo Segura.