La huella granadina de los 'ERE' y el 'EDU'

La trama presuntamente fraudulenta de prejubilaciones falsas y de intrusos incluidos en los expedientes de regulación de empleo que eran subvencionados por la Junta de Andalucía ha birlado a las arcas públicas de la Administración autonómica 152 millones de euros, según un informe de la dirección general de Seguros, dependiente del Ministerio de Economía. El 20 de marzo de 2013 era detenido en Granada Ismael S., cuñado del 'conseguidor' y presunto cabecilla de la trama Juan Lanzas, quien supuestamente despachaba en la barra de un bar sevillano las famosas mordidas del 15% que se llevaba por cada una de las operaciones fraudulentas cometidas. Según un oficio de la Guardia Civil fechado el 7 de octubre -y que está en poder de la jueza Mercedes Alaya-, Ismael S. era uno de los siete «testaferros» u «hombres de paja» que utilizó el ex sindicalista jienense Juan Lanzas para desviar parte del dinero que conseguía de la Junta para subvencionar los ERE en las empresas. En total, Lanzas derivó a través de operaciones en Granada 806.787 euros de los 1,8 millones que la Guardia Civil calcula que llegó a disponer por este método. Este granadino quedó en libertad con cargos tras declarar ante la juez Alaya.

Las seis últimas imputaciones del caso de los ERE, donde el número de investigados se eleva ya a 229, están vinculadas con Granada. Imputó por el caso Dhul a Dimas Rodríguez, director general de la Caja Rural de Granada en el año 2007; Rafaela Ruiz, directora de Inversiones de Caja Rural de Granada, y José Miguel Martos Alcalde, director de la oficina principal de la Caja Rural de Granada, mientras que por el expediente de Hitemasa imputa a Rosario González Agulló.

En cuanto a Dhul, los imputados se relacionan con «la instrumentación ideada» para que Caja Rural de Granada amortizara el préstamo que había concedido a Dhul a través de la Junta de Andalucía. La juez dispone de los expedientes completos de seis préstamos concedidos a Dhul, «entendiendo que deben de comprender todo tipo de informe o análisis elaborados así como los acuerdos de aprobación de los órganos de la Caja». Por su parte, la Caja Rural de Granada salió al paso de esta información y, mediante un comunicado de prensa, indicó que «la Caja entiende que su actuación ha sido, en todo momento, lícita y transparente. Se trató de una operación de financiación, donde se anticipó una subvención concedida a un cliente, subvención autorizada por la Junta de Andalucía, que luego fue cobrada y cancelado el préstamo», explica en su escrito, en el que asegura que «la entidad no tiene dudas sobre la buena fe y correcta actuación de sus empleados».

Estas imputaciones se formularon en un auto fechado el día 30 de octubre de 2014, en el que la magistrada, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, imputa en la causa al presidente de FCC Medio Ambiente, Agustín García Gila, y al director general de Recursos Humanos de Cespa, Salvador Tudela Edo. Los dos primeros, García Gila y Tudela Edo «serían partícipes en las negociaciones que, como consecuencia del conflicto colectivo en el ámbito de la limpieza en Granada», culminaron con el convenio colectivo para esta provincia de 6 de abril de 2006.

El caso EDU es el otro gran caso de corrupción que azota a la comunidad autónoma andaluza, aunque hay otras regiones como Madrid donde han emergido corruptelas con un 'modus operandi' casi idéntico al de Andalucía. Este fraude consistía en la inyección de subvenciones a empresas, algunas de ellas inexistentes, para impartir cursos formativos que en muchas ocasiones ni siquiera celebraban. Este caso suma ya 254 imputados en toda Andalucía, de los cuales 44 son de Granada y resto de la provincia. La detención más sonada de este caso en la geografía granadina ha sido la de Marina Martín, exdelegada de Empleo de la Junta de Andalucía, quien compareció ante los agentes de la UDEF -Unidad contra los Delitos Económicos y Fiscales de la Policía Nacional-. Pese a que los responsables de la Junta en Granada han puesto la mano en el fuego por ella, los investigadores la acusan de «presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude en las subvenciones». Marina Martín es actualmente concejal socialista en Chauchina y directora del Legado Andalusí. En este caso también están imputados y acudieron a declarar ante la juez Alaya las jefas de servicio de Formación de la delegación provincial de Granada Magín Bolívar Medina y María Noelia García Lucena, imputados por el mismo caso. Anteriormente, también fue detenido en Granada el exjefe provincial de Formación profesional Ocupacional, que en la actualidad ocupaba el puesto de secretario provincial de Fomento y Vivienda de la Junta, Juan M. L. S., también fue arrestado por orden de la juez Alaya y posteriormente puesto en libertad con cargos.

Los agentes de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional han detectado en Andalucía Oriental casi 1.600 expedientes irregulares de cursos de formación subvencionados por la Administración autonómica, en un arduo trabajo donde se ha revisado una cifra «muy importante» de expedientes que, aunque no se ha concretado el número, supera los 3.000, según ha podido saber este periódico de fuentes consultadas próximas a la investigación. Más de 300 corresponden a la provincia de Granada. Todos los expedientes revisados están comprendidos entre los años 2007-2011 y cada uno está vinculado a una acción formativa.

Sólo en Granada, de los 1.078 cursos subvencionados con dinero público y dirigidos a empleados entre los años 2009 y 2010 se inspeccionaron 146, según datos de la Cámara de Cuentas. Traducido: hubo 900 que se impartieron sin ningún tipo de control. Hasta la fecha, tanto la UCO de la Guardia Civil como la UDEF de la Policía Nacional ha tomado declaración a medio millar de personas en Granada, entre ellos los 500 alumnos que participaron en los cursos supuestamente fraudulentos.

El número de empresarios detenidos o imputados en Granada se eleva a 38 son empresarios de academias de formación tanto de Granada como del resto de la provincia. El juzgado que investiga este caso en la capital granadina es Instrucción número 1.