La defensa cree que el arzobispo actúa conforme a derecho en la instrucción de los abusos

El letrado Javier Muriel ha dicho que "poca base probatoria" manejará el Juzgado de Instrucción 4 de Granada, cuyo titular es Antonio Moreno, cuando tiene que "innovar en la historia judicial española y ante jurisdicciones tan especiales".

"Es la consecuencia de haber dado pábulo a las mentiras del denunciante. A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César", ha sentenciado este abogado.

Estas declaraciones se producen después de que el Arzobispado de Granada haya respondido al requerimiento que le hizo el juez que la investigación canónica completa, iniciada a raíz de la denuncia de los hechos, depende de la Congregación para la Doctrina de la Fe del Vaticano.

El arzobispo ha contestado así a la petición formulada por el Juzgado para que le aportara la documentación completa sobre los interrogatorios que practicó a los sacerdotes supuestamente implicados en el marco de su investigación eclesiástica.

En un escrito firmado por el prelado, según informó ayer el Arzobispado en un comunicado, trasladó al juez que la Diócesis había venido colaborando con el Juzgado para el esclarecimiento de los hechos y había aportado "cuanta información se le ha solicitado, desde el primer momento".

De hecho, el arzobispo recordó al juez que, en su día, instó al primer denunciante a poner los hechos en conocimiento de la justicia puesto que, al ser ya mayor de edad, la denuncia solo podría ser formulada por él mismo, y que lo comunicó de forma "inmediata" a la Fiscalía y aportó "copia integra" de lo conocido por la Iglesia.

La Congregación para la Doctrina de la Fe es, por tanto, la que sigue en este momento el procedimiento propio para el esclarecimiento de los hechos, la que posee la documentación requerida y la que podría autorizar su traslado a una instancia civil y la "eventual divulgación" de aquellas informaciones hechas "en el ámbito de la conciencia", indicó el arzobispo.

El nuevo pronunciamiento se produjo tras la providencia en la que el juez Antonio Moreno recogía que, en la documentación remitida con anterioridad, se habían "omitido" las referidas declaraciones e interrogatorios escritos de los religiosos sobre los que se inició el expediente eclesiástico.

El instructor requería "de forma definitiva" al Arzobispado que le facilitara la documentación íntegra de los interrogatorios y el informe escrito que se derivaría de los mismos, en relación a las personas implicadas y respecto a las que se siguió expediente canónico.

En la causa, cuya investigación comenzó en octubre del 2014, fueron imputados diez sacerdotes y dos seglares, aunque el principal imputado, el padre Román, es el único contra el que actualmente continúan las actuaciones judiciales.