5.000 granadinos, al paro

El pasado mes de noviembre la Junta de Andalucía anunció a bombo y platillo la contratación de 5.460 personas en la provincia. Aunque ya avisó que los trabajos eran temporales, el Gobierno andaluz se mostró orgulloso de sacar del paro a estos jóvenes, pese a que solo fuera por seis meses. El objetivo principal era dar una formación laboral a ciudadanos que en algunos casos formalizaban su primer contrato y que cobrarían entre 1.300 y 1.700 euros brutos al mes. Las principales inversiones se realizaron en Granada, Motril, Almuñécar, Armilla y Maracena, pero este plan público de empleo logró que municipios como Valderrubio, Cortes de Baza, Lújar, Lobras o Calicasas se quedarán sin jóvenes de entre 18 y 29 inscritos en las listas del desempleo.

Este encaje de los más de cinco mil trabajadores en las casas consistoriales provocó que muchos gobiernos locales no supieran qué hacer con ellos. En Granada, hace dos meses hubo una concentración de algunos beneficiarios del plan en la capital que reclamaron no trabajar los domingos o más medios logísticos para desarrollar sus tareas. También se quejaron por sus funciones, que en algunos casos consistía en ayudar a los clientes del mercado de San Agustín a llevar la compra a casa.

A los ayuntamientos se les impedía contratar directamente a estas personas con los fondos andaluces. Muchos consistorios tuvieron que crear roles inéditos dentro del funcionariado municipal para darles cabida, ya que tampoco podían ser utilizados para ocupar vacantes que hubieran surgido. En la capital, por ejemplo, parte de estos 400 jóvenes contratados se han podido identificar de forma visible en la calle con un chaleco azul oscuro, en parejas o grupos, realizando labores de promoción turística. Ahora, los consistorios admiten que no pueden darle continuidad a los trabajos que realizan. «No tenemos capacidad económica para asumir este personal, ni legalmente sería posible realizar estas contrataciones porque no están recogidas en los presupuestos», detalló un Ayuntamiento del Área Metropolitana. Una de las cuestiones que se le ha reclamado a la Junta de Andalucía es la unificación de los proyectos de creación de empleo autonómicos y locales para así lograr continuidad en los trabajos. El concejal de Empleo del Ayuntamiento de Granada, Jorge Saavedra, fue claro en este sentido. «Al terminar el programa finalizan los contratos», argumentó al ser cuestionado.

Varios jóvenes que han trabajado durante estos últimos meses gracias a este fondo de la Junta de Andalucía reconocen que con esta medida no se busca fomentar el empleo, sino adelgazar la lista autonómica de parados de larga duración.

Lourdes Navas es dinamizadora social, pero ha tenido que trabajar desempeñando tareas administrativas. «Hemos aprendido algunas funciones, pero el trabajo que hemos realizado no se corresponde con nuestra formación», cuenta. Raquel Benavente, otra de las beneficiarias, cree que casi nadie ha ejercido las tareas que firmó en su contrato y que la Junta ha movido a ciudadanos de otras provincias a Granada cuando ya había en Granada personas capacitadas para ese mismo puesto.

José Reyes trabajó para el Ayuntamiento de Guadix y, sin embargo, sí está satisfecho con lo que esta formación empresarial le ha aportado: «Ha sido un periodo de trabajo muy productivo. He adquirido una capacitación profesional, lo que me otorga una mayor seguridad de cara a otro empleo en esta materia», declara, según informa J. J. Pérez.

Este plan de empleo le costó a la Junta de Andalucía en la provincia cerca de veinte millones de euros, que en algunos casos se pagaron con retraso. Durante los primeros meses hubo demora en el abono de los fondos por parte de la administración autonómica, que solo algunos ayuntamientos resolvieron adelantando el pago.

Nuevas contrataciones

La Junta de Andalucía ya tiene sobre la mesa otro plan de inserción laboral similar a este, del que no se podrán beneficiar la mayoría de jóvenes que ahora mismo se encuentran contratados. El pasado 11 de marzo, a solo once días de la celebración de los comicios autonómicos, el Gobierno andaluz firmó un decreto-ley con el que tiene previsto destinar a la provincia cerca de 28 millones de euros para la formalización de contratos a través de los ayuntamientos, un 40% más de lo que se gastó en el mismo plan de empleo en 2014. «No es una prórroga de los actuales contratos sino que se hace a través de una nueva convocatoria», a la que puede acudir cualquier ciudadano que se encuentre inscrito en el SAE, explica la delegación de Empleo en Granada.

En esta nueva iniciativa se hacen dos distinciones. Por un lado se sitúan los jóvenes de entre 18 y 24 años que no estén ni estudiando ni trabajando y se encuentren inscritos en el fondo de garantía juvenil. Estos acapararán aproximadamente el 60% de los contratos que se formalicen. De otra parte quedan los mayores de 24 años dados de alta en los servicios andaluces de empleo y sin trabajo, a los que se destina el 40% de los fondos de este plan.

La Junta de Andalucía no ha querido estimar el número de contratos que se podrán realizar con este nuevo proyecto de creación de empleos, pero dado que los salarios también oscilarán entre los 1.300 y 1.700 euros es previsible que el número de trabajadores que se seleccionen para beneficiarse del plan sea mayor que en 2014.

El Gobierno autonómico no ha sido capaz de estimar tampoco cuándo podrán solicitar los parados estos puestos de trabajo, pero los ayuntamientos tienen hasta el 12 de mayo para presentar sus proyectos y se calcula que hasta el final del verano o el comienzo del otoño no se podrán realizar las primeras contrataciones con este nuevo plan de empleo.

Sí se conocen los criterios que el SAE valorará a la hora de otorgar los puestos de trabajo futuros. Primero tendrán preferencia las personas beneficiarias del ingreso mínimo de solidaridad y personas solicitantes del programa de solidaridad; luego podrán ser contratados ciudadanos desempleados de larga duración que hayan agotado la prestación por desempleo; por último, el resto de desempleados de larga duración; y, al final, los demás desempleados. Estos criterios de contratación son los que provocan que los beneficiarios de este plan de empleo en 2014 tengan pocas opciones de repetir.

La diferencia esencial entre los planes de inserción laboral vía ayuntamientos de 2014 y 2015 es que el primero afectó sobre todo a jóvenes de 18 a 29 años y ahora podrán optar a él más parados mayores de 30 años inscritos como demandantes de empleo. La cifra desempleados en Granada, según la Junta, rondaba las 120.000 personas a final de 2014, algo que complica la reinserción laboral a estos cinco mil jóvenes que este jueves vuelven al paro.