El juez recibe documentación de la Conferencia Episcopal, pero no del Vaticano

Según han informado fuentes del caso, la procedente de la Santa Sede tardará, puesto que debe mediar en ello, el Ministerio de Asuntos Exteriores. Concretamente, y después de que así lo instara la acusación particular -que representa al primer denunciante, un joven de 24 años que trasladó su caso hasta el Papa Francisco-, el titular del Juzgado, el magistrado Antonio Moreno, reclamó información al Vaticano sobre las actuaciones canónicas y de todo lo actuado en la jurisdicción eclesiástica en relación a los hechos denunciados, y sobre las quejas, denuncias o reclamaciones de cualquier tipo que se hubiesen podido recibir respecto de los diez sacerdotes presuntamente implicados, desde que fueron ordenados.

El juez libró además oficio mediante un auto, de fecha 1 de marzo y al que tuvo acceso Europa Press, a la Conferencia Episcopal para que le remitiese copia del protocolo reservado de actuación sobre la forma de proceder en relación a abusos sexuales, aprobado por la asamblea plenaria de esa conferencia en 2010, "así para que informe si dicho protocolo es de obligado cumplimiento en todas las diócesis españolas y si se halla en vigor en la actualidad", lo que la institución ya ha hecho.

También instaba al Arzobispado de Granada a que informase si los diez sacerdotes -imputados inicialmente junto a otros dos seglares- han solicitado a la Diócesis el reconocimiento eclesiástico de la asociación o fraternidad o hermandad sacerdotal y de fieles "que de hecho han tenido constituida al menos en los últimos diez años" y, en su caso, si le constan "quejas, reclamaciones o denuncias referidas al modo de proceder de dicha asociación o fraternidad de facto".

Por otra parte, también pidió que informe sobre las contribuciones, donaciones o aportaciones económicas que hubieren podido realizar tanto la asociación de hecho compuesta por los sacerdotes como cualquiera de ellos, por sí o en nombre de terceros, al Arzobispado de Granada o a cualquier entidad o persona dependiente del mismo", y también que aclare las reuniones mantenidas por el arzobispo, Javier Martínez, con los integrantes de este grupo.

En cuanto a la solicitud de la acusación particular de que se declare la responsabilidad civil subsidiaria del Arzobispado o Archidiócesis de Granada, el juez daba un plazo de cinco días a las partes para que se pronunciasen.

El caso se hizo público el pasado mes de noviembre, cuando fueron detenidos el considerado líder del clan, el padre Román M.V.C., dos sacerdotes más y un profesor de Religión, que sin embargo quedaron después en libertad con cargos, en un caso en el que estaban imputadas inicialmente un total de doce personas.

Todo se precipitó después de que un joven, que hoy tiene 24 años, comunicara por carta al Vaticano que había sido víctima de abusos sexuales desde los 14 hasta los 17 años por parte de este grupo de religiosos de Granada, lo que motivó que el propio Papa Francisco le llamara para pedirle perdón y ofrecerle su apoyo. Tras la llamada del Papa al joven, éste formalizó una denuncia ante la Fiscalía Superior de Andalucía, que ordenó a la Fiscalía Provincial de Granada interponer 'ipso facto' denuncia contra todos los afectados.

El Papa se pronunció también coincidiendo con la salida a la luz de esos supuestos abusos en un vuelo de regreso a Roma tras su discurso en el Parlamento Europeo en el que señaló que "la verdad es la verdad" y "no debe esconderse". El 'caso Romanones' también provocó una imagen inédita del arzobispo de Granada, Javier Martínez, que se postró en el suelo ante el Altar Mayor de la Catedral para pedir perdón por los "escándalos" que afectaban entonces a la Iglesia.