El juez pide al Arzobispado que informe si ha recibido quejas sobre 'Los Romanones'

Así lo hizo constar el magistrado Antonio Moreno en el auto en el que reclamó también información al Vaticano sobre las actuaciones canónicas y de todo lo actuado en la jurisdicción eclesiástica en relación a los hechos denunciados, y sobre las quejas, denuncias o reclamaciones de cualquier tipo que se hubiesen podido recibir respecto de los diez sacerdotes presuntamente implicados, desde que fueron ordenados.

El juez, que aceptaba así la petición del abogado del principal denunciante, personado como acusación particular, libra además oficio en esta resolución, de fecha 1 de marzo, a la Conferencia Episcopal para que le remita copia del protocolo reservado de actuación sobre la forma de proceder en relación a abusos sexuales, aprobado por la asamblea plenaria de esa conferencia en 2010, "así para que informe si dicho protocolo es de obligado cumplimiento en todas las diócesis españolas y si se halla en vigor en la actualidad".

También insta al Arzobispado de Granada a que informe si los diez sacerdotes --imputados inicialmente junto a otros dos seglares-- han solicitado a la Diócesis el reconocimiento eclesiástico de la asociación o fraternidad o hermandad sacerdotal y de fieles "que de hecho han tenido constituida al menos en los últimos diez años" y, en su caso, si le constan "quejas, reclamaciones o denuncias referidas al modo de proceder de dicha asociación o fraternidad de facto".

Por otra parte, también pide que informe sobre las contribuciones, donaciones o aportaciones económicas que hubieren podido realizar tanto la asociación de hecho compuesta por los sacerdotes como cualquiera de ellos, por sí o en nombre de terceros, al Arzobispado de Granada o a cualquier entidad o persona dependiente del mismo", y también que aclare las reuniones mantenidas por el arzobispo, Javier Martínez, con los integrantes de este grupo.

En cuanto a la solicitud de la acusación particular de que se declare la responsabilidad civil subsidiaria del Arzobispado o Archidiócesis de Granada, el juez daba un plazo de cinco días a las partes para que se pronunciasen.