La defensa de los sacerdotes considera prescritos los supuestos abusos y ve falta de pruebas

Examinadas todas las actuaciones, una vez que a finales del pasado enero el juez Antonio Moreno levantó el secreto de sumario que pesaba sobre el caso, el letrado Javier Muriel se ha mostrado "plenamente convencido" de que, desde el punto de vista jurídico, todo lo recogido en la investigación estaría prescrito.

En su escrito, además de la prescripción se destaca la falta de pruebas para imputar a cada uno de los supuestos implicados, por lo que tampoco podrían ser tenidas en cuenta ningunas otras posibles circunstancias agravantes.

Al margen del escrito "técnico y formal" presentado, cuando concluía el plazo dado por el juez a las partes para pronunciarse sobre la instrucción, esta defensa ha presentado otros recursos, que espera que se puedan ir resolviendo en los próximos días.

Muriel representa legalmente tanto al padre Román como a los otros tres imputados que llegaron a ser detenidos por esta causa, otros dos sacerdotes y un profesor de Religión.

La postura de la defensa contrasta con la de la acusación popular, ejercida por asociación Proderechos del Niño (Prodeni), en cuyo escrito, formalizado ayer, subraya que los hechos pueden calificarse "no sólo como abuso sexual, sino también como verdaderas agresiones sexuales".

Y añade que "incluso podrían reunir entidad suficiente como para ser considerados un delito de violación".

Prodeni apunta que, según las pruebas preliminares ya practicadas, los delitos se produjeron con las circunstancias modificativas de intimidación y de manera continuada, por lo que las penas superarían el límite para considerar que no han prescrito.

En concreto, considera no prescritos los delitos relatados por los dos jóvenes que denunciaron e imputables al considerado cabecilla de la organización, el padre Román, y a los otros dos sacerdotes y un laico que fueron detenidos junto a él el pasado noviembre y que quedaron después en libertad con cargos.

Considera además que los otros ocho imputados participaron en mayor o menor grado en los hechos, aunque reconoce que los posibles delitos cometidos contra dos testigos sí han prescrito.

Prodeni entiende también que los imputados forman parte de una asociación ilícita por su participación grupal en los hechos y por el importante patrimonio que tienen en común.

El juez investiga a un total de doce imputados, la mayoría sacerdotes, por supuestos delitos contra la libertad e indemnidad sexuales, en sus formas de agresiones, abusos o exhibicionismo.

La investigación judicial arrancó a mediados de octubre de 2014, cuando un joven interpuso una denuncia en la Fiscalía después de haberla dirigido al Arzobispado de Granada y posteriormente por carta al papa Francisco, que llegó a pedirle perdón en nombre de la Iglesia a través de una llamada telefónica.

La Policía Nacional detuvo en noviembre a tres sacerdotes y un laico que quedaron en libertad con cargos después prestar declaración y de que el padre Román abonara los 10.000 euros de fianza que le había impuesto el titular del Juzgado de Instrucción 4 de Granada.