FACUA Granada pide cautela a los consumidores ante las visitas de revisores de gas no solicitados

Y es que no es extraño que los técnicos de estas empresas, que acuden sin previo aviso al domicilio de sus "víctimas", realicen revisiones que no son necesarias por no haberse alcanzado la fecha límite de la revisión anterior, trabajen sin realizar el preceptivo presupuesto previo (cuya firma piden junto a la factura de cobro) o incluso cobren cantidades desorbitadas por servicios mucho más económicos o que directamente no son necesarios. Todo ello sin contar con el riesgo de que una persona que no tenga los conocimientos adecuados manipule la instalación y pueda crear un riesgo para el usuario.

A este respecto, los consumidores deben saber que la actual normativa establece que las revisiones de gas butano deben realizarse cada cinco años, y que el usuario es libre de elegir aquella empresa que más le interese, de las que se encuentren legalmente para realizar su revisión. Justamente por eso desde FACUA Granada se recomienda a los usuarios que sean ellos quienes soliciten la presencia de estos técnicos en la fecha en que realmente corresponda realizar dicha revisión, y que no permitan el acceso a la vivienda de técnicos a los que no hayan solicitado su asistencia previamente.

FACUA Granada también considera necesario que las diferentes administraciones tomen las medidas necesarias para acabar con este tipo de fraudes. En este punto David Avellaneda, responsable de comunicación de FACUA Granada comenta que "el mayor problema que encontramos con estas revisiones es que resulta muy difícil actuar contra las empresas. Dado que muchas no están debidamente legalizadas hacen caso omiso de los requerimientos que se les envían desde los diferentes entes de Consumo y cuando el caso llega ante la justicia es frecuente que la empresa ya haya desaparecido. Por eso la mejor defensa ante este tipo de abusos es la prevención".

Finalmente, en caso de verse afectado por este fraude desde FACUA Granada se recomienda conservar toda la documentación que entregue la empresa y ponerla en conocimiento de las autoridades de consumo o de las fuerzas de orden público, especialmente si han existido presiones por parte de los instaladores o si la cantidad defraudada es considerable, como en el caso de Pinos Puente. La prevención es clave pero una vez producido el hecho la denuncia es fundamental para que puedan tomarse las medidas legales necesarias.