La sombra del fraude de las academias planea sobre seis entidades más en Granada

El presidente de las academias privadas de Granada (Agap), Antonio Naranjo, ya advirtió hace diez días de que las academias son el eslabón más pequeño en la impartición de los cursos formativos para desempleados. Según comentó, el 80% de la tarta económica para estas acciones formativas se reparte entre los sindicatos y los empresarios, mientras que el 20% restante se dirige a los ayuntamientos, mancomunidades, academias y autónomos, principalmente.De esta forma quiso dejar claro que este sector no es el principal destinatario de estos fondos económicos y también desvinculó del posible fraude cometido al colectivo que de forma mayoritaria, al menos en Granada, no ha metido la mano donde no debe. Incluso comunicó que las cuatro detenciones efectuadas en la provincia no están vinculadas con propietarios de academias.

Las fuentes consultadas por IDEAL consideran que el volumen del fraude alcanzado en Málaga seguramente sobrepase con creces al de Granada. La Unidad contra la Delincuencia Económica y Delitos Fiscales, Udef, de la Policía Nacional, ha destapado hasta el momento un fraude económico superior a 1,5 millones y en Málaga se han practicado ya cuarenta detenciones.El resultado en nuestra provincia, de momento, son cuatro detenidos que recibieron medio millón de euros por año para acciones formativas. Estos cuatro empresarios sumados, como mínimo, a la posible investigación sobre otras seis entidades más, elevaría a diez las sociedades investigadas, en un caso que no deja de engordar conforme avanza la investigación. Otro matiz importante es señalar que en este caso, de momento, se ha empezado por investigar a los posibles receptores de las ayudas, pero la lupa de la investigación avistará, seguramente, escalones más altos en este presunto fraude.

Los cargos imputados contra los detenidos tanto de Málaga como de Granada se suelen repetir en casi todos los casos: fraude en la obtención de subvenciones públicas, apropiación indebida, falsedad documental y otros delitos contra la Seguridad Social, según ha trascendido.

La investigación de este caso surgió tras las presuntas irregularidades detectadas por la Tesorería de la Seguridad Social de Málaga el pasado año y a partir de ese momento se desarrolló una primera parte centrada principalmente en Málaga y en la que apareció un primer listado con las empresas vinculadas a este supuesto fraude entre las que figuraba una academia granadina especializada en acciones formativas destinada a la hostelería. Una empresa que impartió cursos tanto en Granada como en Málaga y en Cádiz. A principios de este año, la policía solicitó a la Junta encargada de canalizar las ayudas otorgadas a las academias a través del Servicio Andaluz de Empleo la documentación correspondiente a esos cursos. Los agentes comenzaron a mirar con lupa cada una de las adjudicatarias. Fue entonces cuando detectaron que Málaga no era la única provincia donde algunas de ellas habían solicitado subvenciones. Granada, Almería y Cádiz también están vinculadas a este fraude. Varias de estas empresas habrían recibido asimismo partidas para impartir cursos de formación en Almería y Granada en periodos diferentes al que inicialmente se circunscribía la investigación, que comenzó en el año 2010. Este periódico ha podido comprobar que la Junta de Andalucía ha incoado expediente para reclamar el reintegro de la subvención a al menos una de estas sociedades granadina que operaba también en otras provincias andaluzas.

El hallazgo de partidas sospechosas en otras provincias llevó a la Udef a ampliar tanto el horizonte físico como temporal de la investigación. Las pesquisas se extendieron entonces a la horquilla de subvenciones concedidas entre 2009 y 2011 los agentes han tenido en cuenta el plazo de la prescripción de los hechos y, según las fuentes consultadas, tienen previsto examinar todas las ayudas otorgadas en ese periodo en las ocho provincias andaluzas. En total, 3.700 millones de euros en fondos públicos del programa 32.D por los que la Comisión Europea ya ha pedido explicaciones.

Segunda parte

La segunda parte de esta investigación tocará más de lleno a la provincia de Granada y de momento se estrenó el pasado 8 de julio con la detención de cuatro empresarios granadinos y nueve más en Málaga. Los investigadores pasaron en Granada más de una semana y han tomado declaración a un buen número de alumnos vinculados con las acciones formativas, dirigidas siempre a desempleados.

Entre las empresas investigadas hay algunas que mantenían deudas con la Seguridad Social y pese a ello eran beneficiadas con dinero de los fondos europeos para impartir cursos: la ley impide que estas sociedades reciban fondos económicos mientras no salven esta situación con las arcas de la Administración. Otras incumplían con el requisito de contratar a los alumnos para hoteles o restaurantes u otro tipo de empresas pese al compromiso firmado con la Administración para que una vez terminada la formación, estos alumnos se incorporaran al mercado laboral. También las hay que se disolvían poco después de recibir la subvención para estas acciones formativas o las que recibían una ingente cantidad de dinero y apenas figuraban con uno o dos trabajadores.

La segunda fase de la operación Edu ha puesto la lupa sobre Granada y a partir de ahora el número de personas imputadas o detenidas, así como de entidades investigadas en esta provincia crecerá conforme pasen los meses. Si bien es cierto que no se esperan grandes sobresaltos durante el presente mes de agosto, no lo es menos que setiembre puede llegar repleto de novedades en este caso que amplía sus tentáculos a casi todas las provincias andaluzas.