Procesan a la productora de 'Sálvame', el paparazzi Gustavo González y a un policía por espiar a 182 famosos

En un auto de 14 páginas, el juez ha concluido que Fernández Hita accedió a datos reservados de, al menos, 182 personas. Entre ellos, artistas como Isabel Pantoja, Kiko Rivera, Francisco González, Omar Montes o Àlex Casademunt; personajes públicos como Belén Esteban, Ángel Garó, Aída Nízar, Yvonne Reyes o Aramís Fuster; deportistas como Arantxa Sánchez Vicario, Miguel Torres y Alfredo Di Stefano; o concursantes de programas como Gran Hermano. El magistrado ha propuesto también sentar en el banquillo a Mediaset como responsable civil subsidiario.

Fue la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía Nacional quien puso en conocimiento del juzgado que Sálvame estaba ofreciendo en directo datos confidenciales recogidos en atestados policiales. Las primeras indagaciones llevaron entonces hasta Ángel Jesús Fernández Hita, un agente destinado en la Brigada Móvil de la Comisaría de Seguridad Ciudadana de Madrid y que ya está jubilado. Según el sumario, desde 2009 y hasta 2018, este se aprovechó de su puesto para entrar en dos bases de datos policiales (Argos y Sidenpol) y acceder a la información reservada de famosos -como antecedentes, números de matrículas o direcciones de domicilios- y se la facilitaba después a colaboradores del programa de televisión, con quienes tenía una amistad previa.

Según el auto, Fernández Hita proporcionó esos datos al paparazzi Gustavo González y a la periodista Mila Ximénez, fallecida en 2021. En esa línea, el juez insiste en que el «contacto» entre González y el policía era «semanal»; y añade que el colaborador de Sálvame solicitó al funcionario abundante información sensible sobre la intimidad incluso de menores y que le pagó algunas comidas en restaurantes cercanos a la sede de Mediaset (Telecinco).

El juez considera que la dirección del programa «promovía la búsqueda de la información personal e íntima reservada», y era la que elegía la «información a usar». A su vez, el magistrado señala que Gustavo González ofreció esa información «ilícitamente obtenida a las revistas Cuore y Rumore, que no conocían el origen de la fuente», a cambio de su enriquecimiento personal. Las nóminas mensuales pagadas por Sálvame a su colaborador oscilaron entre los 4.000 y los 18.000 euros.

La defensa de la Fábrica de la Tele ha asegurado en fase de instrucción que «ningún director o redactor del programa 'Sálvame' ha tenido nunca ninguna relación con el policía investigado» y que, en caso de apreciarse indicios delictivos, la responsabilidad es de Gustavo González y del agente Fernández Hita y que a ellos les ampara el derecho a la libertad de información.

Sin embargo, el juez no comparte esa opinión y considera que existen indicios para juzgar a la productora y a su exdirector por delitos continuados de revelación de secretos, penado con hasta tres años de cárcel y multa. Sobre David Valldeperas, concluye que de las conversaciones intervenidas con Gustavo González «puede inferirse» que tuvo conocimiento de la cualidad de la fuente del programa.

El instructor, eso sí, archiva la causa contra Alberto Díaz, exdirector del programa, y algunos antiguos trabajadores de Sálvame por «no constar de manera clara que conocieran el origen de la información obtenida·. El proceso tampoco sigue contra Óscar Cornejo y Adrián Madrid, que estuvieron imputados como directores y dueños de La Fábrica de la Tele, que fue adquirida en su totalidad por Mediaset. Contra esta resolución del juez instructor cabe recurso de las partes ante la Audiencia Provincial de Madrid, que deberá analizar el auto de procesamiento para su confirmación.