El PSOE aboga por «seguir devolviendo la dignidad a las familias represaliadas durante la Guerra Civil y la dictadura»

«No nos hemos olvidado de los casi 11.300 hombres y mujeres que en nuestra provincia siguen desaparecidos, a la espera de reconocimiento y reparación», ha apuntado para detallar que «sólo se han dignificado 17 de las 110 fosas comunes que están documentadas y de las que solo se han exhumado 14, quedando un 85% por dar digna sepultura y cerrar el duelo de las familias».

En un acto organizado en el barranco del Carrizal de Órgiva en homenaje a las víctimas en el que también han participado el candidato al Congreso José Antonio Montilla, la secretaria general del PSOE de Órgiva, María Ángeles Blanco, e Iluminada Jiménez, en representación de la Asociación Granadina para la Recuperación de la Memoria, el dirigente provincial ha advertido de que esas cifras evidencian que «queda mucho trabajo por delante», por lo que ha planteado como una necesidad el «reforzar los valores que sustentan nuestra democracia».

«Hablar de memoria histórica y democrática es hablar de presente y de futuro. De democracia, de valores y reconocimiento a quienes dieron su vida en defensa de la libertad y de los que tuvieron que exiliarse», ha indicado.

En ese contexto, Entrena ha dicho que mientras el PSOE es «sinónimo de progreso, de justicia y reparación», las derechas «arrinconan la Ley de Memoria Histórica, amenazan con derogarla y nos dicen que debemos olvidar, que lo dejemos todo como está, que no reabramos las heridas». «Nos sentimos orgullosos de pertenecer al partido y al Gobierno que ha hecho posible mejorar y consolidar una gran democracia como es la española. Se hace justicia a las víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura. Y en el Valle de los Caídos ya no está el dictador», ha aseverado.

Asimismo, ha indicado que la Ley de Memoria Histórica de 2007 y la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía de 2017, ha sido el marco legal que «nos ha permitido desarrollar acciones como la declaración de Lugares de Memoria Histórica y Democrática, la apertura de fosas y exhumación de cadáveres de víctimas, por deseo de sus familiares, o la retirada de símbolos franquistas de la vía pública».

«Todo esto ha sido posible gracias al respaldo de las políticas socialistas. Por eso, el 10 de noviembre hay que salir a votar. A llenar las urnas de votos de ilusión, esperanza y justicia. El voto al PSOE representa el apoyo a una sociedad mejor, más democrática, más tolerante y más respetuosa», ha dicho.

Con el recuerdo de quienes dieron su vida por lograr ese propósito, ha subrayado, «tenemos que pronunciarnos en las urnas. Decir no a la ultraderecha y a unas derechas que se han echado en los brazos de Vox». «Esta tierra no se merece más retrocesos como estamos viendo en este tiempo no solo en materia de Memoria histórica y democrática, sino también en pilares básicos del Estado del Bienestar como la sanidad o la educación», ha apostillado para animar a la ciudadanía a «salir a votar el 10N y llenar las urnas de votos de ilusión, esperanza y justicia».

Por su parte, el candidato al Congreso de los Diputados José Antonio Montilla ha comentado que la «España democrática ha dado un paso más en la reparación, en la verdad y en la justicia al sacar al dictador del mausoleo en el que estaba enterrado, con el apoyo de los tres poderes del Estado».

«España es más digna y democrática pero tenemos que seguir adelante», ha dicho para enumerar alguno de los puntos que el PSOE plantea en su programa electoral como la reforma de la Ley de Memoria Histórica -conforme a las iniciativas ya impulsadas por el Grupo Parlamentario Socialista-, y el desarrollo de actuaciones de reconocimiento y reparación de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista, declarando el 31 de octubre como día de recuerdo para todas las víctimas del franquismo y el 8 de mayo como el día de reconocimiento a las víctimas del exilio.

Por otro lado, ha aludido a propuestas como continuar con la retirada de simbología franquista de los lugares públicos, la reforma del Código Penal para incluir como delito la apología del franquismo y su exaltación y enaltecimiento en espacios de acceso público, y la retirada de condecoraciones vinculadas a actuaciones durante la dictadura.